De repente no hay que nacionalizar las eléctricas

En estos últimos días hemos escuchado a varios miembros del Gobierno y a algunos supuestos “expertos” que la inaudita subida de un 27% que, en plena ola de frío, ha experimentado la electricidad es solo un problema “coyuntural”. No es verdad, en absoluto. Ese abuso inconcebible responde a un problema estructural, un modelo que ya arrastraba graves deficiencias, como el abultamiento de los impuestos indirectos de la factura, y que apuntaló el Gobierno de Aznar.

El sistema de fijación de precios, mediante subasta alcista, no es solo opaco, sino que está concebido, precisamente, para favorecer la especulación. Cada día las generadoras prevén la demanda de las comercializadoras de energía para la siguiente jornada. La OMIE (el operador de mercado eléctrico designado) escoge las ofertas de más barata a más cara y de ese modo se va cubriendo la demanda. Si hay poca demanda, enseguida se cubre el proceso con las primeras ofertas, las más baratas. No obstante, si hay mucha demanda, como en caso de una ola de frío, no se cubre hasta llegar a las últimas ofertas, las más caras. Y, milagro, el precio más caro que se pague es el que se fija definitivamente. En resumen: la previsión de consumo alto determina al alza el precio de la luz.

Este sistema, por tanto, no deja intervenir al Estado en la regulación de la tarifa. Por el contrario, trata la electricidad como un bien de mercado más, sujeta a las leyes de la especulación, y no como un producto de primera necesidad. El PSOE ha sido cómplice de este sistema incluso en la oposición. Nunca se ha avenido ni siquiera a reducir el IVA de la factura, como demandan las organizaciones de consumidores. Es de entender si tenemos en cuenta cómo las grandes eléctricas han sido una de las principales puertas giratorias, con el caso más representativo de Felipe González en el Consejo de Administración de la antigua Fenosa, hoy Naturgy (la responsable de los 100 días que en la Cañada Real de Madrid llevan sin luz). No en vano, entre esa empresa, Endesa e Iberdrola controlan el 90% del mercado español.

Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, no parece darse por enterada de nada de esto, cuando precisamente el modelo actual, en tanto que alcista, cierra el paso a la energía renovable, mucho más barata.

Pobreza energética

La pobreza energética afecta ya al 15% de la población residente en España, cerca de 7 millones de personas. Según los datos de la agencia europea Eurostat, en 2018 más de un 9% de la población española no podía mantener su casa suficientemente caliente. El decreto que ha aprobado el Gobierno para “consumidores vulnerables” está resultando del todo insuficiente, empezando por la propia ambigüedad de esa categoría y terminando, como es habitual, por una serie de obstáculos burocráticos sin sentido. El Real Decreto ni siquiera ha recogido el llamado “principio de precaución”, según el cual una suministradora nunca podría cortar el gas, la luz o el agua a un hogar si, previa consulta, los Servicios Sociales acreditan la falta de recursos.

Por todo ello resulta comprensible que en 2017, cuando solo era un diputado del Partido Comunista, y no ministro de Consumo, Alberto Garzón afirmara, ante una subida del precio de la luz menor que la de ahora, que “la oligarquía nos mete la mano en el bolsillo y el Gobierno no actúa. ¡Hay que nacionalizar!”. En términos parecidos se expresaba el mismo año Pablo Iglesias, hoy uno de los vicepresidentes del Gobierno: “Disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo consiente, será cómplice”.

Es una pena que en esta ocasión nos hayamos enterado de que simplemente “hemos pedido a las CNMC que investigue si ha habido irregularidades en el mercado”, como ha expresado en Twitter el ministro Garzón. Menos mal que ha añadido: “Estamos buscando soluciones definitivas para una tarifa regulada que proteja especialmente a las familias más vulnerables”. Donde antes se hablaba de gobiernos cómplices y de nacionalizar ahora nos hemos quedado con buscar, para un futuro indeterminado, alguna tarifa regulada. No sé ustedes, pero yo me he quedado helado.

En estos últimos días hemos escuchado a varios miembros del Gobierno y a algunos supuestos “expertos” que la inaudita subida de un 27% que, en plena ola de frío, ha experimentado la electricidad es solo un problema “coyuntural”. No es verdad, en absoluto. Ese abuso inconcebible responde a un problema estructural, un modelo que ya arrastraba graves deficiencias, como el abultamiento de los impuestos indirectos de la factura, y que apuntaló el Gobierno de Aznar.

El sistema de fijación de precios, mediante subasta alcista, no es solo opaco, sino que está concebido, precisamente, para favorecer la especulación. Cada día las generadoras prevén la demanda de las comercializadoras de energía para la siguiente jornada. La OMIE (el operador de mercado eléctrico designado) escoge las ofertas de más barata a más cara y de ese modo se va cubriendo la demanda. Si hay poca demanda, enseguida se cubre el proceso con las primeras ofertas, las más baratas. No obstante, si hay mucha demanda, como en caso de una ola de frío, no se cubre hasta llegar a las últimas ofertas, las más caras. Y, milagro, el precio más caro que se pague es el que se fija definitivamente. En resumen: la previsión de consumo alto determina al alza el precio de la luz.