Los años 80 fueron el comienzo de un grave expolio que dura hasta nuestros días: el robo de agua en Doñana, uno de los espacios protegidos más importantes y famosos de la Península Ibérica. La organización ecologista WWF ha analizado en un informe las principales amenazas de este entorno natural privilegiado donde especies únicas encuentran su hábitat.
Como los grupos verdes vienen denunciando desde hace años, el principal problema de Doñana no es el proyecto del gaseoducto, ni el lince, ni tan siquiera los incendios forestales, como el que arrasó parte del espacio natural hace cuatro años. El gran problema de Doñana sigue siendo que se muere, literal y agónicamente, de sed.
Al norte del parque, en la llamada corona forestal de Doñana, proliferan los cultivos de fresas, otros frutos rojos, arroz y algodón. Según datos de la Junta de Andalucía, hay 1.000 pozos irregulares que se extienden a lo largo de 1.653 hectáreas de cultivos ilegales.
Este uso ilegal de los recursos tiene un impacto casi inmediato en el ecosistema, hasta el extremo de dejar secas las lagunas del espacio natural. “El descenso del nivel freático está teniendo consecuencias en la red de lagunas del Espacio Natural: desaparecen las temporales, hay pérdida de biodiversidad asociada a estos humedales protegidos a nivel europeo (gallipatos, libélulas, galápagos, anfibios, etc.), se reducen los servicios ambientales y aumentan las especies vegetales con menos requerimientos hídricos. A todo ello se le suman las consecuencias socioeconómicas: la competencia desleal de los ilegales frente a los regantes legales”, enumeran los ecologistas.
La situación es tan extrema que el Tribunal de Justicia Europeo ha obligado a España, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), a declarar la sobreexplotación del acuífero, trámite que se encuentra actualmente en proceso. Tres de las cinco masas de agua bajo Doñana se declararán “en riesgo”: La Rocina, Almonte y Marismas.
Juan José Carmona, coordinador de la oficina de Doñana de WWF, incide en que “el mayor problema es que la situación se está agravando, porque hasta que no hemos estado al borde del precipicio -una multa por parte de la Unión Europea- no se ha hecho nada”.
“Hay que parar la idea de que pueden seguir aumentando los regadíos”
Por esa razón, insiste en que “lo principal es parar, de una vez por todas, la idea de que pueden seguir aumentando los regadíos. Los datos de la CHG, la Junta de Andalucía y los científicos nos lo están diciendo: en este momento no hay agua. No se puede seguir creciendo, pero desde ámbitos políticos se está aumentando la burbuja del regadío, igual que se fomentó en su día la burbuja del ladrillo. Es una manera más de especular con el terreno”.
A pesar de los esfuerzos recientes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para cerrar numerosos pozos durante el año pasado, el robo del agua en la Cabecera de la Rocina, o en la zona regable de los Hatos, entre otras, sigue siendo un cáncer para el acuífero de Doñana.
De este modo, la organización ecologista insiste en que para que sea eficaz el cierre de pozos ilegales que está llevando a cabo la a Confederación, “esta medida debe ir acompañada de una aplicación estricta del Plan de la Corona Forestal, aprobado por el Gobierno de Andalucía en 2014, con actuaciones en las fincas que deben ser clausuradas, responsabilidad que la Junta de Andalucía elude sistemáticamente”.
Los otros problemas de Doñana
Vertederos ilegales, minas, riesgo de incendios forestales, contaminación y sobreexplotación pesquera completan el puzzle de amenazas que atenazan un espacio protegido clave no solo para las aves migratorias, las especies en peligro de extinción, sino también para una población local que depende de una explotación responsable para asegurar su futuro.
Sin embargo, no todo es negativo. WWF recuerda que, a pesar de todos estos retrocesos, “durante el último año y medio, dos sentencias judiciales han supuesto un avance en su protección. En julio de 2019, el Tribunal Supremo tumbó el proyecto de Dragado y en enero de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da carpetazo al proyecto Marismas Oriental de Naturgy de almacenamiento subterráneo de gas natural”.