Es inaceptable que se pongan plazos y límites al derecho a la vivienda digna

El pasado 22 de diciembre, el Gobierno aprobó el decreto antidesahucios, tan esperado y reclamado por activistas y colectivos de la sociedad civil. ¿Qué va a suponer este nuevo decreto? Pues que antes de ejecutar un lanzamiento, los juzgados deberán requerir de los Servicios Sociales un informe previo si las personas desahuciadas alegan estar en vulnerabilidad social. Además, las comunidades autónomas estarán obligadas a garantizar una alternativa habitacional, sin la cual no podrá realizarse el desalojo. Pero es inaceptable que el derecho a la vivienda digna tenga fecha de caducidad: termina el 9 de mayo 2021, con la finalización del actual estado de alarma.

En primer lugar, nos gustaría destacar que este decreto es, por encima de todo, una victoria de los movimientos sociales de vivienda y derechos humanos que luchamos desde hace muchos años porque se cumpla el derecho a una vivienda digna: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Stop Desahucios, PIVE (Puntos de Información y Encuentro por la Vivienda), colectivos de derechos humanos, etc. que hemos estado en la calle parando los desahucios, denunciándolos ante los medios, presionando a las administraciones públicas, combatiendo la desinformación interesada que asimila a refugiarse en una vivienda desocupada especulativamente con hechos delictivos perpetrados en domicilios familiares.

Pero, al mismo tiempo que celebramos esta victoria, en APDHA mostramos cautela y esperamos que su cumplimiento sea efectivo. ¿Por qué decimos esto?

En Andalucía se firmó, en marzo de 2016, un convenio de colaboración entre el Poder Judicial, la Junta de Andalucía y la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias) por la que se establecía el compromiso de notificar a los servicios sociales competentes los lanzamientos por falta de pago de alquiler o hipotecas de vivienda habitual. Y la realidad es que todo se redujo –cuando tenía lugar la comunicación- al intento de los servicios sociales de buscar alternativas que solían terminar habitualmente en unos días pagados de alojamiento en un hostal. Después de esos días, las familias se veían abandonadas a su suerte, por la carencia de viviendas sociales para atender estas situaciones extremas.

Ante esto, destacamos como un paso positivo que el decreto indique que:

Deberá tratarse de una vivienda digna, por lo que no podrán realojar, por ejemplo, en albergues o centros de acogida. Aunque ignoramos como darán cumplimiento a ello; de continuo AVRA y las empresas de vivienda municipales alegan no disponer de viviendas para atender necesidades sociales.

También que se incluya como afectadas a familias consideradas “en precario”, popularmente conocidas como ocupas, aunque sólo a las extremadamente vulnerables. 

En el caso de inquilinos con contrato de alquiler que no pueden hacer frente a la renta, se prohíben los desalojos si existe situación de vulnerabilidad de la persona arrendataria y no genera una situación de vulnerabilidad a la persona arrendadora, cuestiones que deberán valorar los juzgados antes de pronunciarse.

Incluya la prohibición de cortar suministros básicos a consumidores vulnerables, aunque el bono social y otras medidas municipales en buena medida ya lo disponían.

España lleva años siendo denunciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversos organismos internacionales por su política de vivienda. El poder de bancos, fondos buitre y otros grandes tenedores de viviendas ha impuesto su ley; la que establece que sus intereses valen más que los derechos de las personas. Se impide así el acceso a un hogar a miles de familias, pese a existir, en medio de la pandemia, cerca 3,5 millones de viviendas vacías. Así, en el tercer trimestre de 2020, en Andalucía - pese a albergar a 11 de los 15 barrios más pobres de España, con el 13% de las familias con todos sus miembros en paro y al reconocido fracaso del Impuesto Mínimo Vital (IMV) y de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (REMISA) - , se ejecutaron 1.168 lanzamientos: ¡13 lanzamientos diarios! 

Las comunidades autónomas tendrán un plazo máximo de tres meses desde la paralización del lanzamiento para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad, estando obligadas a indemnizar a la persona propietaria de prolongarse la situación si las viviendas no se encontraban anteriormente sin uso habitacional. No entendemos la concesión que el Gobierno hace a los grandes propietarios, incluyéndolos entre los indemnizados por la suspensión de los lanzamientos. Ya salieron muy beneficiados con el rescate bancario de la crisis del 2008, dinero que nunca devolvieron. Y es vergonzoso que se ayude a las personas ricas a la vez que se desestiman miles de solicitudes de ayudas -IMV, REMISA- a familias empobrecidas. 

Y después de estos meses de carencia de lanzamientos durante el estado de alarma, ¿qué? Es inaceptable que se sigan poniendo plazos y límites al derecho a una vivienda digna. Exigimos que el Gobierno ponga en marcha una nueva Ley de Vivienda de ámbito estatal que proteja debidamente a las familias más vulnerables, estableciendo: 

Aplicación real y permanente de “cero desahucios” sin alternativa habitacional digna. El Estado compensará económicamente por la no ejecución de los lanzamientos exclusivamente a los pequeños propietarios no especulativos.

Parque público de vivienda social en alquiler.

Movilización del fondo de viviendas vacías en mano de la banca y grandes tenedores, en particular las de Bankia y la Sareb, rescatadas con dinero público.

Visto el fracaso de las soluciones sustentadas en ayudas sociales condicionadas, que se aplique el mecanismo más sencillo, económico y eficaz de implementar: la Renta Básica Universal e Incondicional.

Recuperación de los servicios públicos privatizados.

Financiación a través de impuestos crecientes a los beneficios y grandes fortunas, bancos y fondos especulativos. 

La solución es política y depende de la voluntad política de quien gobierne. Por sus actos serán juzgados.