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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.

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El paso (atrás) de El Tarajal II para las porteadoras

El paso (atrás) de El Tarajal II para las porteadoras

Ana Rosado y Cristina Serván, del equipo Frontera Sur de APDHA

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La apertura titubeante de El Tarajal II, con pasos adelante y atrás, con normas contradictorias, con cierres y aperturas indiscriminadas, está creando una grave situación para las personas que portan mercancías en la frontera de Ceuta. Las avalanchas se suceden a diario, los malos tratos y las condiciones inhumanas de trabajo son la moneda corriente en la frontera de Ceuta en la que las violaciones de derechos humanos se incrementan y perpetúan.

Tras la muerte de una porteadora en una de estas avalanchas, un equipo de la APDHA nos desplazamos, el pasado 27 de marzo, al polígono el Tarajal en Ceuta.

Esta visita se desarrolló con varios objetivos: atender la solicitud de varios empresarios del polígono de reunirse con la APDHA, conocer de primera mano la situación del polígono tras la apertura del paso de El Tarajal II y verificar la situación general hasta donde se nos permitiese el acceso, además de nuestro objetivo principal y permanente; conocer las condiciones en las que se está desarrollando la actividad del porteo de mercancías tras la publicación de nuestro informe.

Destacamos que, una semana antes, la Delegación del Gobierno de Ceuta nos prohibió expresamente acceder a la frontera, responsabilizándonos de posibles avalanchas o altercados entre personas que realizan los portes por nuestra presencia.

A pesar de la imposibilidad de conseguir la autorización y consentimiento para el desarrollo de una visita oficial de comprobación, nuestra labor de investigación y seguimiento continúa realizándose. Nuestras visitas al polígono y sus proximidades se vienen realizando desde años anteriores y son muy relevantes para conocer de primera mano la situación.

En esta ocasión, son los propios empresarios los que nos instan a reunirnos y a acompañarnos en el recorrido del recinto, ya que la Delegación del Gobierno no está dispuesta a atender nuestra solicitud. De esta manera, podríamos observar de forma oficial si la gestión del paso fronterizo es positiva, tal y como recogíamos en una de las medidas de nuestro decálogo de propuestas.

En opinión de los empresarios, la situación de las personas que realizan los portes de los “bultos” no ha mejorado con la apertura de El Tarajal II. Declaran que la visibilidad que está teniendo la situación del polígono en los medios de comunicación y la labor de las organizaciones de defensa de DDHH está provocando que, desde Delegación del Gobierno, se les estén formulando propuestas que no solo no mejoran el tránsito de personas que realizan la labor de porteo, sino que, según su opinión, afectan a los comerciantes que poseen un punto de venta directa en el polígono.

Para describir esta situación, nos muestran cómo la primera fase del polígono El Tarajal está abarrotada de personas que portan los bultos durante la mañana y destacan que la práctica totalidad de la mercancía que portan estas personas no procede de los establecimientos de venta al por mayor para los que está planteado el polígono. Esto provoca una restricción -intensificada desde hace 4 años- del acceso a las naves de venta al por mayor que, poco a poco, han ido cerrando sus negocios…

Las naves de consigna

Los bultos que portan estas personas, que tienen acceso de forma prioritaria por el paso Tarajal II, son los correspondientes a las naves de consigna. Estas naves son alquiladas por unos dos mil euros mensuales por personas o empresas que no tienen actividad comercial directa en el polígono. La mercancía llega al puerto de Ceuta y es trasladada, en ocasiones en motocicletas, a estas naves de consigna para ser transformadas en los fardos que se montan en el mismo polígono o bien en el barrio de El Príncipe.

De las naves de consigna salen los bultos cada mañana sobre las espaldas de las personas que portan la mercancía, en su mayoría mujeres. Los empresarios manifiestan quejas sobre las dificultades que viven las personas que acuden al polígono para comprar directamente en los establecimientos, ya que a estas no se les permite pasar por el paso de El Tarajal II y se las deriva al paso Tarajal I, aumentando no solo la distancia a recorrer, sino también la desorganización y la arbitrariedad en el polígono.

Entre las preocupaciones de los empresarios está el tener que asumir la propuesta de Delegación del Gobierno en la elaboración de un plan de emergencia y seguridad para el Polígono Tarajal. Lo consideran injusto porque denuncian que el 95% de la carga que sale del polígono procede precisamente de las naves de consigna y no tiene que ver con sus potenciales beneficios.

A la APDHA nos resulta llamativa la incoherencia que supone responder a una situación cotidiana de paso de mercancías con una planificación de “emergencia y seguridad” específica para un fenómeno de frontera y nos preguntamos: ¿Se está asumiendo de esta forma que la situación del polígono es de emergencia constante? ¿Qué está provocando esta emergencia constante, según la Delegación del Gobierno? Más llamativo aún es que se pretenda derivar la competencia institucional en una responsabilidad privada. ¿Es comparable la situación del polígono El Tarajal con la de cualquier otro polígono de la península? ¿La existencia de un paso fronterizo no es una característica singular en un polígono industrial que debiera ser asumida por la Delegación del Gobierno?

Nos preocupa la certeza de que la respuesta a estas preguntas no anteponga los derechos humanos de las personas que transitan los pasos fronterizos. Más inaceptable resulta que para las instituciones de Gobierno los únicos parámetros a tener en cuenta sean garantizar los beneficios de las salidas masivas de mercancías y la evasión de competencias en materia de derechos humanos, perpetuando las inhumanas condiciones en que las que se desarrolla el porteo y las violaciones de la dignidad y los derechos de las personas que lo realizan.

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