Vamos a contar mentiras
El derecho a la libertad de expresión, así como a comunicar o recibir libremente información veraz, es uno de los pilares en que se asienta nuestro estado de derecho, hasta el punto de que podemos aseverar que sin libertad de expresión y sin derecho a información veraz la democracia entra en zona de riesgo. Pero la vida política en España lleva ya varios años deslizándose por una pendiente cada vez más peligrosa, gracias a la proliferación de actitudes y comportamientos de algunos responsables públicos que entrañan la negación sistemática de ambos derechos. Se podría decir, tristemente, que nos están acostumbrando a escuchar amenazas dirigidas contra periodistas o comentaristas, hasta el punto de que en algún caso ha dado lugar a la renuncia de un profesional en un programa de gran audiencia de radio, por ejemplo. Del mismo modo, se ha ido normalizando en amplios sectores de población el uso de la mentira como arma para desprestigiar y deslegitimar al adversario político, en ocasiones con el concurso de jueces y medios de comunicación.
En apenas 48 horas, el líder del primer partido de la oposición española ha dado dos ejemplos de un tipo de comportamiento que debería de ser erradicado para siempre de la vida política en nuestro país: mentir y engañar conscientemente a la ciudadanía. No me refiero a una promesa incumplida, ni a una verdad a medias, ni a un error de interpretación, sino a una mentira presentada como verdad, a una falsedad expresada como un hecho.
El primer ejemplo ha sido la explicación del voto contrario del PP a la subida de las pensiones en el denominado “Decreto Ley ómnibus”, justificando dicho voto en una supuesta vía libre para la okupación, ocultando que el decreto rechazado sólo permite suspender desahucios cuando la propiedad pertenece a grandes propietarios; ni barra libre ni ataque a la pequeña propiedad. Es falso, simplemente. Se miente y se agita el fantasma de los okupas para asustar a la gente y manipularla. Pero, además, se hurta a la opinión pública el dato incontestable de que hace un año el PP acabó votando la convalidación de ese mismo Decreto Ley con el mismo texto: ¿por qué hace un año se votó a favor y ahora no? Por último, se oculta también la posibilidad de haber solicitado la tramitación del decreto como proyecto de ley para poderle introducir las enmiendas que hubieran querido, pero no lo han hecho: ¿por qué?
El PP bajo el Gobierno de Aznar llevó a cabo tres procesos de regularización de inmigrantes exactamente con el mismo procedimiento que el de Pedro Sánchez. ¿Con Aznar sí, pero con Sánchez no? Ahora dicen que tiene que ser caso a caso, individualmente, y no “al peso”, cuando eso necesariamente ha de ser así de acuerdo con la Ley de extranjería
El segundo ejemplo es, si cabe, más revelador aún del grado de mendacidad que padece nuestra derecha. Me refiero al anuncio de una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación irregular, de acuerdo con las previsiones de la Ley de extranjería. Inmediatamente el PP se ha sumado una vez más al discurso del miedo y la xenofobia de la extrema derecha, llegando a acusar al Gobierno de pretender aumentar el censo con el fin de ganar el voto de las personas inmigrantes o asiladas que se puedan beneficiar de ese proceso de regularización. El PP sabe perfectamente que eso no es posible, dado que quien vea regularizada su situación y obtenga un permiso de residencia no podrá votar ni en las elecciones municipales – sólo tras un plazo de cinco años y cuando provengan de países con acuerdo de reciprocidad – ni en las autonómicas y generales para lo que se requiere obtener la nacionalidad. Es mentira, y lo saben, pero les preocupa más no perder la cara ante el electorado de la extrema derecha.
En este caso, además, las falsedades son aún mayores, dado que el PP bajo el Gobierno de Aznar llevó a cabo tres procesos de regularización de inmigrantes exactamente con el mismo procedimiento que el de Pedro Sánchez. ¿Con Aznar sí, pero con Sánchez no? Ahora dicen que tiene que ser caso a caso, individualmente, y no “al peso”, cuando eso necesariamente ha de ser así de acuerdo con la Ley de extranjería. Han llegado incluso a anunciar posibles medidas judiciales para frenar el proceso, para lo cual, supongo, pensarán contar con alguna ayuda del poder judicial, como de costumbre.
Quienes obtengan el permiso de residencia gracias a este proceso podrán tener un permiso de trabajo, alcanzar unas condiciones laborales dignas, cotizar y ejercer sus derechos a la educación, la sanidad y las prestaciones sociales que la legislación les reconoce: es decir, vivir sin miedo, como personas dignas. De hecho, en Andalucía, las organizaciones agrarias han valorado positivamente la regularización, porque ello permitirá normalizar la situación de muchas decenas de miles de personas trabajadoras en el campo andaluz.
En los dos casos no importan ni la verdad, ni los principios ni los derechos de seres humanos, solo importa mentir mientras pueda servir para deslegitimar al Gobierno, mientras pueda ser útil para su estrategia electoral. En esas estamos, una vez más.