Llevamos una década de continuos recortes en el presupuesto de la Sanidad Pública andaluza (10.000 millones de € desde 2010 a 2020). Los efectos de estos recortes son historia conocida. Se trataba de hacer el trabajo con alrededor de mil millones de euros anuales menos. Lo primero que hicieron los políticos y los “responsables sanitarios” fue negarlo y seguir como si tal cosa. Así, con menos recursos se proponían nuevas funciones asistenciales necesitadas por la población, ejercidas por ratios deficientes de trabajadores sanitarios. El siguiente paso fue convertir a un alto porcentaje del personal sanitario en eventuales y precarios. La conclusión obligada fue el deterioro progresivo de la Sanidad Pública.
Otra decisión política, obligada por la falta de recursos económicos, fue la de no sustituir a los profesionales en caso de fallecimiento, jubilaciones, bajas laborales prolongadas o de vacaciones reglamentarias. Hemos llegado a lo que denominamos “vacaciones sanitarias”, en las que, sobre todo en períodos veraniegos, se cerraban centros, plantas, se ralentizaba el trabajo, aumentando consecuentemente las listas de espera. Conclusión: más deterioro progresivo.
Para evitar protestas de los sanitarios fue creada una “herramienta” organizativa del personal llamada “Unidades de Gestión Clínica” que, presentada inicialmente como una fórmula participativa de los profesionales en cada centro y servicio, incluso teniendo en cuenta la opinión y demandas de la ciudadanía, fue convertida en la realidad cotidiana en un instrumento para generalizar prácticas clínicas economicistas, con un sistema de pagos de productividad al personal según los niveles de contención del gasto en recetas, derivaciones a los especialistas o en las bajas laborales. Teniendo en cuenta la precariedad laboral antes mencionada, este instrumento de gestión sanitaria fue en muchos casos un mecanismo de coerción contra los profesionales. En síntesis, más deterioro aún. No podemos ignorar que el deterioro previo es el requisito imprescindible para presentar la privatización del sistema como alternativa “inevitable”.
Desde la llegada del nuevo Gobierno andaluz (PP-Cs + VOX) muchos de los cargos directivos anteriores han sido sustituidos por personas relacionadas con el sector de la medicina privada; además se emiten normas para compatibilizar sus cargos en la Sanidad Pública con la posibilidad de ejercerlos también en centros de medicina privada. Son formas de continuar con las mismas políticas e introducir las formas de la dirección privada en la Sanidad Pública. Asimismo se reducen más los presupuestos públicos (reducción de impuestos a las rentas altas), sin tener en cuenta que en todo este tiempo ha aumentado el número de andaluces y su nivel de envejecimiento, y que el desgaste natural obliga a reponer infraestructuras y asimilar las mejoras aportadas por el progreso de la ciencia médica. Así, teniendo en cuenta los cambios de IPC correspondientes, los presupuestos para el SAS del nuevo Gobierno andaluz apenas sí alcanzan el nivel de 2009. Esto es: estos presupuestos no reponen las partidas recortadas, ni abordan los crecimientos y exigencias necesarias acumuladas a lo largo de los años. Esto significa continuar con los recortes.
Se puede decir que la primera ola era impredecible. Pero no ocurre así en la segunda y en la tercera olas; era previsible que “salvar el verano” y “las navidades” conduciría a lo que después ocurrió. ¿Se programaron recursos sanitarios? No.
En ese contexto aparece la pandemia por coronavirus que estamos sufriendo actualmente. Se puede decir que la primera ola era impredecible. Pero no ocurre así en la segunda y en la tercera olas, ya que era previsible que “salvar el verano” y “salvar las navidades” conduciría a lo que después ocurrió. ¿Se programaron los recursos sanitarios que se requerían para abordar el caos previsible? No. A pesar de que tras la primera ola se hizo meridianamente clara la necesidad de reforzar la Sanidad Pública deteriorada por los recortes. Las sucesivas olas de la pandemia se abordaron con medios insuficientes (Andalucía es la CCAA con menos rastreadores y PCR por habitante) y mediante decisiones precipitadas e improvisadas, actuando ante las realidades dramáticas sólo cuando aparecieron. Todo ello a costa del enorme sacrificio de los trabajadores sanitarios. En este punto es necesario mostrar nuestro sincero homenaje a las personas que, jugándose literalmente su salud y su vida, consiguen que el sistema no quiebre del todo, a base de pundonor y sobreesfuerzo.
En el seno de esta situación de acuciante necesidad motivada por la pandemia, hay un dato en el que hay que detenerse especialmente: el Ggobierno central deriva al Gobierno andaluz una partida de aproximadamente 1000 M de € para afrontar los gastos sanitarios debidos a la misma. Los primeros 600 millones, recibidos en junio (tras la primera ola), tenían como finalidad prioritaria las tareas destinadas a prevenir una segunda ola. Principalmente reforzar la Atención Primaria y disponer de recursos suficientes para poner en marcha un rastreo que permitiera localizar los posibles focos de contagio lo más precozmente posible. Sin embargo, la realidad constató que no se reforzaron los servicios de Atención Primaria ni se contrataron los rastreadores necesarios. Todo recayó en unos Centros de Salud, en fase de agotamiento, sobresaturación y falta de personal. Y llegaron evidentemente la segunda y la tercera ola. Pues bien, el Gobierno andaluz no ha revelado aún en qué ha empleado estos fondos, a pesar de que organizaciones sociales (Marea Blanca) hace meses solicitó por escrito esta información al Gobierno y a los grupos parlamentarios andaluces.
¿Las situaciones que vivimos ahora ante las masivas vacunaciones han sido imprevisibles? No, todo lo contrario. Se conocían todas las circunstancias que requería el tratar de comprar, transportar, almacenar, distribuir y vacunar a toda la población andaluza. Otro ejemplo de gestionar el caos (jeringuillas inútiles). Lo estamos padeciendo en este caso en directo. Nuevamente los trabajadores son víctimas de esta forma de trabajar y la ciudadanía sufre las consecuencias.
Curiosamente y a pesar de la pandemia, el aumento progresivo de las privatizaciones en Andalucía es un hecho que, basándonos en datos oficiales, no sólo no se ha detenido, sino que se ha acelerado en este periodo. El número de personas que han contratado un seguro sanitario “complementario” ha crecido de forma extraordinaria. El aumento de nuevos hospitales, clínicas y consultas privadas es notable. Las listas de espera sanitarias son escandalosas y serán mucho más grandes cuando logremos frenar la pandemia. La Atención Primaria está saturada. ¿Están preocupados nuestros políticos sanitarios con estas tendencias? No parece. Más bien al contrario. Estas son las decisiones políticas que han tomado a lo largo de este verano:
1) Los médicos que trabajaban exclusivamente en la sanidad pública recibían un complemento por “exclusividad”. En estos momentos, todos los médicos de la sanidad pública andaluza lo reciben, incluidos aquellos que trabajan además en la medicina privada. Es un claro incentivo a trabajar en la privada, que representa un balón de oxígeno para un sector en expansión y mal pagador. Esta iniciativa cuesta 33 millones de € al año que, en lugar de contratar a nuevos profesionales públicos, se están dedicando a este menester.
2) Se han suspendido las subastas de medicamentos mediante la cual los médicos no podían recetar marcas comerciales sino el genérico que dicha subasta conseguía. Esta medida suponía 200 millones de € de ahorro anuales que ahora habrá que pagar a las multinacionales.
3) Se aprueba emplear 135 millones de euros para conciertos con entidades privadas para “paliar” (no acabar) con las listas de espera en 2020 y el Gobierno declara que se dispone de una “hucha” de 450 M de € (adicionales a los aproximadamente 470 millones de € que anualmente se vienen destinando a conciertos con centros de medicina privada) para ampliar estos conciertos en 2021.
4) La patología de 270.000 gaditanos es derivada preferencialmente a centros de medicina privada Pascual, empresa concertada a la que además se le paga con dinero público la farmacia y por trabajos no realizados. Este hecho se suma a otras fórmulas privatizadoras que ya vienen funcionando con otros centros concertados, como el Hospital Comarcal del Aljarafe de la Orden de San Juan de Dios, que atiende a 28 municipios y 277.000 habitantes, y que se encuentra en una permanente situación de tensión e inestabilidad laboral que ha sido denunciada por los sindicatos de dicho Hospital.
Con todos, los fondos económicos mencionados e inconvenientemente usados se hace obvio pensar que no reforzar la Sanidad Pública como sería necesario es una mera decisión política.
En las altas instancias políticas, el análisis de los acontecimientos no es más tranquilizador. La Comisión para la Reconstrucción del Sistema Sanitario Público creada tras la primera ola está constituida mayoritariamente por representantes de las multinacionales privadas y la representación de Organizaciones en defensa de la Sanidad Pública es mínima. El último día del año 2020 la Unión Europea aprueba un Plan de Recuperación, mediante el cual, se legalizará la presencia definitiva de los intereses privados en los sectores públicos. Un informe actual del Corporate Europe Observatory evidencia que el sector sanitario privado está drenando la financiación pública, lo que está teniendo un claro impacto en las dificultades que sufre la Sanidad Pública de los países europeos para financiarse y controlar la pandemia.
Se está usando la pandemia para aumentar el deterioro de la Sanidad Pública y beneficiar los intereses de la las empresas y corporaciones sanitarias privadas
Por todo ello tenemos que concluir que se está usando la pandemia para aumentar el deterioro de la Sanidad Pública y beneficiar los intereses de la las empresas y corporaciones sanitarias privadas. El escenario que estamos describiendo con datos oficiales es el soñado por los Consejos de Dirección de estas empresas. Tras la pandemia, la ingente bolsa de patologías no coronavirus que se habrá acumulado “obligará” a la presencia (quizás definitiva) del sector privado en la gestión de la Sanidad Pública, y sus bien conocidas insuficiencias y sobrecostes.
Es bien cierto que para sectores restringidos de la población esta situación será incluso beneficiosa con respecto a la actual. Aquellos que puedan complementar la Sanidad Pública deteriorada con un “buen” y costoso seguro privado no tendrán problemas asistenciales. Otra cuestión será la Salud Pública y la Atención Comunitaria de la que nadie se encargará. Pero, ¿qué ocurrirá con los mayoritarios sectores de andaluces de las clases medias y las menos favorecidas que no pueden abordar los caros seguros privados fiables, y los sectores que están en la máxima precariedad, paro laboral inevitable e indigencia social? Pues que tendrán otro tipo de atención sanitaria, más deteriorada y parecida a la antigua Beneficencia. Los que la conocimos sabemos de sus consecuencias.
Por ese motivo, nosotros seguimos defendiendo que el Sistema Sanitario Público ha de ser universal, gratuito en el acceso, solidario, equitativo, financiado en base a los impuestos (la población es la propietaria), gestionado y mantenido por una Sanidad Pública eficiente, integral (no hay patologías caras o baratas), integrado (todos los recursos en red y por niveles) y de la máxima calidad. Estos deseos no son una utopía porque la historia hasta el 2010 (inicio de los recortes) ha demostrado lo contrario.
Estamos describiendo la “crónica de una muerte anunciada”: el desmantelamiento de la Sanidad Pública andaluza para convertirla en otra cosa que será menos justa socialmente y una pérdida de las conquistas de nuestros abuelos y padres, que tantos sacrificios costó conseguir. No se podrá sorprender nadie, no nos podremos quejar, tendremos que asumir el desastre… porque está ANUNCIADO. Para que estos hechos ocurran, las multinacionales sanitarias necesitan la complicidad de los gobiernos, necesitan leyes que lo permitan y necesitan la anestesia y desmovilización social para que no se reconozcan las consecuencias hasta que sea tarde.
Todo ello nos lleva a plantear las siguientes medidas necesarias y urgentes:
1) El Gobierno andaluz debe aclarar en que han invertido los 1.000 millones de € estatales de ayuda COVID, durante 2020.
2) Contrato inmediato de 500 rastreadores nuevos para la COVID y de los recursos suficientes para realización rápida de PCR, para así minimizar las sucesivas olas de la pandemia, lo que permitirá que el grueso de los recursos de la Sanidad Pública puedan ocuparse de la patología no COVID. Hay que tener en cuenta que Andalucía es la CCAA con menores tasas de rastreadores y PCR por habitante. Coste: 15 millones de €/año.
3) Contrato inmediato de 1.200 facultativ@s, 1500 enfermer@s y 500 miembros de personal de apoyo para la Atención Primaria, para acabar con la saturación y asfixia laboral actual, uso excesivo de la consulta telefónica y para que la AP vuelva a poder cumplir sus funciones con normalidad. Coste: 140 millones de €/año.
4) Contrato inmediato de 1.200 facultativ@s, 1200 enfermer@s y 500 miembros de personal de apoyo para abrir los 19 hospitales de referencia y de especialidades que existen en Andalucía en turno de tarde con personal nuevo, para disminuir de forma drástica las listas de espera. Es insostenible que estos centros y sus costosos recursos se usen casi exclusivamente de 8 a 15h. Coste: 135 millones de €/año.
Este plan es factible ya que el coste del mismo (290 millones de €) es muy inferior a los recursos económicos de los que el Gobierno andaluz dispone o puede disponer para este tema. También se cuenta en el entorno regional, nacional e internacional con profesionales sanitarios disponibles, siempre que se les ofrezcan contratos normales, no precarizados. Por ello la aplicación de este plan, que sin duda mejoraría de forma decisiva la situación de crisis actual; es solamente una DECISIÓN POLÍTICA.
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