De Estados Unidos a Europa: España no puede ceder ante el racismo
Lo que hoy ocurre en Estados Unidos es una advertencia para el mundo. Redadas televisadas, menores esposados, familias rotas y discursos que convierten al vecino en enemigo. Asistimos en directo a la deshumanización del diferente convertida en política pública. Y la historia, demasiadas veces, nos ha enseñado bien a dónde conducen esos caminos.
Nuestra Europa tampoco está a salvo. Bajo mensajes populistas y demagogos se esconde una maquinaria de odio que señala a la diversidad como un problema a batir, y a la igualdad como amenaza. Observamos con preocupación cómo se normalizan los controles por perfil étnico, se alimentan los bulos sobre invasiones, y se venden fantasías de pureza racial y supremacismo sin disimulo alguno.
España tampoco vive en una burbuja. El racismo, según las estadísticas oficiales, es el delito de odio que más crece y el que más denuncias acumula en nuestra sociedad. Y, pese a ello, sabemos que la mayoría de agresiones nunca se denuncian. Hay un océano de silencio hecho de miedo y desprotección. Ante esta realidad solo caben dos opciones: una política de Estado valiente o un maquillaje que disimule la vergüenza colectiva.
Lo hemos visto en Torre Pacheco, en Peal de Becerro y en la expulsión de más de 400 migrantes de un edificio abandonado, sin alternativa habitacional, en plena ola de frío en la ciudad de Badalona. Y lo hemos visto en la desmesurada respuesta que las derechas han dado al anuncio de la puesta en marcha de un procedimiento de regularización extraordinario de personas migrantes. Las derechas se han dedicado a agitar el miedo, convirtiendo el derecho a la inclusión en una falsa amenaza a nuestro modo de vida, y resucitando prejuicios contra las personas que no encajan en su modelo de sociedad. En ese sentido, hay que decirlo sin rodeos: nuestra Constitución protege derechos, no cruzadas racistas; la democracia defiende libertades, no delirios autoritarios. España avanza cuando amplía los derechos de la ciudadanía, no cuando los recorta.
El informe de 2025 sobre el Impacto del Racismo en España es revelador: el 52% de las víctimas de hechos racistas ha vivido situaciones que podrían ser perfectamente catalogadas como delito de odio. El Servicio 021, que gestiona el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), atendió 2.913 casos, acompañó a 3.629 víctimas y recibió más de 20.520 consultas en 23 oficinas. No podemos olvidar que detrás de cada número hay un rostro, una vida, una historia personal, y una humillación cotidiana.
Por eso es tan importante el papel del CEDRE. No hablamos de un órgano consultivo más, sino de un organismo de igualdad especializado y reconocido internacionalmente, con capacidad real para proteger a las víctimas y orientar las políticas públicas frente al racismo.
La igualdad no se declama: se financia. Por ello, el mensaje debe ser meridianamente claro: diluir y desfinanciar el CEDRE dejará solas a las víctimas y debilitará nuestra democracia
En ese sentido, es necesario resaltar que en poco tiempo se pondrá en marcha la Autoridad Independiente prevista en la Ley 15/2022, de Igualdad de Trato y No Discriminación, que completará este sistema asumiendo el litigio estratégico donde el Código Penal no es de aplicación.
La Autoridad Independiente será un organismo administrativo independiente con una gran tarea: completar aquellas funciones a las que las instituciones tradicionales no llegan, especialmente en el ámbito del litigio estratégico frente a las discriminaciones que no alcanzan entidad penal. Junto al CEDRE conformará el sistema de organismos de igualdad en España: la Autoridad, con una función transversal de garantía y supervisión; el CEDRE, como organismo especializado en discriminación racial o étnica, con atención directa a las víctimas y desarrollo de políticas públicas. Supervisión sistémica, por un lado, y la proximidad y especialización por otro. Esa suma es la verdadera política a la que el Estado se compromete.
Desde la Dirección de Igualdad de Trato y No Discriminación trabajamos para que la Autoridad Independiente tenga las herramientas necesarias para cumplir con su labor, sin olvidar que el CEDRE seguirá siendo, como lo es hoy, un organismo de Igualdad a nivel internacional encargado de aplicar las políticas públicas antirracistas en nuestro país, gestor del servicio 021, y contando con una red territorial consolidada. Por eso, apoyamos con firmeza que el CEDRE siga manteniendo su estatus de organismo de igualdad para continuar sirviendo como interlocutor del Gobierno a nivel nacional e internacional.
En España, por tanto, contamos con los organismos y las herramientas legales necesarias para luchar contra esta lacra. La Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación es el último ejemplo del compromiso del Gobierno de España con quienes sufren discriminación por cualquier motivo, y ver cercenados sus derechos ante la indiferencia general. Fue una conquista conseguida después de una década de arduo trabajo, y fue, como era de esperar rechazada por las derechas. Mientras VOX recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional, el PP votó en contra de su aprobación.
El Gobierno ha elegido estar del lado correcto, apoyando en sus presupuestos una mayor financiación para ampliar el Servicio 021. Porque la igualdad no se declama: se financia. Por ello, el mensaje debe ser meridianamente claro: diluir y desfinanciar el CEDRE dejará solas a las víctimas y debilitará nuestra democracia. El racismo es una violencia que fractura países, y frente a esa violencia cabe un Estado firme y comprometido, capaz de diseñar y aplicar políticas antirracistas que se conviertan en una trinchera democrática contra el odio.