Cuando la oposición censura al gobierno de Moreno Bonilla por el continuo aumento de las líneas concertadas en educación, su respuesta habitual es que los conciertos en Andalucía fueron instaurados por antiguas administraciones socialistas. No les falta razón. Sin embargo, pasan por alto un hecho irrefutable: el contexto en el que se implementó esta política difiere radicalmente del presente.
Anteriormente, la prioridad era expandir de forma rápida la red educativa a todas las localidades. ¿Era razonable construir en cada zona costosos edificios mediante largos procesos de licitación cuando ya existían numerosos colegios privados, muchos de ellos en manos de congregaciones católicas con la intención de ofrecer un servicio público? Ni como socialista ni como antiguo gestor puedo criticar la opción del concierto en aquel entonces.
Los tiempos cambian. La bajada de la natalidad ha encendido todas las alarmas en la comunidad educativa. En la pública, el cierre de aulas es permanente. En pocos años la educación concertada sufrirá la misma hemorragia. Ante esta situación, la Junta de Andalucía debe tomar medidas valientes, eficaces y justas. Y no lo está haciendo.
El mantenimiento del número de unidades en la educación concertada, cuando no su incremento, a costa de la educación pública es un error de dimensiones mayúsculas. Las consecuencias serán nefastas y no tardarán en llegar. Citaré tan solo una.
Toda administración debe velar por una oferta real de una educación pública y laica en todo su territorio. Sin embargo, ya hay zonas urbanas y pueblos en Andalucía en los que los colegios públicos están en peligro de extinción. Algunos han desaparecido ya. La libertad de elección, por tanto, empieza a ser una quimera en algunas zonas de escolarización en Andalucía.
con una escolarización menguante en la pública me pregunto si los miles de estudiantes de educación que no tengan esa red de contactos con la patronal de la concertada tendrán aún más dificultades
Hace muchos años, mis padres tuvieron esa libertad de elección cuando escogieron colegio para su hijo en el barrio. Estudié la antigua EGB en la concertada, concretamente en los Salesianos de Córdoba, que me educaron en un humanismo cristiano. Después pasé dos años en un bachillerato privado e ingresé posteriormente en la universidad pública hispalense. No soy ajeno a ninguno de los tres sistemas educativos.
Acabados mis estudios en Filología Inglesa y antes de doctorarme e ingresar como investigador en la Universidad de Córdoba, trabajé como profesor de secundaria en un colegio católico. Tenía un buen expediente, pero conseguí ese trabajo no solo por mis méritos académicos sino también por la red de contactos que había forjado durante mis años como estudiante en la enseñanza concertada y privada. Todavía recuerdo cómo me invadía la mala conciencia al tener un trabajo que se les negaba a compañeros de carrera tan valiosos como yo, simplemente porque no eran antiguos alumnos o no compartían la fe cristiana.
Por suerte para ellos y ellas, obtuvieron pronto plazas en la educación pública tras una oposición. Ahora, no obstante, con una escolarización menguante en la pública me pregunto si los miles de estudiantes de educación que no tengan esa red de contactos con la patronal de la concertada tendrán aún más dificultades. Casi 2000 clases de centros públicos han sido suprimidas en Andalucía desde que Moreno Bonilla llegó a San Telmo.
De forma inmediata, la Junta debe abandonar su planificación a la baja del curso en los centros públicos (el menor número de unidades por nivel posible) y atender a las demandas de los equipos directivos, evitando así el cierre masivo de aulas
A corto-medio plazo, la única solución tanto para la pública como para la concertada es bajar por ley la ratio de estudiantes por clase con el consiguiente aumento de la calidad de la enseñanza. Es una medida más que justificada, especialmente dado que el último informe PISA ha revelado que las destrezas de los estudiantes andaluces en lectura, matemáticas y ciencias están a la cola de España y de Europa.
De forma inmediata, la Junta debe abandonar su planificación a la baja del curso en los centros públicos (el menor número de unidades por nivel posible) y atender a las demandas de los equipos directivos, evitando así el cierre masivo de aulas. También debe cesar la concesión de nuevas unidades a la concertada. Como socialista, llevo en mi ADN la defensa a ultranza de los puestos de trabajo ya sea en la educación pública o en la concertada. Por ello considero inmoral e inadmisible que el presidente Moreno asista impávido al sangrado de los colegios públicos mientras que desarrolla su agenda educativa para atraer al sistema de educación público nuevas unidades provenientes de colegios de titularidad privada: el PP ha concertado en primero y segundo de Bachillerato 22 aulas nuevas en dos años. Se trata de una medida puramente ideológica. Desde el punto de vista presupuestario, no se entiende cómo puede beneficiar a los centros privados cuando la educación pública está en crisis. El futuro no es halagüeño. El Partido Popular, muy en línea con VoX, trabajará de forma discreta en este sentido pues así lo prometió en su programa electoral de 2022: “iniciaremos de manera progresiva la extensión de los conciertos a la etapa de Bachillerato en los centros que tengan ya concertadas otras etapas”.
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