La primera Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía sancionará la compra por debajo del coste de producción
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, un texto que regulará por primera vez con este rango el sector más importante en la economía de la comunidad autónoma y que supondrá que termina de derogarse la Ley de Reforma Agraria, que marcó un hito hace más de 30 años, y modificaciones en la Ley de Calidad Agroalimentaria y Pesquera y la Ley de Interprofesionales Agroalimentarias.
La norma será de aplicación tanto en la agricultura como en la ganadería, la industria agroalimentaria y las políticas de desarrollo rural -o lo que es igual, en las explotaciones, instalaciones industriales e infraestructuras ubicadas en Andalucía y en los productos comercializados en la comunidad autónoma- en un compromiso que viene de pasadas legislaturas y que se prevé que pueda estar como proyecto de ley en el Parlamento de Andalucía la próxima primavera.
Con este texto, el Gobierno de Andalucía entierra definitivamente el banco público de tierras que pactó el PSOE-A con IU en la pasada legislatura, cuando gobernaban de la mano, y también el sucedáneo del observatorio de tierras que se prometió luego. Sin embargo, sí contempla que las tierras públicas, puedan ser objeto de enajenación con procedimientos de “igualdad, concurrencia y publicidad”. Para ello, tendrán preferencia los jóvenes, los desempleados del sector y proyectos de economía social.
Hay que recordar que las tierras públicas representan unas 5.000 hectáreas gestionadas por cesiones -como la famosa finca de El Humoso entre Écija y Marinaleda (Sevilla)- y otras 4.500 directamente por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), sin que haya ningún terreno “baldío”, en palabras de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, si bien se entiende que hay parcelas que podrían tener más rendimiento y por eso se prevé la enajenación.
En el terreno de la industria agroalimentaria, la ley quiere promover “la función social de la cadena”. Por ello, obligará a las superficies comerciales a donar los excedentes de alimentos o a destinarlos a compostaje o a su reutilización. “Es pionero en España aunque se recoge en países de la UE”, ha expuesto la consejera, quien ha referido que cada año se desperdician casi 180 kilos de alimentos por habitante y que “sólo el 30% de los excedentes se destinan a ONG en estos momentos según reconocen las propias cadenas”.
También en lo que se refiere a la industria agroalimentaria, se exigiría que estos productos lleven un “documento de acompañamiento” durante su transporte, emitido por explotaciones y empresas, para facilitar el control de la trazabilidad.
Sanciones previstas
En el capítulo de las sanciones, la norma reforzará el papel de los inspectores de manera que tendrán la consideración de agente de la autoridad. La norma incluirá infracciones leves (falta de documentación, errores en documentación de acompañamiento...), graves (producción sin autorización, no inclusión en registros...) y muy graves (traslado de mercancías intervenidas, negarse a inspecciones, compra a pérdidas...).
En el caso de las muy graves, podrán ser sancionadas con hasta 800.000 euros, pero la cuantía se incrementarán según la intencionalidad, el volumen de ventas y los beneficios ilícitos que con ello se obtengan. La consejera se ha detenido en el caso de la compra a pérdidas, es decir, por debajo del coste de producción “cuando la industria tiene una posición dominante y el productor tiene que deshacerse como sea de los perecederos”. Por ello, se pondrá el foco en esta práctica, con controles específicos en la calidad, “e incluso se podrán publicar las marcas de los productos sancionados cuando haya reiteración”.
Órganos de nueva creación
Por otra parte, el texto contempla la creación de varios órganos. Para interlocución dos: el Consejo Asesor Agrario de Andalucía, con las organizaciones más representativas, y el Consejo Agroalimentario Andaluz, que también incluirá a empresas, sindicatos, distribuidores, ecologistas, consumidores...
Mientras, para la promoción del sector, la ley habla de la creación de otros tantos: la Comisión para la Internacionalización del Sector Agroalimentario y el Foro Andaluz de la Cadena Alimentaria.
También se propone la creación del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, en el que será obligatorio inscribirlas para garantizar la seguridad alimentaria y la sanidad animal y vegetal, además de luchar contra el fraude.
Igualmente, se quiere establecer una Red de Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades de la ganadería y se establecerán mecanismos de actuación urgente, por ejemplo para la compra de vacunas o kits de diagnóstico con rápida respuesta.
Figuras especiales
En cuanto a la protección de las explotaciones, prevé dos figuras. Por un lado las denominadas áreas de protección agraria, para las que la consejería vigilará el mantenimiento de la actividad en función de su relevancia medioambiental, social o territorial. Para ello, iniciará la tramitación de esta declaración, que deberá ser aprobada en Consejo de Gobierno. Y por otro, los planes de ordenación, para promover explotaciones con dimensiones suficientes en los enclaves de especial interés agrario. También con este mismo objetivo “se fomentará la implantación de parques agrarios y huertos urbanos”.
Otra de las posibilidades que recoge es la de declarar zonas catastróficas para imponer las correspondientes medidas paliativas. “La prioridad será siempre la prevención y el aseguramiento. Como norma general, los daños asegurables no serán indemnizables”, ha asegurado.
Con este anteproyecto, ya son 11 los aprobados por el Consejo de Gobierno desde su configuración tras las elecciones autonómicas del 22 de marzo de 2015, a los que hay que sumar ocho proyectos de ley y otros tantos decretos ley, en lo que el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha definido como “el arranque de legislatura más productivo de toda la historia” de la autonomía.
