La Junta deja sin presupuesto las ayudas prometidas para rehabilitar las viviendas afectadas por los terremotos de Granada
“Yo necesito entrar a mi casa ya, que vienen las lluvias”. Gladys lleva desde agosto fuera de su vivienda en La Cruzada, en el barrio granadino del Zaidín, después de que los terremotos de aquel mes obligaran a desalojarla. Como ella, otros vecinos siguen esperando una solución que les permita recuperar sus casas y dejar atrás una provisionalidad que se alarga ya cuatro meses. Gladys vive en casa de unos familiares y Marian ha tenido que abandonar su trabajo y regresar con sus padres. Mientras tanto, algunas familias continúan alojadas en el albergue municipal, sin tener claro hasta cuándo podrán permanecer allí ni qué alternativa tendrán después. La emergencia sísmica ha dejado paso a otra incertidumbre: la de quienes han perdido su hogar y no encuentran una salida para recuperarlo.
A esa espera se suma ahora la falta de financiación de la Junta de Andalucía para afrontar la rehabilitación de los edificios dañados. El Gobierno de Juanma Moreno anunció en septiembre una partida de ocho millones de euros para reparar las viviendas afectadas, pero los presupuestos autonómicos de 2027 no contemplan ninguna consignación para este plan. Preguntada por esta ausencia presupuestaria, la Consejería de Vivienda se limita a asegurar que está redactando la convocatoria de las ayudas, sin concretar de dónde saldrá el dinero ni cuándo estará disponible. La situación contrasta con los requerimientos que está enviando el Ayuntamiento de Granada a las comunidades de propietarios, a las que exige iniciar las obras en un plazo de 30 días y terminarlas en 90, bajo advertencia de ejecución subsidiaria. Los vecinos se encuentran así ante una paradoja: tienen un plazo para reparar sus casas, pero siguen sin saber con qué dinero podrán hacerlo.
Una promesa de ocho millones sin respaldo presupuestario
La promesa de la Junta llegó el pasado 24 de septiembre, cuando la consejera de Fomento, Rocío Díaz, anunció una línea de ayudas de ocho millones de euros destinada a las comunidades de propietarios y viviendas unifamiliares afectadas por los terremotos. El objetivo era financiar la reparación de los daños estructurales y recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad de los edificios, la mayoría de ellos antiguos y de la década de los 60. La Consejería llegó incluso a plantear que los beneficiarios pudieran recibir por adelantado el 50% de las subvenciones antes de comenzar las obras.
Sin embargo, el anuncio todavía no se ha traducido en una convocatoria pública. Entonces, la propia Junta reconocía que las bases reguladoras se encontraban en fase de redacción técnica. Casi dos meses después, la respuesta de la Consejería sigue siendo la misma: está preparando la convocatoria. No ha concretado un calendario para su publicación ni ha explicado cómo piensa financiar una línea de ayudas que no cuenta con consignación en las cuentas autonómicas del próximo ejercicio. La ausencia de financiación deja en el aire un compromiso que había generado expectativas entre los propietarios, que necesitan afrontar reparaciones en sus edificios para poder regresar a sus viviendas. La situación preocupa especialmente en La Cruzada, donde los daños provocados por la serie sísmica han obligado a desalojar inmuebles y mantienen a numerosas comunidades pendientes de intervenciones que requieren proyectos técnicos, empresas especializadas y recursos económicos que muchos vecinos todavía no tienen.
Mientras la financiación autonómica sigue sin concretarse, el Ayuntamiento de Granada ha comenzado a enviar órdenes de ejecución a comunidades de propietarios para que reparen los daños detectados en sus edificios. Una de esas notificaciones, fechada el 3 de noviembre y a la que ha tenido acceso este periódico, exige iniciar las actuaciones en un plazo de 30 días y completarlas en un máximo de 90. El documento advierte expresamente de que, si los propietarios incumplen la orden, el Consistorio podrá ejecutar subsidiariamente las obras. La resolución municipal justifica la intervención por razones de seguridad pública y recoge las deficiencias detectadas tras una inspección técnica. En el caso de uno de los inmuebles de la zona, los técnicos describen fisuras en la fachada que afectan tanto al revestimiento como al soporte, además de daños en las chimeneas de ventilación que podrían provocar su desplazamiento o caída. La orden obliga a reparar la fachada y revisar las chimeneas, incluidas sus bases y elementos de remate.
El Ayuntamiento recuerda en la propia resolución que la ejecución subsidiaria —que la Administración obligue a llevarla a cabo— es una de las consecuencias posibles del incumplimiento de las órdenes de conservación. También contempla la posibilidad de ampliar los plazos, tanto de oficio como a petición de los propietarios, siempre que exista un informe técnico favorable. La ampliación, por tanto, no es automática y debe ser acordada y comunicada a los afectados.
Para Irene, una vecina de La Cruzada que permanece en su vivienda, el problema es que las comunidades no disponen todavía de los recursos necesarios para cumplir con esas exigencias. Asegura que su edificio ha recibido la notificación y que, pese a haber conseguido un presupuesto para las reparaciones, tiene otros ocho inmuebles por delante en la lista de espera de la empresa. “El Ayuntamiento te pide 30 días y las empresas no pueden atendernos a todos”, explica. Su marido acudirá a Urbanismo para solicitar una ampliación del plazo, aunque considera que ganar un mes más no resolverá el problema de fondo.
La vecina también advierte de que el incumplimiento podría terminar suponiendo un coste añadido para los propietarios si el Ayuntamiento decide intervenir por su cuenta. Le preocupa que una ejecución subsidiaria implique un presupuesto superior al que podrían conseguir contratando directamente los trabajos y que las familias terminen soportando una deuda que no puedan afrontar. La posibilidad de que se llegue a reclamar ese importe está contemplada en el procedimiento administrativo, aunque la resolución no establece que vaya a producirse automáticamente un embargo.
Ayudas que no acaban de llegar
A las dificultades para organizar las obras se suma la espera por las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. Los vecinos calculan que únicamente el 25% de los afectados ha recibido ya el dinero. Mientras tanto, las comunidades siguen sin poder cerrar presupuestos ni planificar las reparaciones con garantías. Marian conoce de primera mano las consecuencias de esa demora. Desalojada desde agosto, asegura que el Ayuntamiento le entregó la orden de desalojo con una fecha incorrecta: el documento estaba fechado el 2 de septiembre, cuando, según relata, tuvo que abandonar su vivienda el 18 de agosto. Pese a haber presentado varias instancias para corregir el error, afirma que todavía no ha conseguido que se lo solucionen. “Eso impide que pueda cobrar mi indemnización por desalojo”, explica.
La situación terminó afectando también a su vida laboral. En septiembre decidió dejar su trabajo y regresar a casa de sus padres después de semanas dependiendo de familiares y amigos para encontrar un lugar donde dormir. Barajó la posibilidad de alquilar otra vivienda, pero los precios del mercado en Granada y los gastos iniciales que debía afrontar hacían inviable esa opción sin una ayuda económica. “No solo he perdido mi casa sino también mi trabajo, uno que me encantaba, y mi vida”, lamenta.
Gladys, por su parte, denuncia las dificultades para acceder a las ayudas municipales de 700 euros destinadas al alquiler. Según cuenta, cuando acudió a solicitarlas le preguntaron si tenía seguro del hogar. Al responder afirmativamente, le comunicaron que no le correspondían porque estaban destinadas a quienes carecían de esa cobertura. La vecina asegura conocer otro caso en el que una persona sin seguro tampoco habría podido acceder a la prestación. “Y mi pregunta es entonces para quiénes están destinadas esas ayudas”, se pregunta.
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Raquel Ruz, también ha denunciado los obstáculos burocráticos que, a su juicio, están encontrando los afectados para acceder a estas prestaciones y ha criticado que no se cubran determinados gastos iniciales del alquiler, como las fianzas o los honorarios inmobiliarios. Fuentes municipales, preguntadas por la situación de los damnificados, se limitan a señalar que existen ayudas y que los vecinos las están recibiendo, sin facilitar datos sobre el número de solicitudes, concesiones o denegaciones.
Familias pendientes de abandonar el albergue
La situación de quienes continúan fuera de sus viviendas tiene otro frente abierto en el alojamiento provisional que habilitó el Ayuntamiento. Irene asegura que todavía quedan alrededor de siete familias en el albergue municipal y que algunas han comenzado a recibir avisos para abandonarlo sin que, según denuncia, se les haya ofrecido una alternativa habitacional. La portavoz socialista Raquel Ruz también ha alertado de esta situación y ha reclamado al equipo de gobierno que garantice una solución para las personas que siguen alojadas allí. Gladys y Marian han tenido que buscar alternativas por su cuenta. La primera permanece en casa de familiares, donde reconoce que la convivencia prolongada empieza a afectar a la intimidad de todos. La segunda ha regresado con sus padres después de renunciar a su empleo. Son dos ejemplos de una emergencia habitacional que continúa abierta mientras las reparaciones de los edificios siguen pendientes.
Fuentes del Ayuntamiento de Granada niegan, sin embargo, que se esté pidiendo a los afectados que abandonen el albergue municipal y aseguran que su estancia está garantizada mientras lo necesiten. El Consistorio también defiende que las notificaciones de Urbanismo responden a un formato administrativo estándar y sostiene que se está estudiando cada situación de manera individualizada. Según estas fuentes, los vecinos ya han sido informados de que no habrá penalizaciones y el área municipal está trabajando con las comunidades de propietarios para agilizar los trámites necesarios para ejecutar las reparaciones.
La denuncia vecinal coincide con la que ha trasladado el PSOE municipal, que acusa a la alcaldesa, Marifrán Carazo, y a la Junta de Andalucía de no haber cumplido los compromisos adquiridos con los afectados. Los socialistas sostienen que el plan de rehabilitación anunciado para La Cruzada ha quedado sin respaldo económico y reclaman una respuesta coordinada de ambas administraciones. También critican que el Ayuntamiento mantenga los plazos de ejecución de las obras sin tener en cuenta las dificultades que atraviesan las comunidades.
Los vecinos, mientras tanto, siguen esperando. Unos necesitan recuperar sus viviendas para poder regresar y otros intentan evitar que los daños empeoren mientras buscan empresas, presupuestos e indemnizaciones. Cuatro meses después de los terremotos, la reconstrucción continúa pendiente y los ocho millones anunciados por la Junta siguen sin una fecha para convertirse en ayudas. Para quienes llevan desde agosto fuera de casa, la espera ya no es solo una cuestión de obras: es la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver a tener una vida normal.