Las cuatro escuelas infantiles municipales de Granada –Luna, Belén, Arlequín y Duende– contarán el próximo año con menos ingresos procedentes del Ayuntamiento. El Consistorio, gobernado en mayoría absoluta por el Partido Popular, ha decidido recortar en casi 600.000 euros la aportación que realiza anualmente para el sostenimiento de estos centros, que forman a unos 500 niños y niñas de entre 0 y 6 años. Un hecho que ha puesto en pie de guerra tanto a los representantes de las escuelas como a las familias de los menores porque consideran que se trata de un recorte que pone en peligro un modelo educativo que tiene más de 40 años de historia.
Porque no se trata sólo de que el Ayuntamiento de Granada haya decidido reducir en 597.500,05 euros su aportación (alrededor de un 15% del presupuesto total que ronda los 4 millones de euros), sino que ese dinero que deja de invertir en las escuelas infantiles irá a parar al servicio de transporte público para equilibrar las cuentas municipales. Una decisión criticada por la oposición de PSOE y Vox y rechazada por quienes gestionan estos centros, ya que la reducción presupuestaria hace que ese dinero que se deja de aportar deba salir de las arcas de la Fundación Granada Educa, que se encarga de su gestión, porque el Consistorio considera que esta institución cuenta con recursos financieros suficientes. Algo que se ha producido sin consultarlo con los patronos del organismo.
No en vano, los datos económicos desmienten el argumento del equipo de gobierno de que la fundación dispone de un amplio margen financiero. Según fuentes de la entidad, en 2024, la Fundación Granada Educa ingresó 3.918.211 euros y gastó 3.899.203, con un superávit de apenas 19.000 euros, destinados íntegramente al fondo de reserva. En 2023, el saldo positivo fue todavía menor: 823 euros. Esa mínima diferencia se ha venido repitiendo cada ejercicio, lo que demuestra que las escuelas trabajan con presupuestos muy ajustados y sin margen para absorber una reducción de esta magnitud. De hecho, los ingresos ya habían caído en torno a 88.000 euros entre 2023 y 2024, antes incluso del recorte ahora aprobado.
Para buscar una solución, el PSOE ha solicitado la convocatoria urgente de un consejo extraordinario de patronos de la Fundación Granada Educa para exigir explicaciones al equipo de gobierno de Marifrán Carazo. La portavoz socialista, Raquel Ruz, sostiene que la decisión es un “ataque frontal a las escuelas municipales” y un “auténtico atropello” por parte del PP, a quien acusa de “saquear las cuentas de la fundación para tapar los agujeros económicos que está provocando”.
“El Ayuntamiento quita casi 600.000 euros a una institución que lleva cuatro décadas prestando un servicio público ejemplar, sin explicación ni justificación alguna. Con esta propuesta abocan a la fundación al déficit y ponen en riesgo su estabilidad económica”, denuncia Ruz. Desde el grupo socialista recuerdan además que, desde la llegada de Marifrán Carazo a la Alcaldía, las aportaciones municipales no se han actualizado ni adaptado al incremento de costes, lo que a su juicio evidencia “una falta de compromiso con la educación pública y con las familias granadinas”.
Dadas las circunstancias, el malestar entre las familias y el personal de las escuelas es evidente. Alhambra Nievas, patrona en representación de las familias que integran las escuelas, habla de “indignación y preocupación” por una decisión que se ha tomado “de espaldas a la comunidad educativa”.
“Esto no se ha consultado con el Consejo de Patronos. El Ayuntamiento ha actuado sin transparencia, sin voz ni opinión de quienes representamos a las familias, al profesorado y a la Universidad de Granada. No creemos que quitarle 600.000 euros a un presupuesto educativo sobre unas escuelas con prestigio internacional sea una decisión justificada”, explica Nievas. “Nos jugamos mucho más que un presupuesto”, añade. “Nos jugamos un modelo público que ha garantizado igualdad, participación y educación de calidad para cientos de niños y niñas durante 40 años”.
Desde su punto de vista, el argumento del equipo de gobierno -que sostiene que la fundación tiene un remanente suficiente- no se sostiene. “Hablan de un sobrante cuando se han rechazado propuestas de mejora porque no había dinero. Es incoherente y demuestra que no creen en las escuelas municipales ni en una educación pública de calidad”, afirma. Las familias han solicitado un consejo extraordinario y preparan alegaciones formales. Si la medida no se revierte, no descartan movilizaciones: “Granada no puede renunciar a sus escuelas municipales”.
Desde el personal técnico también se cuestiona la medida. Elba Mejías, pedagoga de la fundación, sostiene que “no es cierto que exista un exceso de liquidez” y que el recorte “supone detraer dinero de las escuelas para tapar la deuda del Ayuntamiento”. “Llevamos años trabajando con presupuestos ajustados, manteniendo una calidad educativa altísima y con resultados reconocidos fuera de Granada. El Ayuntamiento no ha incrementado su aportación en años y ahora, además, la reduce drásticamente. Es una decisión unilateral e injusta”, lamenta.
La trabajadora recuerda que el modelo de escuelas municipales “es público, participativo y ha demostrado su eficacia durante cuatro décadas”, por lo que “no tiene sentido que se castigue con recortes un proyecto que funciona y que ofrece oportunidades reales de conciliación a cientos de familias”.
Para Isabel Romero, antigua patrona representante de las familias y antigua madre de la Escuela Infantil Municipal Duende, “este recorte no es una cuestión contable, sino política”. “Se trata de un modelo de educación pública que funciona, que está reconocido por organismos internacionales y que ha inspirado a otras ciudades. Lo que hace el PP es ponerlo en riesgo sin justificación alguna”, señala.
Romero considera que la decisión “rompe el consenso histórico que ha permitido sostener las escuelas municipales durante décadas” y acusa al equipo de Carazo de “utilizar el presupuesto de la fundación como si fuera una hucha del Ayuntamiento”. Mientras tanto, el consejo extraordinario solicitado por los patronos sigue pendiente de convocatoria. Si el Ayuntamiento no rectifica, las familias y el personal técnico advierten de que se movilizarán para defender las escuelas municipales de Granada.
Mientras, la concejala de Economía, María Rosario Pallarés, defiende que la medida no pone en peligro ni los proyectos educativos ni las nóminas del personal. “El Ayuntamiento nos lo encontramos en una situación económica deplorable, con una intervención del Ministerio de Hacienda, y hay que cumplir con el plan de ajuste y cuadrar las cuentas”, explicó durante el pleno ordinario de octubre, al que se remiten desde el equipo de Gobierno a preguntas de este periódico para contrastar la información.
Según Pallarés, la fundación dispone de un “efectivo neto de 1,2 millones de euros” y de un “patrimonio neto de 2,1 millones”, por lo que considera que puede asumir la reducción temporal sin afectar a su estabilidad. “Se pueden quedar tranquilos los padres y las madres, porque esos proyectos educativos no se ponen en riesgo”, insistió. Sin embargo, la tranquilidad es precisamente un estado que no impera entre quienes temen que este recorte presupuestario sea el inicio del fin de un proyecto educativo que ha sido un éxito en Granada durante más de cuatro décadas.
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