Magdalena Álvarez recurre su imputación en el Caso ERE por indefensión
La que fuera durante diez años consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Alvarez (1994-2004), ha solicitado a la Audiencia de Sevilla que declare nulo el auto de la jueza del caso de los ERE en el que la imputan junto a otros 19 altos cargos y exaltos cargos de la Junta dictado el pasado 28 de junio. Álvarez argumenta que ese auto no concreta los hechos y, por tanto, vulnera su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y le provoca indefensión, según ha adelantado la Cadena SER.
La exministra de Fomento en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero considera que los delitos que “parece” que se le imputan (prevaricación administrativa y malversación) están prescritos porque responden a la aprobación de una Orden de hace diez años, en concreto de 4 de junio de 2003, que introducía la figura de la transferencia de financiación para pagar las ayudas sociolaborales en Andalucía.
El recurso, que ha sido remitido a las partes por el juzgado instructor, señala que Álvarez “ni conoció ni pudo conocer que los pagos efectuados” por la Consejería de Empleo o la Agencia IDEA a empresas en crisis “estaban siendo indebidamente ejecutados ni que de ello se derivara una malversación de fondos públicos”. Tampoco se le puede atribuir, explica el recurso, “la omisión de medidas dirigidas a impedir la indebida gestión de los fondos porque nunca conoció ningún informe de la Intervención” en los que se advertía de la improcedencia de la figura de la transferencia de financiación para conceder ayudas.
La defensa de Álvarez argumenta que ella “no es responsable de que terceras personas hubieran podido malversar dinero público” y tampoco pudo tener conocimiento de que los pagos se hacían “de modo indebido”. El recurso insiste en la tesis de las defensas en el sentido en que “resulta incongruente calificar como ilegal lo que la ley avala” porque la figura de la transferencia de financiación está recogida en la memoria de las leyes de presupuestos avaladas por el Parlamento de Andalucía.
