El Ayuntamiento de Estepona concedió un club de playa a un exconcejal del PP en Coín investigado ahora por blanqueo

El Ayuntamiento de Estepona, liderado desde 2011 por José María García Urbano (PP), concedió en junio de 2017 una parcela en primera línea de playa para construir y explotar un chiringuito durante cincuenta años. La adjudicataria fue la empresa Gestión de Hostelería Estepona, S.L., una mercantil constituida año y medio antes. Tenía como administrador único a Miguel Vázquez Galiano, de profesión asesor fiscal.

En 2019 Vázquez se convirtió en concejal del PP por Coín y un año después vendió las participaciones de la sociedad adjudicataria del chiringuito con todos sus activos. En junio de 2021, Nido Beach Club empezó a funcionar. El pasado diciembre, Vázquez Galiano fue detenido por la Policía en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedentes de prostíbulos. Dejó de ser concejal pocos días antes de que la Policía comunicara públicamente la operación.

Este miércoles, el PSOE desveló la adjudicación inicial a Vázquez Galiano, que hasta ahora no había trascendido, y recordó que está imputado por blanqueo. “Respetamos la presunción de inocencia, pero el Ayuntamiento tiene que explicar a quién adjudicó durante medio siglo un espacio público y qué controles ha realizado posteriormente sobre esa concesión”, señaló Emma Molina, portavoz socialista del PSOE de Estepona.

“[El chiringuito] nos pareció una inversión interesante, pero luego todo fue un calvario”, explica Vázquez Galiano, quien asegura que otras cuatro empresas concurrieron (este medio no ha podido localizar el expediente en el portal de licitaciones) y que García Urbano sólo supo que él era el adjudicatario “dos o tres meses después” de que terminara el proceso. Asegura que, además de su profesión como asesor fiscal, a veces realiza inversiones propias en otros ámbitos, y este fue el caso. Se da la circunstancia de que Coín es el municipio de origen tanto de Vázquez Galiano como de García Urbano. “Claro que lo conozco, como 40 millones de españoles. Pero él no tenía ni idea de que íbamos a pujar”, señala el exedil.

El exconcejal del PP cree que es “ruin” vincular el caso de presunto blanqueo destapado en 2025 con la adjudicación del chiringuito en 2017, y asegura que la investigación contra él está limitada a las presuntas actividades de un cliente de su despacho: “Cuando uno tiene tantos clientes, a algunos no los conoce”.

La concesión fue formalizada el 22 de mayo de 2017 en un documento suscrito por José María García Urbano (como alcalde de Estepona) y Miguel Vázquez Galiano, como administrador único de la concesionaria. El concesionario se obligaba a pagar un canon anual de 19.593 euros por la concesión de 2.194 metros cuadrados de dominio público en la playa.

Exconcejal investigado desde el pasado diciembre

Vázquez Galiano fue detenido el pasado 7 de diciembre junto a otras 18 personas, acusadas de integrar una red que blanqueó nueve millones de euros procedentes de la explotación sexual de mujeres reclutadas en otros países, principalmente en Colombia, en dos prostíbulos de Málaga capital y Cártama.

Se trata de una investigación ejecutada en dos fases por la Policía, y dirigida por un juzgado en Málaga capital. La detonación de la primera fase de la Operación Gargamel, en noviembre de 2024, permitió liberar a 42 mujeres atrapadas en esta red, que ejercía un dominio sobre sus vidas mediante un sistema de control, vigilancia y amenazas, según informó entonces la Policía. Fue una de las víctimas quien dio la voz de alarma. Estas mujeres relataron que las forzaban a mantener relaciones sexuales y las amenazaban con dañar a sus familiares en los países de origen.

En paralelo, operaba una estructura “de cuello blanco” orientada a camuflar el origen del dinero y reintroducirlo en el tráfico legal. La Policía desarticuló esta estructura en diciembre de 2025. Fueron detenidos presuntos testaferros, una notaria, una abogada, el director de una sucursal bancaria y un asesor financiero: Miguel Vázquez Galiano, quien quedó en libertad tras prestar declaración. Nueve meses después de ser detenido, aún no ha declarado ante el juez de instrucción.

Vázquez, que ocupaba la delegación de Patrimonio y Ayudas Europeas en el Ayuntamiento de Coín cuando fue detenido, dimitió días antes de que la Policía desvelase la operación. Entró en la corporación en tras las municipales de mayo de 2019 (es decir, dos años después de obtener la concesión y dos antes de venderla), y ocupó el puesto seis en las listas del PP en las de 2023. El PP le abrió expediente al conocerse su detención. Desde el partido no han aclarado en qué estado se encuentra ese expediente.

“En trámites” para licencia de apertura desde 2019

Vázquez Galiano vendió la concesión en 2021, y esta siguió su curso. Actualmente, Nido es uno de los beach club de moda en la costa de Estepona. Ubicado en Costa Natura, junto a una emblemática urbanización pionera del naturismo en España, cuenta con restaurante, piscina y un club de playa que programa sesiones nocturnas de djs, y está gestionado por el exitoso Grupo Mosh, titular también de Momento (en la Milla de Oro marbellí) o Playa Padre, también en Marbella. Grupo Mosh ha alcanzado sonados acuerdos con el chef Dani García para transformar el icónico local en la antigua sede de Aresbank en Marbella en Motel Particulier o Barnes, un grupo de restauración de alto standing.

Sin embargo, en el caso de Nido Beach Club opera sin licencia de apertura, según una respuesta del área de comercio a una petición de información tramitada por el Grupo Socialista. Nido está “en trámites” para obtener dicha licencia desde 2019, de acuerdo con ese documento. “La licencia lleva su tiempo. Eso es lo normal en la Costa del Sol o en Madrid”, argumenta Albert Beniflah, responsable de Grupo Mosh, que asegura que entre tanto Nido está operando con una declaración responsable al tratarse de una concesión municipal. Tiene unos 80 empleados, asegura. Beniflah no sabe nada de los anteriores concesionarios.

“Queremos saber cómo es posible que un establecimiento lleve cinco años funcionando sin que su licencia haya quedado formalmente concedida. ¿Quién ha permitido que esto ocurra y qué controles ha realizado el Ayuntamiento?”, pregunta Molina. También ha cuestionado al Consistorio si ha autorizado la celebración de eventos nocturnos que molestan a vecinos.

Además, los socialistas quieren saber las circunstancias que rodean al traspaso del chiringuito, que se realizó mediante la venta de las participaciones sociales de la concesionaria a una sociedad de la inmobiliaria Kronos, promotora de una urbanización de lujo en la parcela adyacente, que luego la traspasó a Grupo Mosh.

Según el pliego, el concesionario debe ejercer “por sí” la concesión sin cederla o traspasarla a terceros sin la aprobación del Consistorio. En caso de traspaso, debe abonar al Ayuntamiento una cantidad equivalente a cinco años del canon.

Este medio ha trasladado al Consistorio un cuestionario sobre las circunstancias que rodean esta adjudicación, sin respuesta.

Disputa con la urbanización nudista

Nido Beach Club se inauguró por todo lo alto el 20 de julio de 2021. Unas 450 personas acudieron al estreno. Para entonces ya estaba gestionado por Grupo Mosh. Vázquez Galiano lo había intentado vender a otros interesados por 1,5 millones de euros, según ha podido constatar este medio. Él asegura que invirtió mucho tiempo y dinero en la construcción y los trámites. También explica que dejó la obra en la “estructura”, cansado de los problemas con los vecinos y agobiado por la dificultad para cumplir plazos para la apertura.

La ubicación, en el paraje Costa Natura, es ideal para un negocio de estas características: en plena playa, junto a la lujosa urbanización The Edge de la inmobiliaria Kronos y a medio camino entre Marbella y Sotogrande (ya en la provincia de Cádiz), lo que garantiza una clientela de alto poder adquisitivo. Pero desde el principio encontró una piedra en el zapato: la histórica urbanización nudista Costa Natura. Doscientos apartamentos residenciales y turísticos que conforman un complejo pionero en España, levantado a finales de los 70 junto a la primera playa con autorización para practicar el nudismo.

La convivencia de los naturistas con los clientes del chiringuito fue difícil, al menos los primeros meses. Los primeros se quejaban de que los nuevos bañistas “textiles” (como denominan a quienes sí llevan bañador) les invadían y llegaron a lanzar una petición en change.org para pedir “respeto” a los recién llegados, que se instalaban en tumbonas que excedían el ámbito de la concesión, según denunciaban los nudistas. Los responsables de Grupo Mosh defendían su derecho a vetar el nudismo en el establecimiento o en sus hamacas. “No hemos quitado ningún espacio y le hemos dado vida a la zona. Realmente nunca hubo conflicto: tenían miedo a que se masificara y no ha sido así”, dice ahora Beniflah.