El obispo de Málaga pide perdón a cuatro mujeres a las que un cura sedó y violó y garantiza que la Iglesia las indemnizará
El obispo de Málaga, Jose Antonio Satué, ha asegurado que la Diócesis “está dispuesta a colaborar económicamente en la reparación de los daños” producidos a las cuatro mujeres víctimas de supuestos abusos sexuales por parte de un sacerdote, Francisco J.C., conocido como 'padre Fran' por sus feligreses, de 37 años y natural de Vélez-Málaga. Asimismo, por este caso destapado en 2023 ha pedido “perdón, en nombre de la Iglesia, a todas las personas que en ésta y en otras situaciones similares no han encontrado en la Iglesia la comprensión y el apoyo que debieron recibir”.
Así lo ha dicho Satué este viernes en rueda de prensa, convocada con motivo del juicio que comienza el próximo lunes en la Audiencia de Málaga contra este cura, para el que la Fiscalía pide 72 años de cárcel al acusarlo de presuntamente drogar a cuatro mujeres con las que tenía una relación de amistad, tras sedarlas, y también por grabar esos momentos, en los que estaban inconscientes.
El acusado fue detenido en el marco de la operación Pájaro Espino, después de que una mujer que decía ser su pareja sentimental denunciase en la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de Melilla que había localizado en el domicilio que ambos compartían un disco duro con fotografías y vídeos de contenido sexual. En ellos aparecían varias mujeres semidesnudas, dormidas o bajo los efectos de algún sedante, feligresas del propio Francisco J.C. a las que les realizaba todo tipo de prácticas sexuales desde 2017.
Además de en Melilla, también ejerció su ministerio en varias parroquias de las provincias de Córdoba y Málaga, donde supuestamente tenía otra pareja sentimental. El arresto tuvo lugar en su localidad natal de Vélez-Málaga.
El Obispado ha sido llevado al procedimiento como responsable civil subsidiario, de forma que si se estima esa responsabilidad y el acusado es condenado tendría que responder de forma subsidiaria de las cantidades que se fijen para indemnizar a las víctimas. Al respecto, Satué ha expresado que los abogados “van a defender que a la Diócesis no se le debería exigir tal responsabilidad”.
No obstante, considera que el Obispado “no ha propiciado ni se ha favorecido ni ha mirado para otro lado cuando se han conocido las gravísimas acusaciones de abuso contra el sacerdote”. Pero ha aseverado que “aunque los tribunales exoneren a la Diócesis de esta responsabilidad civil subsidiaria, y en el caso de que se demostrase que el sacerdote es culpable, ésta, avanzando por el camino iniciado por la Iglesia, está dispuesta a colaborar también económicamente en la reparación de los daños producidos”.
“Reparar a las víctimas de abusos”
“Dicho con otras palabras, la Iglesia católica y, por supuesto, también nuestra Diócesis de Málaga, ha asumido el compromiso de reparar a las víctimas de abusos por parte de sacerdotes, incluso cuando los tribunales no obligan”, ha manifestado el obispo, quien ha expresado la “colaboración con la Justicia” y su “confianza en los tribunales”.
Satué se ha mostrado convencido de que “desde este Obispado se procuró afrontar esta situación adecuadamente”. No obstante, ha pedido perdón por parte de la Iglesia y ha apuntado que desde que llegó a Málaga (fue nombrado en junio de 2025) fue “conociendo poco a poco el camino que nos ha traído a este momento”.
Así, ha incidido en que esta situación “ha provocado y sigue provocando un sufrimiento muy, muy profundo en las personas y en las familias directamente afectadas” y también en los sacerdotes y feligreses de las parroquias “que han vivido esto de cerca”. En este sentido, ha asegurado que la postura de la Diócesis “no puede ser otra que la de colaborar para que los tribunales puedan esclarecer la verdad y hacer justicia”.
“Asumir la máxima responsabilidad”
El obispo ha informado de que hace un mes trasladó, a través de los abogados, a las mujeres afectadas su disponibilidad para encontrarse con ellas, “para escucharlas y para explicarles, si lo desean, la posición de la Iglesia ante esta situación” y ha dicho entender que “con la tensión que deben de vivir en este tiempo previo al juicio, no hayan hecho uso de este ofrecimiento”.
“Reafirmo el compromiso de la Iglesia de asumir con la máxima responsabilidad cualquier denuncia de abuso y de garantizar de hacer todo lo posible para que nuestros espacios sean entornos verdaderamente seguros, libres de cualquier forma de violencia o de abuso y renuevo nuestra voluntad más decidida de escuchar, acompañar y, en la medida de lo posible, de reparar a las víctimas”, ha dicho.
También ha señalado que desde el Obispado se ha trasladado a los abogados de las mujeres afectadas la posibilidad en cuanto a la reparación del daño, “pero no se ha iniciado todavía ese diálogo”, también a la espera de lo que resulte finalmente del juicio en cuanto al acusado.
“No puede ejercer el sacerdocio”
Sobre el proceder dentro de la Iglesia, ha señalado que tuvieron conocimiento en agosto de 2023 y que al mes siguiente se decretó un proceso canónico en el propio Obispado malagueño “con el objeto de esclarecer la verdad”. Este procedimiento quedó a la espera de una resolución de los tribunales ordinarios, ya que, ha explicado que estos tribunales “tienen muchos más medios”. El Obispado, por cierto, no fue admitido por el juez como acusación en el caso.
El obispo ha apuntado que actualmente el acusado es “un sacerdote que no puede ejercer el sacerdocio” y ha indicado que “recientemente, con el fin de garantizar la independencia de este proceso canónico”, ha propuesto al Tribunal de la Rota de Madrid que lo instruya “y este tribunal, dependiente de la Nunciatura Apostólica, ha aceptado”. Será este proceso, junto con el resultado del juicio, el que dé “la respuesta definitiva”.
Asimismo, ha señalado que esa posibilidad de reunión se ha dado también al sacerdote acusado y ha dicho que seguirá “abierto a encontrarme, a escuchar a todas las partes, sea cual sea el resultado del juicio”.