ENTREVISTA E. Garrido y A. Mateos (Federación Andaluza de Memoria Democrática)

“Andalucía tiene un presidente que clama por la democracia pero incumple las leyes de Memoria que pretenden preservarla”

José Esteban Garrido, presidente de la Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD), y Antonio Manuel Mateos, portavoz y vicepresidente, llevan muchos años tratando de hacer ver a la sociedad la importancia de la memoria histórica. Saben que los tiempos van cambiando y quieren que sus argumentos de verdad, justicia y reparación calen en la población, sobre todo entre los más jóvenes, conocedores de que el último CIS dejaba datos tan reveladores como que al 38% de los menores de 24 años no les importaría vivir en un régimen “poco democrático”. También entre la clase política, sobre todo al Gobierno de Andalucía, al que viene reclamando el cumplimiento y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada en 2017 sin votos en contra en el Parlamento autonómico.

¿Por qué es importante conmemorar el 14 de junio?

José Esteban Garrido (J.E.G.). El 14 de junio, según la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, aprobada sin ningún voto en contra, es el homenaje y el reconocimiento a las víctimas de la represión, de la dictadura y de la guerra Civil. En Andalucía, es incalculable el número de personas que fusilaron y que se exiliaron. Se habla de unas 50.000 personas fusiladas. La represión aquí fue brutal, y con una particularidad: resistencia, excepto en Jaén y en Almería, no hubo ninguna. Aquí no se puede hablar de frente, de guerra.

Yo creo que todo el esfuerzo que se haga es por que la memoria vaya a los centros escolares, pero que parta de un principio: primero hay que cumplir la ley y hay que formar a los profesores. La inmensa mayoría de los profesores, de memoria histórica y de lo que pasó aquí no tienen ni idea. Hay que formarlos y, después, a los alumnos, para que pregunten “qué pasó en mi pueblo” o “qué pasó en mi familia”. Creo que ese es el futuro, porque la inmensa mayoría de la gente joven no tiene ni idea. Y hay también otro problema: que ha habido familias represaliadas con un gran pánico. Nicolás Sartorius me decía que el miedo se supera pero el pánico no. Esas familias lo han tapado todo. “Niño, de eso no se habla, callarse la boca”. Lo fundamental es que se conozca lo que aquí pasó, que se forme a los profesores y a los alumnos para que tengamos ese conocimiento y para que no se repita. Y estamos hablando de derechos humanos, no de esto ni de lo otro, y de todo esto tenemos que hablar en nuestras movilizaciones.

¿Qué le responderían a quienes opinan que la memoria histórica significa reabrir heridas?

Antonio Manuel Mateos (A.M.M.). La memoria histórica es diferente de la historia oficial. Es el relato no editado que nos llega a través de los que protagonizaron aquellos sucesos tan terribles. Los libros de Historia con los que nos hemos formado no hablaban nada, ni suele hablar mucho todavía, de lo que ocurrió en la guerra civil ni del relato del perdedor. La historia oficial siempre la escriben y la cuenta el que gana un conflicto. La historia no contada, la historia del perdedor de aquel conflicto, no nos ha llegado. Pero descubrimos que hay mucho que contar, mucho sufrimiento, muchas víctimas, muchas penurias, entre los que no hacían otra cosa que defender la legalidad vigente en el momento en que se produce el golpe de Estado en el 36. Sin embargo, no ha llegado nunca su relato a la actualidad. A los que piensan que se pretenden reabrir heridas les diría que lo que pretendemos es completar ese relato oficial para tener un conocimiento exacto de lo que verdaderamente ocurrió.

Y no nos mueve el rencor, ni el odio, ni las ganas de abrir heridas, sino el deseo de que las víctimas que murieron injustamente por defender una legalidad vigente se les repare su memoria y se les dignifique. Muchas de esas víctimas están todavía en fosas comunes o en cunetas en muchos pueblos de Andalucía. Entonces. No se pretende nada de abrir heridas, más bien curar y sanar heridas. Además, con la celebración del 14 de junio de homenaje y recuerdo a las víctimas no estamos haciendo nada más que cumplir un mandato de nuestra vigente Ley Andaluza de Memoria Histórica, que lo recoge muy bien en su artículo 17, con actuaciones públicas. Por cierto, el Gobierno de la Junta de Andalucía todavía no ha celebrado ninguna conmemoración institucional pública y llevan ya seis años gobernando. El año pasado cubrieron expediente con la visita de un viceconsejero de una fosa y punto.

Lo digo porque es el momento es el idóneo para decir estas cosas. Porque el domingo pasado vimos al presidente de la Junta asistiendo a una concentración convocada por su partido en el que se clamaba por la democracia. El objetivo final de las leyes de memoria histórica que se han aprobado en España tienen, fundamentalmente, tres objetivos: que se conozca la verdad de lo que ocurrió, que se repare la dignidad agredida y dañada de las víctimas, y garantizar que no se vuelvan a ocurrir hechos similares. Es decir, si tenemos un conocimiento exacto de lo que ocurrió, y sabemos que aquel golpe de Estado que acabó con la democracia en el 36 en España dio pie a un periodo autocrático, de miedo, de persecución, de asesinatos, para evitar que eso vuelva a ocurrir en un futuro tenemos que empezar a conocer la verdad de lo que ocurrió. Defender las leyes de memoria histórica y su cumplimiento no es más que preservar la democracia, es proteger la democracia. Nuestras nuevas generaciones tienen que conocer lo que ocurrió y, a partir de ahí, elaborar las herramientas para poder defender la democracia. Cultura democrática.

¿Cuáles son sus reivindicaciones? ¿Cuáles son esos incumplimientos que vienen denunciando?

J.E.G. El PP, donde está gobernando con el apoyo de Vox, está derogando las leyes de Memoria Histórica una tras otra. En Andalucía no se deroga pero está en un perfil bajo. Nosotros reivindicamos que se declaren Lugares de Memoria, que hay 39 preparados del gobierno anterior y en más de seis años se han declarado solo tres. Y hay uno muy simbólico, en Camas (Sevilla), donde el ayuntamiento solicitó hace ya unos años que se catalogara el Cortijo de Gambogaz. El Consejo de Memoria de la Junta de Andalucía se disolvió porque había que renovarlo pero no parece que haya disposición. Hay que demostrar que la memoria es un tema de democracia, de cultura democrática.

El día 24 se va a firmar el protocolo de la fosa Monumento, que ha sido ya aplazado un par de veces, y el Ayuntamiento de Sevilla va a decir no tenemos partida ahora y tendremos que esperar al año que viene. Se calcula que allí hay más de 2.600 personas, no solamente de Sevilla sino también de los pueblos de dentro y fuera de la provincia. Ahora que se lo planteen a Vox a ver. Lo que he planteado es que si la Secretaría de Estado de Memoria puede hacer lo mismo que hizo Juan Espadas cuando era alcalde, que puso 1,2 millones de euros en la mesa y cuando el resto se vaya incorporando lo va recuperando. Así sucedió con Pico Reja. En Sevilla también tenemos pendiente qué pasa con la Ranilla o con la Gavidia.

¿Cuál es el desarrollo de la Ley de Memoria en Andalucía por parte de la Junta?

A.M.M. Donde mejor se ve la voluntad política de un gobierno y una gestión es en los presupuestos. ¿La ley por qué no se cumple ni se desarrolla? Pues posiblemente porque ni siquiera se dote de presupuesto para eso. La ley obliga a que cada cuatro años se apruebe un plan cuatrienal de actuaciones en memoria histórica y democrática que tiene que ser revisados anualmente a través de los planes anuales. En Andalucía se ha puesto en marcha solo un plan cuatrienal (2018-2022). Su vigencia terminó el 31 de diciembre de 2022. Estamos a junio de 2025 y todavía no conocemos ni siquiera el borrador del segundo plan.

Aquel primer plan cuatrienal tuvo un presupuesto de 9,5 millones de euros. La Junta presentó el año pasado un documento de siete párrafos para justificar la ejecución de ese plan, reconociendo que habían provisto solo 4,5 millones. Es decir, cinco millones de euros se fueron a otro lado, no sabemos dónde, desde luego a políticas públicas de memoria no. Y todo eso sin entrar a valorar qué ejecución presupuestaria se hizo de ese dinero del que se dispuso, porque no se presentó ninguna memoria en el Parlamento de Andalucía como dice la ley. Lo sabemos también porque todas las asociaciones que tenemos en todas las provincias se quejan de la situación, de que ni llega el dinero ni se inicia el trabajo en una fosa ni nada de nada, salvo que sea la Secretaría de Estado la que esté financiando el proyecto.

Al hilo de ello, siempre han denunciado que la Junta se apropia de actuaciones que no financia. Pero sin ir más lejos la semana pasada presumió de que dedicaba más de un millón de euros a las tareas de exhumación e identificación de víctimas. ¿Cómo es eso de que se las apropia?

A.M.M. Porque no hace ninguna que la financie solo la Junta. La Secretaría de Estado de Memoria, conocedora de la situación, está impulsando proyectos que están abandonados, arrinconados, para exhumaciones de fosas, para identificaciones. Pero, cuidado, que hay 3.000 familias esperando los resultados de análisis genéticos de los cuerpos que están en el Centro de Estudios Biomédicos de Granada. ¿Qué hace el Gobierno de España? Pues salva un poco la situación. ¿Y cómo lo hace? Pues financiando fosas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, a través del Consejo Territorial de Memoria. Por cierto, esta semana con tres millones de euros aprobados a las comunidades para financiar exhumaciones de fosas. ¿Sabes qué comunidades votaron en contra? Madrid, Murcia y Valencia. ¿Dónde está Vox? En la tres, con el PP.

El presupuesto andaluz de 2025 para exhumaciones directamente tiene un epígrafe con 115.000 euros, y para estudios previos para una intervención en fosas, sin que esté especificado con esa claridad, otros 225.000 euros. Si hay un clamor por parte de las familias, que existe y que es real porque quieren encontrar los restos de su familiar, porque se están muriendo los hijos y no saben dónde está su padre, pues el Gobierno de España tiene que responder, claro que sí.

Ante el aumento de la extrema derecha en Europa y el mundo, y las actitudes de apoyo muchos jóvenes, ¿tiene mayor importancia la memoria histórica que viene reglada en España para crear más conciencia democrática?

A.M.M. Esa es la clave. Hay un dicho muy conocido que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué las leyes de memoria histórica le dan tanta importancia a la transmisión del conocimiento? Primero, porque sabemos que hay un déficit en ese conocimiento. El relato oficial que quedó del franquismo, pervertido por la mano del represor no hablaba nada de esto. El relato de la víctima, que es el que sabe de sufrimiento, de cárcel, de tortura, de asesinatos, está perdido. Y las leyes de memoria histórica consideran que es importante que las nuevas generaciones conozcan lo que ocurrió. ¿Con qué objetivo? Para que impidamos entre todos que eso pueda ocurrir.

Y la prueba nos la está dando ahora mismo la población actual, con generaciones jóvenes. Hace poco el CIS decía que hay un porcentaje elevadísimo de gente joven que dice no importarle que vuelva a haber un gobierno autocrático en el país. Desde luego, hablan desde un desconocimiento absoluto, porque no saben lo que es una dictadura, se han criado en democracia pero poco han aprendido de ella porque la dictadura es la antítesis de la democracia. Al no haber probado en sus carnes lo que es una dictadura, no prestan atención, y eso me parece un problema muy grave. Por eso no puedo entender que un gobierno de una comunidad autónoma como la de Andalucía tenga un presidente que el otro día en Madrid enfervorecidamente clamaba por la democracia y, sin embargo, incumple leyes de memoria histórica que pretenden, sobre todo, preservar la democracia de amenazas similares a las que ocurrió en el 36. Es para pensárselo. No se pretende para nada por parte de los memorialistas, como comentábamos antes, buscar ningún tipo de revancha. No actuamos desde el rencor. Tendríamos que aprender de esos errores para evitar que se vuelvan a repetir. ¿Y cómo se evita? Reforzando nuestra democracia.

Por eso queremos apelar a la decencia democrática del Gobierno andaluz, porque creo que tienen la responsabilidad, como decía antes, de preservar la democracia. Y si no saben cómo hacerlo, que empiecen a trabajar en el rescate de ese relato perdido y que ejecute la ley y que la cumpla, y que dote de presupuesto suficiente a las políticas públicas de memoria democrática. Hay muchas personas que se están muriendo sin saber dónde está su padre, y eso creo que es fundamental.