Los tres grupos de oposición de izquierdas en Andalucía -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- han acechado este jueves al presidente Juan Manuel Moreno con la polémica de los contratos a dedo con clínicas privadas, prorrogados durante dos años por su Gobierno amparándose en un marco legal habilitado durante la pandemia y derogado en mayo de 2021.
Moreno vino preparado para encajar el golpe y se trajo al Parlamento andaluz la artillería pesada para contraatacar a los socialistas con recorrido por los casos de corrupción más sonados, desde los años 90 hasta la actualidad: desde “el caso Luis Roldán” -el ex director general de la Guardia Civil que hace 30 años protagonizó el mayor escándalo de corrupción de la transición, acabando con 14 años de gobiernos socialistas- hasta la dimisión, este miércoles, de la jefa de la Benemérita, María Gámez, tras ser imputado su marido en una pieza derivada del caso ERE...
Desde la investigación abierta en los tribunales por enchufismo y el uso de fondos públicos en prostíbulos con cargo a la extinta Fundación Andaluza Fondo para la Formación y el Empleo (Faffe), durante los años de gobiernos del PSOE en Andalucía, hasta el reciente caso Mediador -“Tito Berni”-, que ha hecho caer a un diputado socialista en el Congreso acusado de cobrar mordidas a empresarios, incluido fiestas con prostitutas en un club de Madrid. “El caso ERE, el caso Roldán, la dimisión de una directora de la Guardia Civil, las fotos con prostitutas... ¿No les recuerda esto a tiempos pasados?”, ha preguntado Moreno en su réplica al líder de la oposición, el socialista Juan Espadas.
La polémica de los contratos de emergencia en Andalucía, destapada por este periódico, ha protagonizado la sesión de control al presidente andaluz, en un ambiente crispado como pocas veces esta legislatura. Los tres grupos de izquierdas han encontrado un filón en este asunto para hostigar a un Moreno que disfruta de una mayoría absoluta sin sobresaltos, pero que en los últimos días se ha visto por primera vez a rebufo de las críticas de sus oponentes.
243 millones en dos años
Entre enero de 2021 y diciembre de 2022, el Sistema Andaluz de Salud (SAS) adjudicó a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, 242,7 millones de euros a clínicas privadas encadenando cuatro prórrogas y cientos de adendas a contratos de emergencia que triplicaron un presupuesto inicial de 70 millones. Las resoluciones de prórrogas, que justifican un sobregasto de 173 millones, se amparan en un Real Decreto ley derogado en mayo de 2021.
La Consejería de Salud justifica la vigencia actual de esta contratación a dedo hasta junio de 2023, minimiza que el marco legal estatal esté caducado, y se aferra a dos informes jurídicos del SAS que concluyen que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no ha suspendido la declaración de pandemia por la Covid-19 que hizo en 2020. Con ese contexto, la Junta ha estirado la legislación estatal de emergencia -la Ley de Contratos del Sector Público-, pero aludiendo también al “refuerzo” que supuso un Real Decreto ley habilitado por el Gobierno en plena pandemia, y derogado en mayo de 2021.
En el cara a cara con el presidente andaluz, Espadas ha dejado dicho que estos contratos se hicieron en “fraude de ley” y que son “nulos de pleno derecho”, pero ha esperado a salir de la sede parlamentaria para confirmar a los periodistas que su grupo denunciará el caso ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas “una vez haya recopilado toda la documentación necesaria”. “Este es su caso y se llama caso Emergencias”, ha espetado el secretario general del PSOE-A a Moreno.
El presidente de la Junta ha defendido la legalidad de los 79 contratos a dedo con clínicas privadas, “todas las prórrogas y las adendas”, asegurando que están validadas por informes jurídicos solicitados expresamente por el SAS, y también por el Tribunal de Cuentas. “Lo del Tribunal de Cuentas es falso, no tienen ningún aval”, le ha respondido Espadas, tras preguntarle si conocía los informes del SAS para justificar la ampliación de gasto y las prórrogas hasta junio de 2023. Moreno no ha mencionado a la Intervención General de la Junta, aunque la Consejería de Salud y el portavoz del Gobierno andaluz sí han aludido a una “fiscalización a posteriori” de los contratos de emergencia.
Huelga de sanitarios el sábado
El presidente andaluz ha rechazado tajantemente las acusaciones de sus oponentes sobre una supuesta intención de “privatizar la sanidad pública andaluza”. El debate a cara de perro tiene lugar apenas 24 horas antes de una huelga de sanitarios convocada por los sindicatos de clase y del sector, que reprochan a la Junta no estar cumpliendo sus compromisos para blindar la Atención Primaria, una semana después de haber firmado los acuerdos de concertación social con CCOO y UGT.
También el Sindicato Médico de Andalucía, que aglutina al 95% de los facultativos, ha saltado del acuerdo firmado hace un mes con la consejera de Salud, Catalina García, para aliviar la presión asistencial de los médicos de familia, a la convocatoria de huelga y las movilizaciones convocadas para este sábado. García ha afeado a los sindicatos que combinen la firma de pactos de diálogo social con protestas en la calle, asegurando que el Gobierno andaluz mantendrá los compromisos suscritos.
En el frontispicio de estas movilizaciones está la polémica orden de Salud que abre la puerta a concertar, por primera vez, la Atención Primaria con los hospitales privados. La oposición y los sindicatos en pleno han exigido a la Junta que retire la orden; CCOO y UGT creyeron arrancar al Gobierno andaluz el compromiso de volver a modificar su redacción para que no hubiera ninguna opción de externalizar a los médicos de cabecera, pero esto último ni se ha plasmado en un papel ni ha sido interpretado por la Administración como una urgencia que había que acometer de inmediato.
“Pufos y contratos verbales”
También la polémica de los contratos a dedo bajo el marco legal derogado de la pandemia agita las movilizaciones. Moreno ha amenazado a Espadas con sacar “pufos” en la contratación pública de anteriores gobiernos del PSOE, mencionando obras en carreteras de Jaén, que se hicieron con “contratos verbales”, algo que también permite la Ley de Contratos del Sector Público.
La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, también ha abroncado al presidente de la Junta por “usar una normativa para prorrogar contratos a dedo, a sabiendas de que no estaba vigente”. “Usted no tenía soporte legal para hacer esto, y la Consejería de Hacienda les advirtió por escrito que debían hacer un uso residual de esos contratos, pero siguió ampliándoles”, dijo.
Nieto también se ha referido a la transferencia de crédito de 55 millones de euros, detraídos del presupuesto de salud pública, para costear el gasto sobrevenido de los contratos a dedo con la privada. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha puesto el foco en los 8.000 sanitarios de refuerzo “despedidos” en 2021, cuando la Junta seguía ampliando el gasto en las contrataciones con la privada apelando a la “sobrecarga” del SAS que arrastraba por la pandemia.
El presidente andaluz ha acusado al bloque de izquierdas de vivir en una “realidad imaginaria e ideológica”, negando categóricamente que su Gobierno esté “privatizando la sanidad pública”. “Nuestro porcentaje de conciertos con la privada es del 3,86% y en 2018 era del 4,27%. Todas las comunidades lo hacen y Andalucía es la que menos lo hace”, sentenció.