Niños y niñas pobres de solemnidad en la cuarta economía de la Eurozona

Rocío tiene cinco hijos, la mayor de diez años y el menor de solamente uno, y esta noche sí sabe qué les pondrá de cenar a sus hijos porque su marido lleva unas semanas trabajando en la recogida de la fresa de Huelva y han entrado 300 euros en la cuenta corriente que llevaba a cero desde octubre, desde el último trabajo precario que duró sólo seis meses. La única ayuda que entra regularmente en casa de Rocío son los 750 euros cada seis meses que  recibe por sus hijos, 25 euros al mes por cada uno de ellos.

Esta noche, el menú no será lujoso en casa de Rocío pero al menos no cocinará macarrones cocidos, refritos con ajo y sin acompañamiento que cocina muchas noches cuando en el monedero no tiene absolutamente nada: “Yo muchas veces tengo cero euros en el monedero”, detalla Rocío, una sevillana de 30 años que admite “sin vergüenza ninguna” que se ha llegado a poner en la puerta de los supermercados a pedir comida para poder alimentar a su prole o que hay días que sobrevive gracias al generoso y solidario puchero que le sube su vecina. Por suerte, la modesta casa de 50 metros en la que vive Rocío, su marido y sus cinco hijos ya está pagada y no teme un desahucio.

Laura, de 44 años, vive sola con su hija de 14 en Córdoba capital, a la que va sacando adelante con lo que gana cuidando a personas mayores y dependientes. Confiesa que raro es el mes que gana más de 650 euros, a los que le debe restar los 350 euros de alquiler y los gastos de luz, agua y gas. “En mi casa no ponemos la calefacción porque una factura de 80 euros para mí sería una ruina”, explica al recordar cómo ha pasado el último invierno.

“Cuando llegaba la noche, si hacía mucho frío, mi niña y yo nos metíamos en la cama con mantas y esa ha sido nuestra calefacción”, admite esta mujer que a pesar de tener un empleo dice acudir regularmente a un convento de monjas a por alimentos de primera necesidad, tales como arroz, legumbres, algo de leche, aceite y galletas. Los días que hace mucho frío, la hija de Laura no se quita la chaqueta ni dentro de casa y un ventilador es todo el aire acondicionado que esta familia ‘monomarental’ se puede permitir en verano.

Pilar, cocinera de 38 años que trabaja más de 10 horas al día aunque sólo la tienen dada de alta cuatro horas, ingresa 700 euros al mes con los que se tiene que apañar para sacar adelante a su única hija de 6 años. Al igual que Laura, a su exiguo salario le resta los 400 euros que paga de alquiler más los gastos de luz, agua y gas. Con lo que le queda libre, “muchos meses tengo que ir a Cáritas a por alimentos porque no me llega”.

Ninguno de estos niños y niñas vive en familias que ingresen más de 9.000 euros al año, por lo que forman parte de las estadísticas de pobreza infantil severa. Lejos de ser una anécdota, la pobreza infantil severa que sufren los hijos de Rocío, Laura y Pilar es una escena que se ha visto acrecentada en casi 500.000 niños y niñas desde el comienzo de la crisis, según el Informe ‘Desheredados’ de la ONG Save the Children, elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística de 2015 que reflejaban que el 16,7% de la población infantil española tiene condiciones de vida en situación de pobreza severa.

España, sexto país de la UE con más pobreza infantil severa

Mientras la población infantil más pobre ha visto disminuidos sus ingresos desde 2008 en un 32%, los niños que viven en hogares acomodados sólo han visto decrecer los ingresos un 6%, desmontándose el mito de que la crisis económica ha afectado a todas las capas de la población por igual. Así, España ocupa el sexto lugar en este desolador ranking europeo de niños y niñas pobres de solemnidad, a pesar de que nuestro país es la cuarta economía de la Eurozona.

Eurostat, la Oficina Europea de Estadísticas, infivs que, mientras que la media europea de protección a la infancia y las familias es del 2,4% del PIB, en España sólo se invierte un 1,3% de la riqueza estatal, siendo Francia el país que más dinero dedica a proteger a la infancia empobrecida, aunque tiene la mitad de niños y niñas en situación de pobreza que España. Sólo un 33% de los menores españoles más pobres reciben alguna prestación social. En los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno de España para 2017, sólo se dedicarán 25 millones de euros a luchar contra la pobreza infantil que, de manera más o menos grave, en España sufren tres millones de niños y niñas.

Ni pescado ni fruta

Fundación Balia, ONG que trabaja con población infantil y juvenil en situación de pobreza, asegura que los niños y niñas que acuden a sus programas viven en “familias monoparentales con la madre a cargo de los hijos, en un 70% de los casos con todos los miembros en paro y con trabajos de economía de subsistencia”, indica Francisco Javier Aguilar, educador social de esta entidad que trabaja en el barrio sevillano de Los Pajaritos, a pocos kilómetros del centro de la capital andaluza y, sin embargo, con estampas que parecen del Sarajevo de posguerra.

Si el perfil de los hogares con menores en situación de pobreza severa es similar, las carencias también lo son. Los niños y niñas más que viven en el 10% de los hogares más empobrecidos de España, según la Encuesta de Condiciones de Vida, comen en el comedor escolar, nunca estrenan ropa ni calzado porque van heredando de vecinos, amigos y familiares, pasan frío en invierno y calor en verano, no van a las excursiones del colegio porque sus padres no las pueden pagar, no asisten nunca al cine y, en fines de semana o periodos vacacionales, jamás comen pescado, ni una carne que no sea de pollo y raras veces toman frutas y verduras en casa. Por supuesto, ni les suena qué es eso de irse en verano a la playa, de campamento o de viajes al extranjero para aprender idiomas.

“Yo los fines de semana y el verano los temo, porque hay días que no tengo nada que darles de comer”, afirma Rocío, quien la única ayuda regular que recibe son 25 euros al mes por cada uno de sus hijos cinco hijos y que ha tenido que ir a hablar al colegio para explicarles a los profesores cuál es el motivo por el que sus hijos nunca van de excursión, no llevan el material escolar completo o apuran las zapatillas hasta el límite.

“El año pasado fueron tres días a una granja escuela que costaba 70 euros y mi hija mayor no pudo ir. De 25 niños que hay en la clase, cinco no fueron”, relata Rocío con profundo pesar, quien reconoce que muchas noches acuesta a sus hijos con un “vasito de leche y galletas” porque no tiene nada para hacerles de cena.

La crisis ha sido devastadora

Elisa Montero, jefa de estudios del colegio público sevillano La Candelaria, situado en Los Pajaritos, el barrio más pobre de España según el Instituto Nacional de Estadística (INE), reconoce que los maestros de su centro escolar hacen periódicamente una compra de su propio bolsillo para darles el desayuno a los alumnos que no desayunan en casa. Es más, reconoce que “cuando detectamos situaciones de extrema urgencia, los maestros nos pasamos por el supermercado, compramos comida y, con respeto y sin que nadie lo vea para no estigmatizar, se lo damos a la madre cuando acude a recoger al niño”, aunque reconoce que no es la solución y esos gestos sólo sirven para “amortiguar el golpe”.

“En mi colegio siempre ha habido desigualdad y pobreza, pero la crisis ha sido absolutamente devastadora. Nunca pensé que fuera a ver lo que estoy viendo”, manifiesta esta jefa de estudios que, ante la imposibilidad de muchos niños de llevar los materiales escolares, ha organizado un plan de compras centralizadas por el que las familias se ahorran la mitad del dinero. “Al principio de curso, unos cuantos profesores recorremos, fuera de nuestro horario laboral, los almacenes de los polígonos para comprar los materiales al por mayor y, en lugar de los 60 euros que cuestan, a las familias les sale por la mitad y lo van pagando como van pudiendo, porque muchas de ellas no pueden ni pagar 30 euros”, apunta esta mujer que se dice defensora de una escuela que “no sólo enseñe materias curriculares, sino que se comprometa y trabaje sin descanso contra las desigualdades sociales”.

A peor alimentación, menor rendimiento escolar

La pediatra Valle García, que pasa consulta en el centro de salud del barrio cordobés de La Fuensanta, manifiesta que alguna madre le ha llegado a confesar no poder darle yogures a su hijo por la situación económica que atraviesa. En este sentido, cuando Valle García detecta un caso de pobreza severa activa el protocolo previsto dentro de la sanidad pública andaluza, por el que la familia es derivada a un trabajador social y es informada de los  recursos sociales disponibles.

Esta pediatra cordobesa afirma que la pobreza es la causa por la que está creciendo el número de casos de obesidad infantil y que la malnutrición, además de sobrepeso, se relaciona también con “menor rendimiento escolar,  abandono temprano de los estudios y falta de hierro”, para lo que Valle García recomienda a sus pacientes tomar caracoles, debido a que las almejas, que es lo que se prescribe para aumentar el hierro en barrios más afortunados, son muy caras e inaccesibles para la mayoría de las familias usuarias de su consulta.

La pobreza se hereda

La ONG Save the Children apunta en su informe que el 80% de los niños pobres serán también adultos pobres y subraya que la desigualdad entre la población infantil en Andalucía ha crecido un 15% desde el comienzo de la crisis. “El drama es que en Andalucía la desigualdad infantil ha crecido desde 2008 el doble que la media española”, matizan desde la oenegé.

Si en 2015 el riesgo de pobreza entre las familias monoparentales españolas, formadas en su mayoría por madres solas con hijos a cargo, fue de un 37,5%, en 2016 ha crecido casi cinco puntos y se sitúa en el 42,2%. En total, más de 800.000 hogares formados por un adulto, casi siempre mujer, con uno o más niños tiene dificultades para cubrir los gastos de vivienda o dar una alimentación adecuada a sus hijos.

Las entidades que trabajan en el ámbito de lucha por la pobreza coinciden en pedirle al Gobierno que modifique urgentemente la prestación actual por hijo a cargo y, en lugar de 25 euros mensuales, pase a ser de 100 euros para todos los niños y niñas que viven por debajo del umbral de la pobreza y situar las políticas de protección a la infancia cercanas a la media de la UE.