El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha defendido su “independencia” al frente de dicha institución, así como la “legalidad” de la decisión de “posponer” la fiscalización de los contratos menores que adjudicó a dedo su propio departamento en 2022, cuando era consejero de Educación en el Gobierno de Juan Manuel Moreno.
Cardenete se ha pronunciado así en declaraciones a Europa Press, tras las críticas de los grupos de oposición de izquierda al Gobierno del PP andaluz por el uso “torticero y partidista” de un órgano independiente cuya función principal es fiscalizar al Gobierno autonómico. El presidente de la Cámara de Cuentas se enfrentó el pasado miércoles a un debate de reprobación en el Parlamento andaluz por haber paralizado la auditoría de los contratos menores que una jueza está investigando por un posible delito de malversación en el fraccionamiento “masivo” de contratos sanitarios.
El que fuera viceconsejero de Turismo y consejero de Educación en 2022 ha señalado así que “dentro del marco legal que regula nuestras competencias”, la mayoría del pleno de la Cámara de Cuentas decidió “posponer la aprobación de las directrices técnicas de un informe sobre la contratación menor en el sector público autonómico” para “evitar interferir” en un proceso judicial en curso, la causa en la que está personada la Junta como responsable civil subsidiaria, y que cuenta ya con un directivo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) imputado.
La decisión de frenar la fiscalización, según insiste Cardenete, “no responde a intereses políticos ni a presiones externas, y mucho menos a voluntad de ocultar información”. En esa línea, el presidente de la Cámara de Cuentas andaluza defiende que “la prudencia, en este caso, es una obligación”, al tiempo que asegura que, “una vez aclarada la posible colisión con el proceso judicial, se retomará el trabajo en condiciones de normalidad”.
En ese sentido, ha recordado que la Cámara de Cuentas es “una institución diseñada para ejercer un control técnico, riguroso e independiente sobre la gestión de los recursos públicos”. Por ello, ha indicado Cardenete, “es fundamental que su labor no se vea condicionada por los vaivenes del ciclo político, ni convertida en herramienta al servicio de intereses partidarios o mediáticos”.
Según incide el presidente de la Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador ha actuado “con plena transparencia y dentro de la legalidad”, al tiempo que ha subrayado que “esta no es la primera vez que se suspende o ajusta el desarrollo de un informe”. “Nuestra práctica institucional demuestra que, ante determinadas circunstancias, los trabajos pueden ser reprogramados o revisados”, y eso “no implica desviación, sino una correcta aplicación del principio de oportunidad institucional”, ha abundado Manuel Alejandro Cardenete en esa línea.
Dicho esto, el presidente de la Cámara de Cuentas lamenta “profundamente que se intente convertir esta decisión técnica en un debate político o en una muestra de opacidad”, porque “los hechos lo desmienten”, y “la Cámara ha emitido regularmente informes sobre contratación pública”, ha remarcado. “Pretender otro enfoque es desconocer la naturaleza y la función de los órganos de control, que deben ser guiados por el rigor, la integridad y la profesionalidad, no por la lógica del titular fácil o el protagonismo coyuntural”, ha añadido Cardenete.
Cardenete ha aprovechado la ocasión para trasladar su “disposición a comparecer ante el Parlamento cuantas veces sea requerido”, entendiendo que, para él, “no es una opción”, sino “una obligación”. No obstante, considera que “también es necesario preservar la naturaleza institucional de este acto” de comparecer en el Parlamento, “evitando que se convierta en un instrumento de presión ajeno al trabajo técnico de la Cámara”.
Por otro lado, y después de que desde los grupos de oposición de izquierdas al Gobierno del PP-A se haya recordado la etapa de Cardenete como viceconsejero y consejero del Ejecutivo andaluz en la pasada legislatura, el ahora presidente de la Cámara de Cuentas ha subrayado que se siente “orgulloso de la labor realizada” en la Junta.
Además, ha subrayado que “esa trayectoria fue conocida desde el momento” de su nombramiento, y “no ha condicionado, ni condicionará, mi desempeño”, según sentencia Cardenete, quien defiende en ese sentido que le “guían, como siempre, la honradez y el compromiso con lo público”.
También justifica su “abstención en la fiscalización de subvenciones turísticas correspondientes a los años 2021-2023”, al sostener que “fue una decisión jurídica y ética”, ya que “coincidían” con su etapa como viceconsejero de Turismo, y “la ley establece claramente la necesidad de abstenerse en estos casos”.
Frente a ello, Cardenete defiende que “no existe, hoy en día, una vinculación directa” que le “obligue legalmente” a abstenerse en lo que se refiere al informe sobre contratación menor en la Junta de Andalucía. El presidente incide en reivindicar que “la Cámara de Cuentas no es, ni debe ser, un actor político”, sino que “es una institución técnica e independiente cuya fortaleza reside precisamente en mantenerse al margen del debate partidista”, y “convertirla en una herramienta de desgaste político no solo daña su funcionamiento, sino que debilita nuestro sistema democrático”.
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