Aragón impulsa la economía social con una cátedra y un posgrado universitarios
Aragón se ha puesto las pilas con la economía social, un sector que mueve en la Comunidad más de 1.200 millones de euros al año, genera un 3,5 % del PIB, aglutina a más de 5.000 empresas, afecta al empleo de más de 65.000 personas –la octava parte de los ocupados-, la mayoría cooperativistas, y moviliza a alrededor de 25.000 voluntarios, según los datos de la Asociación de Economía Social y la Federación Aragonesa de Solidaridad. Y, para hacerlo, ha optado por potenciar su presencia en la Universidad con la creación de una cátedra y la oferta de un curso de posgrado.
“Creemos de verdad en la economía social y queremos contribuir a la formación en este campo”, señaló la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, que destacó el “amplio campo de posibilidades” que ofrece este sector, al que se refirió como zona de “resistencia en tiempo de crisis para tomar como modelo” y del que señaló que “debe suponer una palanca en nuestra economía”.
Este sector está integrado por las cooperativas –más de 2.000 en Aragón por el peso del sector agrario-, las sociedades laborales –casi 1.500-, los centros de empleo especial -70, con 1.700 empleos-, las empresas de inserción -10- y las fundaciones -594-.
Gastón firmó hace unos días con el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, un convenio de colaboración para poner en marcha el curso de postgrado de Experto Universitario en Economía Social-EUES, dirigido a titulados, a emprendedores y a directivos de este tipo de entidades. El curso, que tiene un presupuesto de 24.000 euros, será impartido en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo por profesores del campus, profesionales del sector y responsables de organizaciones, constará de 35 créditos e incluirá 250 horas lectivas, el grueso de ellas -216- presenciales.
El apoyo de las empresas y las trabas del Gobierno central
Esta iniciativa refuerza las materias sobre este sector que impacte la Universidad de Zaragoza, que lleva nueve años ofreciendo un diploma de Especialización en Dirección de Organizaciones de Economía Social y que recientemente ha cerrado un acuerdo con la Caja Rural de Teruel para poner en marcha una Cátedra de Cooperativas y Economía Social que será dirigida por Carmen Marcuello Servós, catedrática de Organización de Empresas en la Facultad de Economía y Empresa.
La Cátedra, que será la número 57 del campus –es el segundo de los públicos que mantiene más alianzas estratégicas con empresas para financiar investigaciones-, realizará un informe anual sobre la situación del sector en la Comunidad e incluye entre sus objetivos gestionar becas para el posgrado, organizar cursos y seminarios e impulsar proyectos de investigación y trabajos académicos, además de prestar apoyo al proyecto del Laboratorio de Economía Social de la Universidad.
La Consejería de Economía, por otro lado, está trabajando en la elaboración de un anteproyecto de ley para regular en este sector en Aragón, que, a partir de este año, contará con incentivos fiscales salvo que el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro lo impida acudiendo al Tribunal Constitucional.
Montoro quiere llevar al Constitucional las deducciones
El Gobierno central en funciones comunicó recientemente al de Aragón sus dudas sobre la constitucionalidad de las deducciones en el IRPF que las Cortes aprobaron a principios de año, a propuesta de IU y CHA, y con el apoyo de PSOE y Podemos. Se trata de un descuento en la cuota del tramo autonómico de hasta el 20 % de las cantidades invertidas para ser socio de entidades de economía social, con un límite de 4.000 euros, que serán aplicables en las declaraciones que se presenten el año que viene.
El ejecutivo de Mariano Rajoy ha citado al de Javier Lambán para tratar este asunto en la Comisión Bilateral antes de que el 2 de noviembre (cuando en principio debería haber un nuevo Gobierno) finalice el plazo para llevarlo al Constitucional.
El Ministerio de Hacienda basa su oposición a esta medida en dos suposiciones: además de sugerir que la Comisión Europea podría equiparar esas deducciones con unas vacaciones fiscales por afectar solo a entidades con sede en Aragón, sostiene que la Comunidad autónoma carece de competencias para aplicarlas ya que, al no haber excluido de los beneficiarios a los directivos de cooperativas, sociedades laborales y centros de inserción, pueden llegar a ser catalogadas como “empresariales”, cuya regulación queda fuera del marco competencial autonómico.
