El Gobierno de España transformará antiguos espacios penitenciarios en nuevas zonas residenciales con más de 1.300 viviendas protegidas y asequibles en todo el país. En Aragón, la iniciativa permitirá levantar más de 200 viviendas sobre los terrenos de las antiguas cárceles de Huesca y Torrero (Zaragoza), que pasarán a formar parte del patrimonio de la Entidad Estatal de Vivienda.
En concreto, en la capital oscense se habilitarán los suelos de la antigua cárcel provincial, donde se proyecta la construcción de 140 viviendas asequibles en una superficie superior a 2.300 metros cuadrados. Por su parte, en la antigua prisión de Torrero, ubicada en la Avenida América de Zaragoza, se levantarán otras 64 viviendas, dando un nuevo uso a unos terrenos que durante décadas formaron parte del sistema penitenciario.
La medida forma parte del proceso de traspaso de ocho infraestructuras y terrenos penitenciarios desde el Ministerio del Interior a la nueva Entidad Estatal de Vivienda, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En total, la operación está valorada en 78 millones de euros y permitirá el desarrollo de 1.332 viviendas en ocho provincias de cinco comunidades autónomas: Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado la medida tras el Consejo de Ministros de este martes y ha destacado que el objetivo es “poner todos los recursos públicos al servicio del derecho a la vivienda”. “Hablamos de parcelas por valor de 78 millones de euros para responder a la necesidad urgente de incrementar el parque público de vivienda”, ha señalado Rodríguez, quien subrayó la importancia de avanzar hacia “un sistema público de vivienda que proteja y asegure un techo para todos los españoles y españolas”.
La titular de Vivienda ha resaltado el carácter simbólico de estas actuaciones, que permitirán “resignificar espacios donde antes hubo represión y privación de libertades”. En sus palabras, “donde ayer había celdas, mañana habrá hogares”, en alusión al cambio de uso de estos terrenos penitenciarios.
La cesión de suelos afecta también a los terrenos de las antiguas cárceles de Carabanchel (Madrid), La Ranilla (Sevilla), Córdoba, Dénia (Alicante), Segovia y Briviesca (Burgos). En conjunto, todas las actuaciones se desarrollarán en el marco del Plan de Vivienda Asequible, impulsado por el Gobierno de España y gestionado por Sepes, organismo público dependiente del Ministerio de Vivienda.
Para hacer posible la gestión y urbanización de estos espacios, el Consejo de Ministros ha aprobado además una transferencia de 260 millones de euros a Sepes, destinada a financiar las actuaciones incluidas en el plan. Con esta inversión, el Ejecutivo pretende dar un impulso a la creación de vivienda asequible en suelo público y aprovechar infraestructuras en desuso para regenerar zonas urbanas.
Rodríguez ha destacado que muchos de estos terrenos se encuentran en áreas céntricas y consolidadas de las ciudades, lo que permitirá “integrar los nuevos desarrollos en el tejido urbano y aplicar una perspectiva de cohesión social y territorial a toda la acción pública en materia de vivienda”.
En el caso de Aragón, tanto en Huesca como en Zaragoza, los proyectos supondrán una transformación urbana significativa. En la capital altoaragonesa, el solar de la antigua prisión provincial llevaba años sin uso, mientras que en Torrero se da un nuevo destino a un espacio con fuerte carga histórica y simbólica.