Defender la dignidad y ganar
“Es que pedimos un poquito”, me decía con amargura María Gracia a las puertas del Edificio Aída, donde se localiza el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, el SAMA. Los y las trabajadoras del sector de la limpieza –en su gran mayoría, mujeres de más de 50 años– de la provincia de Zaragoza iniciaron hace dos semanas una huelga para reivindicar algo más allá de sus derechos laborales: su propia dignidad como empleadas. Y han ganado, ya que la patronal ha acabado aceptando incluir la mayoría de sus reivindicaciones en el nuevo convenio sectorial.
Su victoria probablemente resulte insuficiente, ya que siguen teniendo una precariedad disparada; de hecho, la elevada tasa de jornadas parciales en el empleo femenino continúa explicando gran parte de la brecha salarial que existe no solo en Aragón sino en toda España. Pero por algo se empieza. Más en tiempos tan complejos.
Si nos has seguido estos días, habrás notado que hemos puesto especial énfasis en cubrir la evolución de las protestas de los y las trabajadoras de la limpieza. Nos parecía de justicia.
“Se arregle o no se arregle, vamos hasta el final”. “El Ayuntamiento ha pagado el 3,5% de subida para este año y a nosotros nos quieren dar el 2,5%. El 1% restante ¿dónde se lo meten?”. “No llego a los 1.000 euros netos al mes”. “Hay muchas mujeres que aunque trabajan siguen en la pobreza”. “Nos tratan como a basura”. Los testimonios de Reyes, María, Milagros, Raquel o Marian iban todos en la misma dirección y dejaban al descubierto la inasumible posición de la patronal, que ha terminado cediendo.
Lo cierto es que, aunque el Gobierno de Jorge Azcón saque pecho en materia laboral y que haya motivos para el optimismo, más les valdría recordar que quedan conflictos enquistados, que las desigualdades persisten en todos los ámbitos y que seguimos recibiendo noticias casi diarias de despidos y cierres, como Majorel o Iberfoil. Y, de paso, que convenzan a sus socios de Vox de la acuciante necesidad de inmigración para compensar la caída de ocupación entre nacionales en nuestra comunidad.
Gasto público, negocios privados
La jornada de este miércoles fue una buena muestra de las políticas de gasto público que está impulsando el Gobierno del PP, ahora en coalición con la extrema derecha.
Así, mientras los profesores en los colegios siguen cruzando los dedos para que la próxima ola de calor no llegue hasta julio –algún día habrá un susto gordo por las altas temperaturas, y entonces nos echaremos las manos a la cabeza–, la vicepresidenta, Mar Vaquero, anunciaba un gasto de 56,7 millones de euros destinado a que colegios privados concierten el Bachillerato. Eso, pese a que hay un recurso en el aire que puede tumbar la iniciativa –veremos–.
Y, apenas una hora más tarde, el presidente Azcón rubricaba el nuevo contrato para Motorland, que supone destinar otros 12 millones de euros en concepto de canon a una empresa, MotoGP Sports Entertaiment Group. A cambio: el campeonato de MotoGP en 2027... y que el resto de años hasta 2031 el circuito de Alcañiz sea reserva –suplente único, incidían sus responsables como descargo–.
Hablamos de casi 70 millones de euros públicos aprobados en un solo día para negocios privados. Y, en el caso del Bachillerato, un desembolso que no tiene carácter puntual, sino que deberá repetirse año a año. Sonroja el hecho de que cuando profesores y padres han pedido al Departamento de Educación un plan inversor para refrigerar las aulas –porque el problema se da en sentido contrario en invierno–, la respuesta del Ejecutivo haya sido señalar con el dedo a Madrid: que pongan en marcha el gasto de 200 millones de euros anunciado por Pilar Alegría en 2022, reclamó la consejera Carmen Susín. ¿Cuánto le tocaría a Aragón si aplicamos el clásico 3%? Pues apenas 6 millones de euros. Para que te hagas una idea y puedas comparar cantidades.
En materia sanitaria, la deriva es similar. Estos días también te hemos contado la primacía de un solo grupo, Ribera Salud, en las privatizaciones impulsadas por Sanidad para los hospitales periféricos de Aragón: desde abril del año pasado se ha llevado contratos que, si asumimos las prórrogas, sumarán 3,2 millones de euros. Y, al mismo tiempo, el Gobierno de Aragón niega lo prometido a los hospitales públicos, como el robot quirúrgico que el jefe de Cirugía General del Royo Villanova espera desde hace años –no dejes de leer lo que nos contó Juan Luis Blas Laina si aún no lo has hecho–.
Y, mientras tanto, la extrema derecha campa a sus anchas en sus primeras cuatro semanas en el Ejecutivo, avasallando al propio Azcón con sus mensajes de corte xenófobo y contra la cooperación. Un discurso que el PP aragonés ha terminando asumiendo como propio: si podía elegir, la impresión es que ya lo ha hecho. Y de ahí el énfasis en los recursos favorables sobre los menores migrantes o en que la futura ley de vivienda autonómica incorporará la prioridad nacional como marca de la casa ultra.