El Ayuntamiento de Zaragoza intenta salvar Torre Ramona de la piqueta

El Ayuntamiento de Zaragoza ha movido ficha para salvar de la piqueta Torre Ramona, el emblemático edificio del barrio de Las Fuentes, situado entre las calles Castillo de Javier y Colegiata de Bolea, que en poco más de un siglo fue reformatorio, manicomio, escuela, centro de formación agraria y convento.

Sin embargo, PP, PSOE y Ciudadanos tumbaron en la Comisión de Urbanismo las propuestas del equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), que se vio obligado a retirarla al contar únicamente con el apoyo de CHA, para iniciar el procedimiento de catalogación de la capilla y para revocar parcialmente la licencia de derribo de la finca con la que cuenta el Gobierno de Aragón.

La iniciativa puede volver a la comisión en septiembre, aunque para entonces es posible que hayan comenzado las obras de derribo.

No obstante, el Ejecutivo autonómico anunció el viernes un compromiso con el Consistorio para cederle “el cuerpo del edificio del reformatorio del Buen Pastor, que llegó a albergar la capilla” y para permitir “el acceso y la ejecución de cuantas obras sean necesarias para garantizar la adecuada conservación del bien”, así como a adoptar durante las obras de demolición “las medidas que sean necesarias para evitar cualquier afección a la parte del edificio objeto de la cesión”.

Sí salió adelante la propuesta de instalar vallas para impedir el acceso de personas a la finca, que lleva cuatro años abandonada, y para desbrozar el jardín. En este caso, los concejales de todos los grupos la apoyaron tras informar el gerente de Urbanismo que, en caso de que se produjera algún accidente, el veto a esa medida podría conllevar responsabilidades personales para los ediles.

Una compensación por las mermas tributarias

El Gobierno de Aragón se hizo con la propiedad de Torre Ramona en 2010, en el mismo acuerdo de compensación de mermas tributarias por el que el Ejecutivo central le endosó los edificios de la Expo de Ranillas y la sede del Banco de España en Teruel, valorados en 500 millones de euros en su conjunto.

El pacto, formalizado después mediante un real decreto, incluía el edificio de Torre Ramona, un complejo de 5.644 metros cuadrados que estuvo ocupado hasta 2014 por las monjas de Nuestra Señora del Pilar y Santiago Apóstol, si bien es propiedad de las administraciones públicas desde que en 1901 el industrial zaragozano afincado en Chile Francisco Andrés Oliván cediera las 13 hectáreas de lo que hasta entonces se había llamado Torre Guallart, junto con un crédito de 4.000 pesetas, al Hospital Provincial y al Hospicio de Zaragoza, dependientes de la Diputación Provincial.

Las monjas abandonaron el edificio mediante un acuerdo en el que participó la Fundación Rey Ardid, que permutó la porción de terreno que aseguraban poseer en el complejo, 500 metros cuadrados que dedicaban a huerto, por una finca en Movera a la que se trasladaron las últimas cuatro miembros de la comunidad.

Esa permuta permitió a la fundación entrar en el proyecto que poco después lanzaría el Gobierno de Aragón, que pretende demoler el próximo otoño el edificio, que se encuentra en un estado ruinoso y de abandono, para desarrollar allí la zona de viviendas, áreas ajardinadas y equipamientos que contempla el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza.

Una demolición autorizada antes de promover la catalogación

El anterior Consistorio rechazó en 2013, con el voto en contra de PSOE, CHA e IU y la abstención del PP, es decir, sin votos a favor, la petición de las monjas y de la fundación para recalificar dos parcelas de esa área y permitir su desarrollo urbanístico.

Los nuevos permisos deben pasar, en todo caso, por la actual corporación, que hace unos días comenzó a tramitar la protección del edificio para evitar su derribo, tal y como habían solicitado algunas entidades del barrio de Las Fuentes. No obstante, la demolición, que en todo caso excluiría la capilla del convento, parte del huerto y un árbol monumental existente dentro del recinto, fue autorizada el 1 de marzo.

La asociación vecinal Las Fuentes solicitó a principios de julio al Ayuntamiento “que se inicien los trámites para definir la protección patrimonial del edificio” y su inclusión en el catálogo de edificios de interés histórico y artístico de la ciudad, junto con otra batería de peticiones para que sea dedicado a equipamientos públicos para el barrio.

En este sentido, el Servicio de Inspección Urbanística dirigió hace unos días un informe a la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano en el que proponía catalogar como espacios protegidos tanto la capilla como el huerto, a los que se refiere como “importantes elementos de referencia histórica del barrio”.

Las obras de derribo requieren, en cualquier caso, un informe previo del Instituto de Seguridad Laboral, ya que algunas partes de los edificios contienen restos de amianto.