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Torre Ramona: de manicomio y reformatorio a urbanización con todas las bendiciones

Las monjas tuvieron hasta 1990 el usufructo de la finca, endosada por el Gobierno central al autonómico en 2010

Eduardo Bayona

Zaragoza —

El ruinoso convento de Torre Ramona, en el barrio zaragozano de Las Fuentes, que antes fue manicomio y reformatorio, se transformará en un área residencial con equipamientos si salen adelante los planes del Gobierno de Aragón, su actual propietario tras endosárselo el Ejecutivo central en el acuerdo de marzo de 2010, como compensación por los más de 500 millones de euros que la comunidad había dejado de ingresar por las mermas tributarias, junto con el grueso de los edificios de la Expo de Ranillas y la antigua sede del Banco de España en Teruel.

El convento, un complejo de 5.644 metros cuadrados ubicado en la confluencia de las calles Castillo de Javier y Colegiata de Bolea, estuvo ocupado hasta 2014 por las religiosas de Nuestra Señora del Pilar y Santiago Apóstol, cuya salida tuvo que negociar el Gobierno de Aragón. Lo hicieron finalmente en un acuerdo a tres bandas en el que participó la Fundación Rey Ardid, que les permutó un huerto de alrededor de 500 metros cuadrados por la finca de Movera a la que se trasladaron las últimas cuatro monjas.

La empresa pública Suelo y Vivienda (SVA) está ultimando el proyecto de derribo que la Consejería de Hacienda tiene previsto licitar el próximo verano, explicaron fuentes del Ejecutivo autonómico, que recalcaron que “el edificio se encuentra en estado ruinoso, tiene problemas y genera riesgo”.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza contempla esa parcela, que incluye una zona de jardines, como una unidad de ejecución susceptible de desarrollo urbanístico, aunque el proyecto definitivo, en el que el Gobierno de Aragón quiere incluir vivienda y equipamientos, está pendiente de un acuerdo con el Ayuntamiento de la capital, que en marzo de 2013 rechazó la petición de las monjas y de Rey Ardid para recalificar a uso residencial dos parcelas calificadas como equipamiento educativo público.

Votaron en contra de la reclasificación PSOE, CHA e IU mientras el PP se abstenía. El actual Consistorio deberá valorar el nuevo proyecto, en el que van de la mano la comunidad autónoma y la fundación.

Siempre propiedad de las administraciones

El convento y sus zonas aledañas han ido cambiando de dueño, aunque sin salir nunca del perímetro de las administraciones públicas, desde que en 1901 Francisco Andrés Oliván cediera trece hectáreas de terreno y un crédito de 4.000 pesetas al Hospicio y al Hospital de Zaragoza, dependientes de la Diputación.

La zona, conocida hasta entonces como Torre Guallart, había pasado a llamarse Torre Ramona en recuerdo de su madre. Este, un zaragozano que fallecería once años después en Chile, se dedicó al comercio internacional y a la minería, además de explotar el caucho en la selva amazónica, trabajar con salitre y dirigir un banco y una compañía de ferrocarril.

En 1905 abría allí la Escuela de Agricultura Práctica Regional para niños del hospicio y labradores pobres, en 1912 se instalaba en el edificio principal el “manicomio para alienados distinguidos” de Nuestra Señora del Pilar y en 1914 la Diputación cedía al Estado la finca, que más tarde albergaría también un reformatorio, a cambio de que asumiera el mantenimiento del centro psiquiátrico.

Un usufructo que valió una permuta

Casi medio siglo más tarde, en 1960, el Estado cedió la finca completa en usufructo a la congregación religiosa, que regentaba una escuela. Ese acuerdo fue revocado por el Ministerio de Hacienda treinta años después, en 1990, en una decisión recurrida por las monjas que el Supremo ratificaría en 2003.

Una parte de la finca fue cedida en 1980 al Ayuntamiento de Zaragoza, que habilitó lo que hoy es el parque Torre Ramona, de casi 48.000 metros cuadrados, mientras el resto de la superficie quedaba reservada para la construcción de cuatro centros de enseñanza, varios de los cuales siguen pendientes.

Las monjas, mientras tanto, conservarían el usufructo, pero no la propiedad, de los 5.644 metros cuadrados en los que centra su proyecto el Gobierno de Aragón, cuyo acuerdo de desalojo acabó incluyendo la permuta que envió a las monjas a Movera.

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