Las cesiones de Azcón a Vox: asedio al migrante, coto a las renovables e intervención en el Ebro

Entre el acuerdo de gobierno suscrito por el PP y Vox para Aragón en 2023 y el anunciado esta semana hay múltiples diferencias, pero una fundamental: si el primero condensó las tesis populares con exigencias concretas de la extrema derecha, ahora sucede todo contrario: la formación de Santiago Abascal ha conseguido moldear el pacto a su agenda ultra y ha logrado que el presidente Jorge Azcón cruzara varias líneas rojas.

Las más destacadas son el asedio a las personas migrantes, el coto radical a las energías renovables y la intervención en el río Ebro. Todas ellas cuestiones en las que parte de las competencias son estatales, lo que anticipa un buen número de conflictos jurídicos.

Lucha contra la inmigración

Si hace tres años las únicas referencias a la inmigración en aquella coalición que duró once meses era la exigencia de residencia legal para acceder a subvenciones y la supresión de ayudas a organizaciones que colaboraran con mafias, en el nuevo pacto hay un término ya convertido en marca de la casa extremista –la 'prioridad nacional'– y un sinfín de alusiones destinadas a hacer la vida imposible al extranjero en la comunidad.

Hasta el punto de que, a diferencia de Extremadura, en el pacto aragonés se incluye la publicación de estadísticas de delincuencia vinculada a inmigración masiva e ilegal, algo que depende del Ministerio del Interior –con lo que difícilmente será una realidad– pero que ilustra bien el espíritu de criminalización del inmigrante que late en el documento suscrito por PP y Vox.

Entre medias, el acoso a los menores extranjeros no acompañados, el endurecimiento de los procedimientos contra estos chicos, una auditoría en la Cámara de Cuentas para analizar “los gastos vinculados a la inmigración masiva”, la lucha contra los empadronamientos “ficticios”, la prohibición del nicab espacios públicos o más dotación presupuestaria para policías locales –esta, una competencia municipal–.

Aunque el Gobierno de Azcón ha sido beligerante contra las decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de inmigración, en especial con el recurso a los tribunales –una judicialización de la política que ahora la toma de decisiones y las cede a los magistrados–, al final terminaba acatando los dictados de Madrid. En este nuevo contexto, las cosas pueden cambiar.

Un último apunte en este apartado, de menor relevancia pero muy significativo. Cuando el pasado mes noviembre Vox reclamó al Ejecutivo de Azcón que eliminara las clases de cultura marroquí en los centros educativos para los alumnos de esta nacionalidad –algo que la extrema derecha ya había logrado en la Comunidad de Murcia–, la consejera de Educación fue taxativa: “La integración la hacemos nosotros en el colegio”, respondió. Ahora, el pacto recién suscrito incluye la supresión “de forma inmediata” del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM).

Energías renovables

Otro aspecto novedoso del acuerdo suscrito esta semana tiene que ver con las energías renovables. En 2023, el único actor político que ponía en solfa la lucha contra la proliferación de renovables era Teruel Existe; Vox se sumó más tarde y por ello la única referencia entonces a la cuestión era la planificación en el territorio.

Ahora, y pese a que el PP había mantenido una posición de perfil en este aspecto porque sabe que el desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos es clave para las inversiones anunciadas en Aragón –algunas tan importantes como la fábrica de baterías o los centros de datos–, el nuevo pacto es tajante al respecto: el Gobierno de Aragón asume “el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios”, ni más ni menos, para evitar que se instalen renovables “en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional” y cuando afecto al patrimonio natural. Una inconcreción terminológica que al final puede suponer el veto de facto a todos los molinos de viento y a los paneles solares, en línea con la imposición ideológica ultra de que el cambio climático es un camelo.

Aquí hay además un factor extra. Cuando hace tres años Vox asumió el Departamento de Agricultura, su inexperiencia –y una menor capacidad de decisión ya que tenía la mitad de los diputados– le llevó a aceptar que el Instituto de Gestión Ambiental, el Inaga, se traspasara a la Consejería de Medio Ambiente, que quedó en manos del popular Manuel Blasco. Pero ahora no sucederá lo mismo, tal y como dejó caer el propio Azcón el miércoles, cuando hizo el anuncio del acuerdo: la extrema derecha tendrá capacidad para tramitar las declaraciones de impacto ambiental. Y eso que la importancia de este órgano ha quedado constatada con las investigaciones judiciales en curso.

Limpieza del río Ebro

Un punto esgrimido una y otra vez por Jorge Azcón para desacreditar a Vox durante la negociación presupuestaria fue que varias de sus reclamaciones eran ilegales. Y entre ellas citó con regularidad la limpieza del Ebro, competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro –un órgano de titularidad estatal– y ante la que una iniciativa unilateral supondría incurrir en un delito ecológico. Pero Azcón también ha tenido que cruzar esta línea roja: “Se impulsará un plan plurianual de limpieza de riberas y de actuación en el cauce del río Ebro”, recoge el nuevo acuerdo. Algo que en todo caso el Ejecutivo autonómico deberá acordar con la CHE.