Un contrato de trámites ambientales destapado por la Guardia Civil une el caso Koldo con la trama Forestalia en Aragón

Los dos principales casos de presunta corrupción destapados en los últimos meses, el caso Koldo y la trama Forestalia, tienen lazos con Aragón. Pero no solo eso: también existen vínculos entre ellos sin salir de la comunidad autónoma. El exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) bajo sospecha, Jesús Lobera, adjudicó un contrato de externalización de expedientes –uno de los puntos donde ponen el foco los investigadores– pocos días antes de dejar el cargo, en agosto de 2023, a una empresa que administra Alfonso Martínez, ingeniero de minas cuyo nombre apareció en los audios del caso Koldo. Así consta en los informes de la Guardia Civil en las pesquisas judiciales en torno a la empresa Forestalia.

Se trata de la firma Natural Resources Research and Development, cuyo socio único desde su creación en 2008 es el propio Martínez. La adjudicación del contrato menor de servicios se formalizó el 9 de agosto y solo unos días más tarde se hizo efectivo el relevo en el Gobierno, por el que el popular Jorge Azcón se puso al frente del Ejecutivo y Lobera dejó su cargo en el Inaga. El objeto de la mencionada externalización, adjudicada por 12.000 euros, era llevar a cabo informes técnicos como evaluaciones de impacto ambiental incluido en “zonas sensibles” o bien modificaciones de la declaración de impacto ambiental, entre muchos otros aspectos.

Precisamente una de las cuestiones que mencionan los investigadores de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (UCOMA) respecto al caso Forestalia es que Lobera recurrió “directamente a consultoras externas”, entre las que cita Natural Resources pero también Vea Global o Satel, para que “redactaran informes a su gusto”. “Dichos informes, según los testigos, se elaboraban con criterios técnicos más laxos y omitiendo aspectos desfavorables para los promotores, siendo posteriormente validados por la Dirección del Inaga”, abunda la Guardia Civil.

Se da la circunstancia de que Alfonso Martínez, que desde la última renovación del PSOE aragonés forma parte del Comité Regional del partido, está afiliado en la misma agrupación en Zaragoza capital –Centro I– que Jesús Lobera y también que Alfonso Gómez Gámez, secretario general socialista de esta área y que apareció asimismo mencionado en los audios de la UCO dentro del caso Koldo.

Este no es, en todo caso, el único contrato de la Administración autonómica con Natural Resources, aunque sí el último tramitado por el Inaga. De hecho, en marzo de 2024 –ya con el PP en el Gobierno– se le adjudicó por 8.600 euros la redacción del estudio de impacto ambiental de la concentración parcelaria de la zona de Villarroya del Campo (Zaragoza). Antes, en marzo de 2022, la oficina dirigida por Jesús Lobera también le había elegido para otro contrato de la misma naturaleza que el de agosto de 2023. Mientras, Natural Resources Research and Development es un contratista habitual del Ayuntamiento de Calatayud, donde desde hace años lleva a cabo la coordinación de obras puntuales para la corporación del popular José Manuel Aranda.

Aunque no ha adquirido la categoría formal de investigado –en esta causa en concreto–, Jesús Lobera está en el ojo del huracán por su gestión presuntamente laxa hacia los proyectos medioambientales impulsados por Forestalia y que precisaban del visto bueno del Inaga para ver así la luz. Según la Guardia Civil, Lobera sería la “figura central en las acusaciones de presión y cambio de procedimientos”. Los investigadores le atribuyen, a partir eso sí de testimonios de empleados del Inaga, el hecho de que “los informes técnicos internos con valoración desfavorable” fueran “sistemáticamente ignorados o devueltos”. También le achacan que presionara a empleados del Inaga respecto a expedientes concretos o que reorganizara su oficina para dar “máxima celeridad” a los proyectos de Forestalia.

Mientras, Alfonso Martínez aparece mencionado en las grabaciones de la UCO en relación con los trámites para Mina Muga, aunque solo con su nombre de pila. En la conversación entre captada entre Koldo García y Santos Cerdán, el primero llega a explicar que “Alfonso”, que es “ingeniero de minas”, había “discutido con el Guipuchi” –apelativo de Antxón Alonso– en relación con “el proyecto de la Potasa”: “Que si no salía, no salía y le debía un dinero el (silencio), uno que manda en Acciona, que es el que lleva en Navarra, bueno, uno de Acciona”, relataba Koldo. La UCO sitúa a Antxón Alonso como uno de los personajes centrales de la presunta trama criminal a través de la empresa Servinabar.