La Fiscalía Provincial de Zaragoza ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 5 contra Lucio Cucalón, alcalde de Aguarón y presidente de la Comarca Campo de Cariñena, tras recibir un escrito del Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Administración Local, en el que se señalaban presuntas irregularidades con cargo a los presupuestos comarcales y otras actuaciones realizadas en su condición de primer edil.
El documento, basado en los informes del secretario-interventor de Aguarón y en la investigación propia de la Dirección General, advertía de adjudicaciones de contratos y gastos que podrían exceder la mera irregularidad administrativa, por lo que se consideró necesario que los órganos competentes evaluaran si podrían constituir presuntos delitos penales. Según el informe, en 2024 se habrían adjudicado contratos por 235.000 euros a una mercantil con la que Cucalón mantiene supuestamente vínculos estrechos, lo que representaría más del 22% del presupuesto municipal. Entre ellos, un contrato de 109.234,55 euros fue declarado nulo por el Consejo Consultivo de Aragón tras detectar graves irregularidades, que instó al Ayuntamiento a adjudicarlo a la otra empresa participante, mientras que Electra Aguarón S.L., finalmente beneficiada, habría cobrado otros 85.000 euros sin procedimiento administrativo. Además, se habrían otorgado al menos 21 contratos menores sin seguir el procedimiento legal.
En la Comarca Campo de Cariñena se habrían detectado otros presuntos incumplimientos, como un contrato menor sin la publicidad legal exigida, ofertas de empresas vinculadas al presidente comarcal y pagos directos sin concepto. El informe también apunta a que algunos socios de Electra Aguarón S.L. son familiares o amigos del alcalde y, junto a él, participan en otra mercantil domiciliada en la misma dirección de Aguarón.
Asimismo, se investigan dietas e indemnizaciones por desplazamientos percibidas por Cucalón, que ascienden a 11.850 euros hasta enero de 2025, y numerosos gastos protocolarios sin justificar, incluidos dos almuerzos por 3.261 y 1.883 euros, que según la contabilidad se habrían celebrado con consejeros comarcales que niegan haber asistido. También se citan desplazamientos a reuniones supuestamente inexistentes en la Dirección General de Administración Local, en Protección Civil y en la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.
Por último, el informe señala la falta de control administrativo en la Comarca, donde las plazas de Secretaría e Intervención permanecen vacantes o cubiertas de forma provisional, lo que dificultaría la supervisión de pagos y la verificación de la legalidad. El Gobierno de Aragón remitió toda la documentación acreditativa a la Fiscalía el pasado 8 de agosto, que ahora deberá decidir si abre diligencias judiciales.