Los Gobiernos de Aragón renuncian a la bilateralidad con el Estado a pesar de que se reconoce en el Estatuto

El pacto entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez ha avivado en algunos dirigentes aragoneses de los partidos, especialmente el PAR y el PP, el sentimiento de agravio frente a Cataluña. Se ha vuelto a apelar a la expresión “los aragoneses no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos” o el propio presidente de Aragón ha reclamado una Conferencia de Presidentes para abordar los contenidos de este acuerdo intentando un cierre de filas de las comunidades gobernadas por el PP contra el futuro Ejecutivo central. Frente a esa rotunda oposición a un supuesto trato que perjudique los intereses generales de la comunidad autónoma, Aragón dispone de un instrumento de negociación bilateral con el Estado en el que se podría responder con firmeza y oportunidad política a todos esos sentimientos y que, sin embargo, apenas se ha reunido en sus 16 años de existencia y sin resultados convincentes. Sin ir más lejos, en toda esta legislatura no se ha celebrado ni una sola vez, a pesar de que en el artículo 6 de las normas de funcionamiento de esta Comisión Bilateral Aragón-Estado se señalaba expresamente que este máximo órgano de relación se reunirá “en sesión plenaria al menos dos veces al año y cuando lo solicite una de las partes”. El próximo 19 de noviembre se cumplen cinco años de la última vez que se celebró.

Este foro, recogido en el Estatuto de 2007, es “el instrumento principal de relación entre la Comunidad Autónoma y el Estado a los efectos de propiciar la participación y la colaboración de Aragón en el ejercicio de las competencias estatales y de favorecer el intercambio de información y el establecimiento, cuando proceda, de mecanismos de colaboración en las respectivas políticas públicas y los asuntos de interés común”. Pero ni una ni otra Administración han demostrado entusiasmo a la hora de ejecutarla. En febrero de este mismo año, el propio PP preguntó en las Cortes de Aragón a la entonces consejera de Presidencia del Gobierno, Mayte Pérez, por este órgano. La respuesta de Pérez fue contundente: “se reunirá cuando sea beneficioso para Aragón”. A la vista de los resultados obtenidos, no parece que este órgano, presidido por el titular del Ministerio de Política Territorial y que está compuesto por seis miembros por Administración, haya dado impulso a las relaciones bilaterales a pesar de su incuestionable utilidad. 

Desde su constitución, en enero de 2008, tan solo se han celebrado ocho reuniones, tres de ellas en la primera legislatura de su entrada en vigor, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Después, tan solo se celebraron dos en 2012, una en 2013, otra en 2017 y otra en 2018. 

Basta con comprobar el seguimiento de los órdenes del día de las dos últimas reuniones para comprobar los limitados efectos de los acuerdos alcanzados. En 2017, tan solo se avanzó en la creación de los tramos de la N232, entre Gallur y Mallén, y de la N260, entre Congosto del Ventamillo-Campo, así como las obras para la derivación de las aguas del Barranco del Bailín, para la descontaminación del lindano. También en impulsar la línea del Canfranc, pero nada en el impulso del desdoblamiento de la N-232 de Alcañiz al Mediterráneo. Asimismo, también se abordó, sin que se haya resuelto todavía, la reversión de los saltos hidroeléctricos del Pirineo, la segunda fase de la elevación de aguas de Andorra o la regulación de las balsas laterales del Matarraña, una infraestructura con consenso y ampliamente demandada que todavía sigue aparcada y sin visos de que se vayan a ejecutar.

Peores son los resultados de la última comisión celebrada hasta ahora. En aquella reunión de noviembre de 2018 todos los grupos parlamentarios aragoneses salieron decepcionados con sus conclusiones. Incluso la entonces portavoz del PP y actual portavoz del nuevo Gobierno, Mar Vaquero, consideró que esa reunión había supuesto un nuevo “agravio” para Aragón ante la falta de acuerdos. De hecho, se volvió a abordar sin que se avanzara nada la ansiada elevación de aguas de Andorra, y la cesión de uso del Pabellón de España de la Expo de Zaragoza, un edificio de valor arquitectónico que está vacío y degradándose desde la finalización de la muestra sin que hasta ahora se le haya dado ninguna utilidad. También se analizó un informe sobre las necesidades de financiación autonómica en función de los parámetros de despoblación, desequilibrio territorial y dispersión sin que se hayan conocido las conclusiones de ese informe y sin que haya sido tenido en cuenta en los debates de política fiscal y financiera. Incluso se pretendía analizar el desarrollo del artículo 108 del Estatuto que otorga a la comunidad ciertos beneificios en la financiación sin que nunca se haya puesto en marcha. Del mismo modo, se vieron informes sobre las infraestructuras terrestres e hidráulicas de Aragón sin que se conozcan tampoco las conclusiones definitivas ni los avances en estos apartados. 

Por tanto, mientras en 2023 se sigue apelando a la necesidad de que el Estado tenga un trato beneficioso para la comunidad autónoma y evitar que esta se sienta agraviada respecto a otras comunidades, los gobiernos de Aragón no han ejercido con su contundencia su principal herramienta de relación con el Gobierno central, que es esta comisión bilateral que cuenta además con cuatro subcomisiones permanentes de trabajo, aunque sus efectos hasta la fecha hayan sido escasos. Está por ver si en la nueva legislatura que ha empezado en Aragón y la que está a punto de empezar en el Estado se desbloquea la parálisis de este órgano.