De auxiliares de educación especial a trabajar en residencias de ancianos

La falta de personal en las residencias de ancianos de Aragón se ha cubierto, en algunas ocasiones, con auxiliares de Educación especial reasignados. Estas personas, 45 mujeres y 2 hombres, trabajaban en centros educativos hasta el inicio de la pandemia. El Decreto Ley del 25 de marzo contemplaba, entre otras medidas urgentes, la de atribuir funciones de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería a los auxiliares de educación especial.

“Nos despedirnos de nuestros alumnos para encerrarnos en nuestros hogares y de la noche a la mañana pasamos de Educación al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y fuimos convertidas en auxiliares de enfermería”, relatan las trasladadas. Esto sucedió tras la publicación del Decreto Ley 1/2020 del 25 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se adoptaban medidas urgentes para responder al impacto generado por la COVID-19. Ente estas medidas se contemplaba la de destinar a las auxiliares de educación especial de Aragón al centro covid de Casetas, en primer lugar.

Han sido más de 300 trabajadores y trabajadoras los que han estado a disposición del ejecutivo aragonés. El sindicato Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denunció que este Decreto Ley daba prioridad en los traslados a los funcionarios y laborales interinos frente a los fijos, lo que según el sindicato suponía una “clara e ilegal discriminación”. El director general de Función Pública, Esteban del Ruste, lo justificó afirmando que “algún criterio había que establecer”. Las auxiliares de Educación especial afectadas por el traslado “llevan años trabajando en condiciones precarias, con contratos de menos de 10 meses al año a jornada reducida”, destacan STEPA y el Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón (CATA).

Entre las funciones que han desempeñado las auxiliares estaba el aseo personal de los usuarios, la alimentación y el cambio postural de los ancianos. También han ayudado a las enfermeras y han realizado labores de acompañamiento a las personas que se encontraban desubicadas. “Intentamos trasladar nuestro saber hacer al nuevo centro, pero pronto descubrimos que necesitaban cuidados diferentes; nuestros abuelos estaban solos y éramos su única compañía”, aseguran.

Las trabajadoras relatan las dificultades ante las que se encontraron en su nuevo trabajo. “La práctica diaria y la formación por parte de las enfermeras nos han dado conocimientos acerca de prácticas desconocidas; sin embargo, esto supone permanecer junto a los residentes en sus habitaciones una media de cinco horas por turno, una sobreexposición al virus que, cuanto menos, es abrumadora además de tener que enfrentar en distintas ocasiones a situaciones para las que nadie nos había preparado”.

El 47,8% de la plantilla de la Administración aragonesa son temporales

Esta situación ha puesto en relieve las condiciones laborales del colectivo de auxiliares de educación. El 47,8% de la plantilla de la Administración aragonesa son temporales, a pesar de ser plazas estructurales “que deberían ser ocupadas por funcionarios fijos”, reclaman CATA y STEPA. Trabajan con contratos de menos de diez meses al año con jornadas reducidas, y en los meses de verano van al paro, en muchos casos sin poder acceder a las retribuciones de acción social porque no alcanzan el mínimo de tiempo trabajado.

Es por ello que los sindicatos reclaman la estabilización de las trabajadoras “contratadas en fraude de ley al incumplir la Directiva Europea 1999/20/CE sobre el trabajo de duración determinada, como ha sentenciado el Tribunal de Justicia Europeo”.