“La quinta comunidad más rica y el profesorado peor pagado”: los docentes aragoneses elevan su protesta salarial
Aragón ocupa la quinta posición del Estado por PIB por habitante, pero según CCOO mantiene a sus docentes en el último lugar en retribuciones. Es la contradicción que la Federación de Enseñanza del sindicato ha llevado este miércoles a la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón. Sus representantes, Andrés Mingueza y Alfonso Alegre, han reclamado al Gobierno autonómico que la capacidad económica de la comunidad se traduzca en mejores condiciones para el profesorado de la enseñanza pública. Piden una negociación con medidas, financiación y plazos concretos.
Mingueza ha calificado las condiciones laborales del profesorado aragonés de “las peores de España” y ha advertido de que siguen empeorando. Según el informe de 2026 de la organización, los docentes aragoneses han perdido un 25% de poder adquisitivo desde el año 2000. Para el sindicato, la mejora salarial es además una necesidad del sistema: sueldos inferiores a los de las comunidades vecinas dificultan atraer y retener profesorado, sobre todo cuando se suman a la inestabilidad, la sobrecarga de tareas y la falta de respaldo institucional.
El informe que CCOO presentó en marzo concreta esa brecha. Según la central sindical, un maestro aragonés cobra 184 euros al mes menos que la media estatal, 2.576 euros al año, y un profesor de Secundaria, 192 euros al mes menos, 2.688 euros anuales. La pérdida de poder adquisitivo se explica porque el IPC subió un 83,4% entre 2000 y 2026, mientras los salarios docentes solo aumentaron un 43,2%. El sindicato habla también de un “efecto frontera”: un docente de Benasque cobra 150,02 euros al mes menos que uno de Vielha, y uno de Tarazona, 144,09 euros menos que uno de Tudela.
Datos del Gobierno de Aragón
El Gobierno de Aragón rebatió entonces el diagnóstico con su propio análisis de las tablas salariales de 2026 de cada comunidad. Según esos datos, Aragón ocupa el puesto 11 de 19 en Primaria, con 2.581,86 euros brutos mensuales, y el 13 en Secundaria, con 2.922,60 euros. Por debajo quedarían, entre otras, Asturias en Primaria y Cataluña en Secundaria. La diferencia entre ambos diagnósticos está en el método: CCOO compara con la media estatal y con las comunidades limítrofes, y el Ejecutivo ordena las tablas comunidad por comunidad.
En mayo de 2024, Educación firmó con CSIF, UGT y CCOO un acuerdo de subida de hasta el 4,5%, repartido en dos tramos del 2,25%. El primero se aplicó en la nómina de enero de 2026, con un coste de más de 18 millones de euros, y el segundo está previsto para enero de 2027. El acuerdo incluyó también un aumento del 7% para los equipos directivos y el pago de las tutorías.
CCOO ha denunciado además que la tasa de interinidad docente en Aragón ronda el 40%. Eso es cinco veces el 8% de temporalidad estructural que fija como límite la Ley 20/2021 y, según el sindicato, el doble de la media estatal. Su informe de marzo la cifraba en el 38,74%, frente a una media del 24,75%. Otras organizaciones van más allá: CSIF situó en julio la interinidad aragonesa por encima del 44%, aunque en sus datos Navarra la superaba con un 48,9%. CCOO ha advertido también de que este curso unos cien docentes ejercen sin la titulación requerida.
Según la Federación, la temporalidad obliga a muchos profesionales a cambiar de centro y de localidad, dificulta la conciliación y les supone gastos de desplazamiento y alojamiento. También perjudica a los centros, que no pueden consolidar equipos ni dar continuidad a sus proyectos, algo que el sindicato considera especialmente grave en el medio rural. En la última oposición quedó sin cubrir el 30% de las plazas, 299 de 1.018.
Agresiones, denuncias y burocracia
Alegre ha expuesto casos de docentes inmersos en procedimientos judiciales por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, sin el respaldo jurídico de la Administración. También ha denunciado la falta de asistencia jurídica y psicológica para el profesorado agredido mientras trabajaba. “Una agresión a un profesor mientras ejerce su trabajo no es un problema privado. Es un problema laboral. Es un problema de seguridad. Y exige una respuesta institucional”, ha defendido.
El sindicato ha criticado además una burocracia que resta tiempo a la preparación de clases y a la atención al alumnado. Ha cuestionado que la Administración envíe formularios sobre cómo reducir las cargas administrativas mientras los trámites siguen aumentando. CCOO ha calificado de desproporcionadas algunas actuaciones de la Inspección Educativa en Huesca, aunque ha precisado que su crítica no se dirige al conjunto del servicio, cuyos profesionales también sufren sobrecarga y falta de medios. Es el mismo conflicto que mantiene a los sindicatos oscenses concentrándose cada martes ante el Servicio Provincial: desde el curso 2023-2024 se han abierto 48 expedientes a docentes en Huesca, frente a 32 en Zaragoza y Teruel juntas.
Los grupos
La diputada del PP María José Vicente ha respondido que el presupuesto de Educación para 2027 pasará de 1.565 millones, los del presupuesto prorrogado de 2026, a más de 1.900 millones. También ha recordado el acuerdo con los sindicatos para convocar 900 plazas docentes en 2027. La socialista Carmen Soler ha subrayado que la estabilidad y el reconocimiento son esenciales para la enseñanza pública, y ha atribuido a las políticas del Gobierno central una financiación histórica que, a su juicio, permite atender estas reivindicaciones. Marta Fernández, de Vox, ha recordado que su grupo ha defendido mejoras salariales y menos interinidad, y que el profesorado debería poder centrarse en las clases y no en el papeleo.
Mascún Ariste (CHA) ha señalado que CCOO ya presentó un informe similar en 2022 y que, cuatro años después, el diagnóstico apenas ha cambiado. Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, ha considerado urgente cambiar las retribuciones y las condiciones laborales del profesorado, y ha reprochado que el Gobierno lleve tres años asegurando que Aragón ha dejado de ser la comunidad que peor paga a sus docentes, cuando el sindicato sostiene lo contrario.