La mala memoria del PP con los pensionistas

Hace menos de un año, a finales de octubre de 2020, el PP de Pablo Casado apoyaba las 22 recomendaciones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo sobre la reforma del sistema de pensiones, incluida la que aconseja vincular las subidas al IPC para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Recuperaba así el consenso transversal de la inmensa mayor parte del arco parlamentario en una materia tan delicada como esta, consenso que había roto en 2013 el propio PP, con la reforma del sistema impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Hace unos días, el PP se alejaba de sus propios postulados recientes y del consenso de hace menos de un año, y presentaba en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad para intentar tumbar el proyecto de ley del Gobierno de Pedro Sánchez, pactado con sindicatos y patronal y comprometido con las autoridades de la UE, con el primer paquete de la reforma del sistema, que entre otras medidas vuelve a vincular las pensiones a la inflación. La enmienda del PP fue rechazada, sólo la apoyaron sus diputados y los de Vox, pero la incertidumbre ya se extiende de nuevo entre muchos pensionistas actuales y futuros: el principal partido de la derecha, y habitual en la alternancia del poder, no se compromete en la garantía del poder adquisitivo de esos muchos millones de ciudadanos que viven o vivirán en breve de su pensión pública.

El Partido Popular tiene para algunos asuntos mala memoria, o memoria selectiva. Recuerda lo que le conviene y olvida lo que quizás no debería olvidar. Ha olvidado, por ejemplo, que uno de los colectivos ante el que más se deterioró la imagen del Gobierno de Mariano Rajoy en sus últimos meses fue el de los pensionistas, que se echaron ruidosamente a la calle para protestar por una reforma, la de 2013, que ya los había empobrecido y que amenazaba con hundirlos literalmente en pocos años en la miseria. Aprobada sin acuerdo con los agentes sociales, la reforma de 2013 incluía dos grandes novedades. Una, que la actualización anual de las pensiones se desvinculaba del IPC y se limitaba a una subida de sólo el 0,25% si la Seguridad Social registraba déficit (y todos estos años ha sido así desde entonces). Y dos: se ponía en marcha el llamado “factor de sostenibilidad”, por el que en el futuro se vinculaba la pensión a la esperanza de vida, lo que suponía una nueva devaluación de las cuantías a pagar. Esta segunda, prevista para 2019, no se llegó a implantar. La reforma Rajoy añadía nuevos recortes a los de Zapatero, que en 2010 había congelado las pensiones de 2011 y que había aprobado al final de su mandato una reforma por la que se ampliaba el periodo de cálculo para las pensiones y se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años.  

Ha olvidado también el PP que la Constitución, además del artículo 155, tiene un artículo 50 que dice literalmente: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. La suficiencia económica de los ciudadanos de la tercera edad difícilmente se sostiene si las subidas de las pensiones es del 0,25% anual, como ocurría con la reforma de Rajoy, y el IPC siempre era muy superior y en ocasiones rondaba el 3%, como a primeros de 2017.

Además de contradictoria con su posición de hace menos de un año y de injusta a la luz de lo que dice la Carta Magna, la nueva arremetida del PP contra el bolsillo de los pensionistas parece un grave error de cálculo. Tanto para el PSOE como para el PP, el colectivo de los votantes mayores de 65 años es el gran granero del que muchas veces dependen el resultado final de unas elecciones. Los dos grandes partidos tradicionales tienen ahí un mayor apoyo que en la media del total nacional. Un ejemplo, muy reciente. En su último Barómetro, el de septiembre pasado, el CIS le da en respuesta espontánea al PSOE el 20,5% de los votos totales, pero bastante más, el 26,0% entre los mayores de 65 años. Y al PP, el 12,8% en el total y también bastante más, el 15,9%, entre los mayores de 65 años. En el PSOE se deben de estar frotando las manos de contento con el nuevo posicionamiento del PP contra la vinculación de las pensiones al coste de la vida. Es un regalo electoral de Casado a Sánchez.

“Somos mayores, pero no somos imbéciles”. “No hay dinero para las pensiones, pero sí para rescatar bancos y autopista”“. Estos eran algunos de eslóganes que el 22 de febrero de 2018 coreaban las docenas de miles de jubilados que se habían echado a las calles de 86 ciudades españolas convocados por la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones para denunciar sus ”pensiones de miseria“. La asistencia fue masiva. El éxito sorprendió no solo al Gobierno y a los principales partidos políticos sino incluso a los dos grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, que unos días antes, el 15, habían celebrado las suyas con menor afluencia. Algunas de aquellas mareas de jubilados cabreados –las de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla…- recordaban las del 15M, casi siete años antes. En Madrid, los manifestantes lograron lo que intentó sin éxito en varias ocasiones el movimiento de indignados surgido del 15 de mayo de 2011: cortar la Carrera de San Jerónimo, rodear el Congreso, romper en parte el cordón policial de seguridad y acercarse tanto a la puerta principal, la de los leones, que la bloquearon, lo que obligó a algunos diputados que salían de la Cámara a hacerlo por la parte trasera del edificio. El grey power -el poder de los mayores que se organizan para intervenir activamente en política- en todo su esplendor.

Pocos meses más tarde, el Gobierno de Rajoy caía por la moción de censura del PSOE tras la sentencia de Gürtel, y Pedro Sánchez llegaba a la Moncloa. La oposición a todo del PP de Casado le ha llevado ahora a dar un patinazo en las pensiones que a la larga refuerza a Sánchez en el poder.