Asturias autoriza la caza de 67 lobos a partir de septiembre

El Gobierno asturiano prevé retomar a partir de septiembre el programa de batidas contra el lobo para reducir los daños que causa esta especie en las ganaderías extensivas con la autorización para matar un máximo de 67 ejemplares, una cifra que considera adecuada para compatibilizar la conservación de la especie con el mantenimiento de las explotaciones.

Este programa anual de control, incluido en el II Plan de Gestión del Lobo, se aplicará sobre una población estimada de entre 412 y 460 ejemplares en el Principado y contempla actuaciones diferenciadas en ocho áreas de la región en función de los daños registrados durante 2025.

Así, según ha informado el Gobierno asturiano, la mayor muerte de lobos prevista corresponde a las zonas Centro-oriental de la región, con nueve ejemplares, y El Palo-Esva, Centro-occidental y Central, con ocho cada una, mientras que se permitirán siete en la zona Noroccidental, cuatro en la Suroccidental y cinco en la comarca de Picos de Europa, fuera del Parque Nacional.

En las áreas sin gestión específica se autorizará la eliminación de hasta 18 animales, una cifra que podría incrementarse si fuera necesario, señala el Gobierno de Asturias, principalmente entre enero y abril y entre septiembre y diciembre aunque podrán realizarse actuaciones puntuales durante el resto del año cuando haya ejemplares que causen daños reiterados.

Entre los métodos previstos figuran aguardos o recechos selectivos realizados por agentes medioambientales o personal autorizado, actuaciones de apoyo durante cacerías autorizadas de otras especies y, cuando sean necesarias, batidas coordinadas por agentes medioambientales.

Según los datos del último censo elaborado por el Principado, el lobo ocupa actualmente el 83 por ciento del territorio asturiano, con unos 8.300 kilómetros cuadrados de distribución y 50 manadas identificadas, de las que 46 son reproductoras. En 2025 se contabilizaron ataques sobre 3.893 cabezas de ganado, un 30 por ciento más que en 2021, mientras que las indemnizaciones se elevaron a 1,9 millones de euros, un 59 por ciento más que cuatro años antes. El Gobierno asturiano ha incrementado además hasta un 27% las indemnizaciones a los ganaderos por los ataques de fauna silvestre.

El Gobierno de Asturias modificó el II Plan de Gestión del Lobo de 2015 para recuperar la cobertura jurídica que permita retomar los controles poblacionales, después de la salida de la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el programa asturiano. La reforma recupera prácticamente de forma íntegra el apartado de 2015 que regulaba las extracciones y mantiene los mismos métodos: aguardos y recechos por parte de la guardería, abatimientos durante cacerías de otras especies, participación excepcional de cazadores, batidas en determinadas circunstancias y captura en vivo o retirada de camadas cuando la legislación lo permita.

El Principado justificó la modificación por el aumento de la población y del número de manadas, su expansión hacia nuevas zonas ganaderas y el incremento de los daños al ganado. El anterior programa contemplaba la muerte de 53 lobos, pero quedó suspendido tras la sentencia del Supremo cuando se habían abatido 31 ejemplares y otros 11 habían muerto por otras causas, hasta sumar 42.

El decreto fue elaborado tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el programa anual de control aprobado para 2022-2023 al estimar el recurso presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL). La revisión del decreto introdujo cambios en el artículo anulado por el alto tribunal relacionado con los métodos de control de población de lobos y también respondía a los cambios normativos ocurridos en los últimos años tras la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Así, recoge que en el programa de actuaciones de control los cupos de extracción estimados se realice a partir del análisis de los datos poblacionales recogidos, la evolución del número de los daños y la evaluación del grado de conflictividad social existente, así como de la disponibilidad de posibles presas silvestres.

Entretanto, sigue pendiente el recurso presentado por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional contra los artículos de la ley del desperdicio alimentario que facilitaron la vuelta a la caza del lobo, aprobado con los votos de la derecha de PP, Vox, Junts y PNV en el Congreso.