La comisión de investigación de la Junta General del Principado sobre el accidente que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo de Degaña, reanuda este lunes sus trabajos con la comparecencia de tres miembros de la Brigada de Salvamento Minero que participaron en el rescate de los fallecidos.
Tras el parón del mes de diciembre, marcado por la tramitación de los Presupuestos del Principado para 2026, y el receso de las vacaciones de Navidad, la comisión retoma ahora su calendario con un bloque de testimonios clave. Entre este lunes y el miércoles está prevista la declaración de un total de nueve integrantes de la Brigada de Salvamento Minero.
Ministra para la Transición, por confirmarse
El jueves 15 de enero será el turno de los responsables municipales de la zona: el alcalde de Degaña, Óscar Ancares, y la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez. Al día siguiente comparecerá el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella.
A lo largo de los próximos meses, la comisión también tiene previsto escuchar a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen —cuya comparecencia aún está por confirmarse—, así como a los tres exconsejeros de Industria de los gobiernos presididos por Adrián Barbón, al actual consejero de Ciencia, Industria y Energía, Borja Sánchez, y a distintos empresarios del sector minero.
Desde mayo
La comisión parlamentaria, constituida el pasado 15 de mayo a iniciativa del PP y Foro y con el apoyo de Vox y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé —quien además la preside—, es una de las vías abiertas para tratar de esclarecer las causas del siniestro, en el que fallecieron cinco mineros, todos ellos naturales de León.
La explosión se produjo en el nivel tercero de la mina de Zarréu como consecuencia de una acumulación de grisú. Según las primeras investigaciones, el accidente tuvo lugar en un punto donde presuntamente se estaba extrayendo carbón de forma ilegal, ya que la empresa titular, Blue Solving, solo contaba con autorización para retirar maquinaria, material destinado a chatarra y los posibles acopios de carbón existentes en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.