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Alberto Infante Campos

Ex Director General de la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud (2006-2010)

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Propuestas para la reconstrucción (IV): garantizar la equidad en Salud en España

La publicación, en 1980, del "Black Report" en el Reino Unido, constituyó un hito en la incorporación de las consideraciones sobre equidad en salud en la agenda sanitaria. Puso de manifiesto lo que numerosos estudios previos en el mundo revelaban: la mala salud y la muerte se distribuyen de manera desigual no solo entre países más y menos desarrollados, sino también entre los distintos estratos de la población dentro de cada país, incluidos los países más ricos.

Las inequidades en salud, es decir, aquellas desigualdades que se consideran injustas y son además evitables, no se deben solamente a fallas en el sistema de salud sino también y principalmente a desigualdades sociales que influyen en la salud, por ejemplo, en materia de ingresos, educación, vivienda, dieta, empleo y condiciones de trabajo, entre otros. Más recientemente se ha documentado también el modo cómo el género condiciona la situación de las personas respecto a la salud, la enfermedad, la esperanza de vida y el acceso a los cuidados de salud.

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Propuestas para la reconstrucción (III): fortalecer y renovar la Atención Primaria

Tras los efectos devastadores de la primera oleada de la pandemia por COVID-19 sobre la salud de miles de personas y sobre el funcionamiento del sistema sanitario, transitamos hacia una nueva normalidad que obligará a desarrollar y mantener medidas reforzadas de vigilancia epidemiológica, y de control y seguimiento de las personas con sospecha de enfermedad y sus contactos. Esta realidad condicionará durante meses, si no durante años, el funcionamiento de nuestro sistema de salud. En ese escenario, la atención primaria de salud (APS) jugará un papel clave.

La apuesta realizada en los años 80 del pasado siglo por reformar e impulsar la APS fue uno de los ejes fundamentales sobre los que se construyó el Sistema Nacional de Salud español. Si la sanidad española ocupa un destacado lugar mundial por su cobertura y por los resultados en salud, a pesar de estar por debajo de la media europea en inversión per cápita en salud, se debe en buena medida a ello.

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Propuestas para la reconstrucción (II): Reforzar el Sistema Nacional de Salud en materia de salud pública

La pandemia de COVID 19 ha puesto de manifiesto una debilidad estructural del Sistema de Salud español que viene arrastrándose desde hace varios años y que se ha recrudecido durante la última década: la insuficiente capacidad central y autonómica en materia de Salud Pública.

La insuficiencia se manifiesta no solo en materia de vigilancia epidemiológica y prevención y control de enfermedades infecciosas, sino en otros ámbitos de la salud pública tales como la prevención y el control de enfermedades no transmisibles, las intervenciones de los determinantes ambientales y sociales de los problemas de salud que más nos afectan, la consideración de la salud en todas las políticas, la lucha contra factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, el abuso de alcohol y drogas. Y, por último, aunque no sea lo menos importante, en el monitoreo de la situación y en el diseño de políticas y programas para reducir las inequidades en el estado de salud y en el acceso a los servicios de salud.

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Propuestas para la reconstrucción (I): fortalecer el sistema de salud para hacer frente a los retos

Cuando el desarrollo de la pandemia de COVID-19 en España está ya en su tercer mes, llevamos más de dos meses en estado de alarma, y nos encontramos en las fases finales de este ciclo epidémico y del consiguiente proceso de desescalada, es oportuno iniciar una reflexión y un debate sobre qué aspectos del Sistema Nacional de Salud (SNS) han funcionado bien y cuáles no durante esta crisis sanitaria. Con vistas a su mejora en un periodo de reconstrucción general de la economía y la sociedad a la que habrá de abocarse España en los próximos meses. Más aún cuando ya se ha dado a conocer la composición y el calendario de trabajo de la comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica en el Congreso de los Diputados que abordará, entre otras, las mejoras que deben ponerse en marcha en materia de atención sanitaria y de salud pública; esto es algo que nos concierne a todos y sobre lo que aportamos algunas propuestas en esta y en dos tribunas próximas.

Sin duda, lo primero a destacar del ingente esfuerzo sanitario desplegado en estos dos meses y medio es la dedicación, entrega y capacidad de los profesionales del SNS. Y también su efectividad a la hora de detectar casos, rastrear contactos, efectuar pruebas diagnósticas, hacer triaje de pacientes, manejar aislamientos domiciliarios y tratar tanto casos leves como aquellos que han requerido hospitalización. Todo ello ha permitido salvar vidas y poder tener a estas alturas alrededor de 150.000 infecciones resueltas o dadas de alta. Si se comparan las cifras totales de casos, de fallecidos y de recuperados de los cuatro países de la UE con mayor número de casos notificados, esto resulta evidente: el esfuerzo y la entrega más allá de la llamada del deber de los trabajadores sanitarios españoles ha sido ejemplar.

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Más vigilancia epidemiológica reforzada y rastreo de contactos para evitar rebrotes

Tras diez largas semanas en las que la COVID-19 ha golpeado con dureza a la población española produciendo más de 27.000 fallecidos, ha sometido a una enorme tensión al sistema sanitario y producido un daño aún incalculable a la economía y al tejido social, nos encontramos en uno de los momentos más delicados en la gestión de la pandemia con la aplicación del plan de transición hacia la nueva normalidad mediante un proceso de desescalada en diferentes fases.

La actualidad informativa parece centrarse cada vez más en cuestiones puntuales pero no necesariamente centrales, de fuerte impacto mediático; es el caso de la evolución de las fases en cada Comunidad Autónoma, los detalles concretos de su aplicación en cada territorio, las primeras y un tanto prematuras iniciativas de la UE para favorecer la movilidad de los viajeros y reactivar el turismo, o los resultados de la primera oleada de la encuesta de seroprevalencia que, como esperábamos, muestran que hay una gran proporción de población susceptible a la infección.

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Criterios objetivables y transparentes durante el periodo de transición

Superada la votación para la prórroga del estado de alarma y evaluadas el viernes las propuestas de las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas para iniciar la fase 1 de transición hacia una nueva normalidad, la mitad de la población española transitará este lunes a la fase 1 y la otra mitad permanecerá en la fase 0.

En términos generales, la decisión adoptada ha sido razonable. De gran importancia ha sido actuar con prudencia ante las propuestas presentadas por las Comunidades Autónomas para no ser arrastrados únicamente por la necesidad de reactivar la economía y para no caer en un agravio comparativo entre unos territorios y otros. No haberlo hecho habría sido desatender a lo fundamental, que es abatir la epidemia y exponerse a un rebrote que resultaría contraproducente

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Es necesaria más especificidad en los indicadores sanitarios para iniciar la transición hacia la nueva normalidad

Con la publicación este domingo de una serie de órdenes ministeriales se empieza a concretar el plan de transición hacia la nueva normalidad. Una transición que se plantea gestionar con un esquema de cogobernanza entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Este es un planteamiento acorde con el Estado de las Autonomías. Solo con intenso proceso de concertación entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos durante las próximas ocho semanas se podrán alcanzar los objetivos trazados: recuperar paulatinamente la mayor actividad social y económica posible al tiempo que se garantiza la seguridad sanitaria. Dado que habremos de convivir con el virus más allá de ese plazo, ese proceso de cogobernanza de los riesgos sanitarios derivados de la pandemia y de las medidas para hacerles frente deberá extenderse en el tiempo mientras sea necesario.

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Medidas sanitarias críticas antes, después y durante la transición hacia la nueva normalidad

La aprobación del Plan de Transición hacia la Nueva Normalidad el pasado 28 de abril significa que el Gobierno ha optado atinadamente por un proceso gradual, asimétrico, por actividades y por territorios, en el que priman la prudencia y la seguridad sanitaria por encima de cualquier otra consideración.

Su publicación sale al paso de las prisas desatadas en los días anteriores por abrir prematuramente el grifo, una tendencia que también se ha observado en otros países europeos. El diseño de cuatro fases de dos semanas de duración y con el monitoreo de indicadores cuantitativos y cualitativos para pasar de una fase a otra, responde a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea.

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La tragedia de las residencias de mayores

Tal como la OMS acaba de reconocer, las residencias de mayores están siendo una de las protagonistas más trágicas de la pandemia de COVID-19 en toda Europa. Ello se debe a que el virus encuentra en esas instituciones un caldo de cultivo conformado por poblaciones, espacios confinados y prácticas de convivencia y de cuidados muy vulnerables.

Desafortunadamente, no ha habido la suficiente claridad ni determinación mundial para actuar de manera anticipatoria. En gran medida, en estas instituciones se ha ido por detrás de los brotes, cuando ya resultaba demasiado tarde y una proporción importante de residentes se había visto afectada. Por si fuera poco, el blindaje o sellado de las residencias se ha vuelto virtualmente imposible ante la masiva transmisión silenciosa de la COVID-19 por personas asintomáticas, especialmente los propios trabajadores que asisten a mayores altamente dependientes con una cercanía física grande e inevitable.

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Criterios específicos para el inicio de la desescalada y la transición hacia una "nueva normalidad" en España

Desde el miércoles 14 de abril tanto la OMS como la UE se han pronunciado, finalmente, sobre los criterios que deben tomarse en cuenta para abordar la desescalada del confinamiento y el restablecimiento de la movilidad, así como sobre las acciones que deben caracterizar una transición hacia nuevas fases en la lucha contra el presente ciclo y posibles ciclos futuros de la pandemia de COVID-19.

Esas recomendaciones ofrecen claves importantes para planificar la desescalada y construir el tránsito hacia una "nueva normalidad", la cual deberá organizarse de una manera que nos permita coexistir con el virus salvaguardando al mismo tiempo la integridad sanitaria de las personas y las colectividades. Sin embargo, no son ni recetas de cocina ni prescripciones universales. Necesitan ser contextualizadas y adaptadas a las circunstancias específicas del Estado español mediante un diálogo constructivo entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas primero, y entre estas y las administraciones locales, los agentes sociales, las sociedades científicas y profesionales, y otros actores implicados inmediatamente después.

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