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Gustavo Duch Guillot

Licenciado en Veterinaria. Después de varios años como director Veterinarios sin Fronteras, es coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, y colabora estrechamente con movimientos campesinos como La Vía Campesina o Plataforma Rural. Autor de libros como Lo que hay que tragar, Alimentos bajo sospecha, Sin lavarse las manos y Mucha gente pequeña.

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El asedio de China a las Islas Galápagos

La noche del 3 de agosto pasado se capturó el barco pesquero Fu Yuan Yu Leng 999. En el interior de esta embarcación estaban embodegadas 300 toneladas de pesca, fundamentalmente tiburones: más de seis mil ejemplares, adultos y neonatos, de tiburones Zorr, Silky y del protegido -y espectacular- tiburón martillo. En sacos de yute se hallaron también aletas de tiburón, obtenidas presuntamente por la abominable práctica conocida como ‘finning’: una vez capturado el tiburón, se corta su aleta en vivo y se devuelve el animal al mar, donde morirá. Cada año 73 millones de tiburones mueren para que 73 millones de aletas, a más de 500 dólares el kilo, lleguen al mercado mundial. China es el principal consumidor, debido al famoso plato de sopa de aleta de tiburón -reservado a un estatus económico muy alto- que puede llegar a costar 150 dólares. 

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No vamos a tragar: soberanía alimentaria, una alternativa frente a la agroindustria

Muertes globales

Frente a la pantalla del ordenador, mientras toma su primer café, estudia los índices bursátiles. Las deudas soberanas europeas son poco fiables, la bolsa sigue en caída libre y el petróleo es demasia­do inestable, ha habido hallazgos inesperados. ¿Dónde invertir? Las curvas de los granos básicos están, a su gusto, demasiado planas.

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Arias Cañete: un ministro para unos pocos

La trayectoria de Miguel Arias Cañete al frente de las políticas agrarias españolas se puede resumir en dos palabras: grande y lejos, porque las medidas más significativas que su gabinete ha adoptado estos años han tenido como objetivo convertir el paisaje agrario español en un exclusivo club para grandes negocios dedicados a la exportación. Hemos tenido, con Cañete en el timón, un Gobierno agrario para el interés (económico) de unos pocos, con lineas políticas que profundizan una crisis en el campo que parece imparable. Año a año, la gráfica de población activa del sector primario desciende en picado y en consecuencia los pueblos se abandonan, los bosques arden y la alimentación de toda la población pasa a depender peligrosamente de un puñado de corporaciones que, instaladas en una lejana nube online, mercadean y especulan con lo más básico, la comida.

Muy graves han sido, para la pequeña agricultura las posiciones que el ministerio adoptó para el diseño de la nueva Política Agraria Común (PAC), y grave también su aplicación, pues, aunque encalada de color verde, sigue siendo un simple –pero muy significativo– presupuesto al servicio de las grandes corporaciones y grandes propietarios, en lugar de ser, como correspondería, un verdadero conjunto de políticas para apoyar y proteger las agriculturas locales. Como denuncia el sindicato agrario COAG, la aplicación de la PAC en España sigue reproduciendo la injusticia que supone que sólo 2.600 perceptores reciban un total de ayudas igual a lo que reciben otros 500.000.

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Humeados

Estamos acostumbrados –demasiado– a convivir con gobiernos sumisos a los intereses de los grandes sectores económicos, y ahora que la crisis económica actual afecta a grandes emporios, observamos cómo siempre hay argumentos para echarles una mano, dos o las que hagan falta. Salvar los bancos, rescatar autopistas y –en breve lo veremos– reflotar empresas marca España como Pescanova, son algunos ejemplos donde, como se se ha venido repitiendo, sus pérdidas las soportamos económicamente todas y todos los contribuyentes. En cambio, es menos habitual reflejar que ayudar colectivamente a mantener la cuenta de resultados de estas grandes multinacionales también tienen otras consecuencias para el medio ambiente y nuestra propia salud.

Es el caso de las cementeras. Desde el año 2007, con el inicio de la crisis en el sector de la construcción hasta el año pasado, sus actividades productivas descendieron un 50%, pero encontraron en la quema de residuos una oportunidad de negocio con triples beneficios. Así, todas las cementeras del Estado (controladas en su mayoría por empresas multinacionales como Lafarge, Asland o Cemex) abrieron sus compuertas a neumáticos usados, harinas cárnicas, lodos de depuradoras y otras basuras que les permite, uno, ser candidatas a  subvenciones y ayudas de la Administración por gestionar residuos; dos, ahorrar en el combustible que requieren y; tres, teniendo en cuenta que el Estado les ha asignado una cuota mucho más alta de emisiones de CO2 que las que se sabe van a emitir, ganar dinero con la venta de derechos de emisión en el mercado del carbono. En concreto, en este último apartado, sólo el año pasado obtuvieron 92 millones de euros.

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