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Lina Gálvez

Lina Gálvez Muñoz es Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Es doctora por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y ha sido profesora de las universidades de Reading, Sevilla y Carlos III, y como profesora visitante de la Universidad de Oxford. Dirige el observatorio de igualdad GEP&DO y los masters universitarios en Género e Igualdad y el de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo. Su investigación se ha centrado en el análisis de las desigualdades, especialmente las de género; el análisis de los tiempos y los trabajos en los mercados y las familias; así como los efectos de género de las crisis económicas y las políticas de austeridad.

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Gobiernos de "machos ibéricos"

Una de las razones de por qué la Ley de igualdad aprobada en 2007 ha tenido un recorrido limitado es porque sencillamente no se aplica en su totalidad, siquiera por parte del gobierno que debe velar por su cumplimiento. La Ley para la igualdad efectiva 3/2007 de 22 de marzo, tiene en varios aspectos un carácter propositivo, y la redacción de muchos artículos incluye un “se procurará”.

El principio de paridad que establece que ningún sexo esté representado por debajo del 40% es obligatorio para la conformación de las listas electorales. Pero esta obligación no se traduce automáticamente en una representación paritaria en las cámaras legislativas o ayuntamientos si no hay voluntad política en los partidos al permitírseles un cierto margen para jugar con el orden de mujeres y hombres en las listas.

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Los violadores del click

Las mujeres no sólo somos acosadas y violentadas en la calle, los portales, los espacios laborales o en nuestros propios dormitorios. También lo somos en las redes. El proceso de cosificación, de deshumanización que conlleva el ejercicio de ese dominio, se hace más fácil en las redes, que a su vez facilita el elemento disciplinante que busca que las mujeres no nos rebelemos. Si lo hacemos, si denunciamos una violación, si nos encaramos con nuestros acosadores, si lo contamos, sufriremos un escarnio público por los miembros de la gran manada.

Justo después de salir la sentencia de la manada que provocó una gran indignación social feminista, el diario digital Vozpopuli publicaba que en Forocoches y en Burbuja.info se habían compartido datos personales de la joven violada por la manada .

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Universidad y pensiones: la derrota de lo público

Mientras en España los dirigentes del PP disimulaban las mentiras de la presidenta de la CAM atacando a la universidad pública y cientos de miles de personas salían a la calle en defensa de una pensión digna, en el Reino Unido se estaba viviendo una huelga sin precedentes en protesta por el deterioro de la universidad pública. Una huelga provocada, precisamente, por el recorte de las pensiones del personal universitario porque se supone que el plan de pensiones de las universidades no es sostenible.

Los salarios universitarios en el Reino Unido, aunque sensiblemente mejores que los españoles, nunca han sido para tirar cohetes, sobre todo en ciudades donde el precio de la vivienda es muy elevado. Además, desde 2009, han sufrido un recorte del 16%.

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La universidad mancillada

El jueves 4 de marzo a las 23.30 h, horas después de que Cristina Cifuentes compareciera en la Asamblea de Madrid y eludiera toda responsabilidad en relación al "mastergate", yo me encontraba frente al ordenador y con mi correo electrónico abierto, intercambiando comentarios y trabajo con mis colegas.

Cualquier otro día no me habría llamado la atención el hecho de que el 90% de los destinatarios de esos correos, unos veinte colegas, estuvieran también delante del ordenador cerca de la medianoche. Esa es la vida académica, una constante relación incestuosa entre nuestro tiempo de trabajo y nuestro tiempo de vida. A fin de cuentas, nuestro trabajo es vocacional y somos unos privilegiados. Gozamos de una flexibilidad muy apreciada por quienes no la viven y hasta por nosotros mismos, si bien el actual sistema de medición constante de la productividad y la competitividad en un contexto neoliberal nos está abocando a la autoexplotación a quienes tenemos las plazas "en propiedad" y a la explotación a secas a quienes tratan de meter la cabeza en el mundo académico.

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Cuando un máster sólo engorda pero no alimenta

El lamentable episodio del máster de Cifuentes ha generados muchas polémicas. La más obvia y sobre la que ya escribí el pasado viernes, la vinculada con las más que posibles falsedades sobre la tutorización, actas o entrega del trabajo fin de máster, y la total inconsistencia de las explicaciones dadas por la universidad y la propia Cifuentes.

Pero lo ocurrido también ha dado pie a cuestionar la titulitis que persiguen muchos políticos y políticas para engordar su curriculum que no su formación real. Bien sea porque creen que de esa manera serán vistos como personas más idóneas por su electorado, o bien porque con una formación superior tendrán más fácil la vuelta a la vida "civil", o justificar que las puertas giratorias responden a la meritocracia y no a su paso por la política.

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El sacrificio de aprobar un máster

Estrella, nombre ficticio, no quería entregar su trabajo fin de máster (TFM) en la segunda convocatoria, la de septiembre, porque creía que no estaba perfecto. Llevaba todo el curso perfilándolo y cuatro meses concentrada de manera exclusiva en su elaboración. Lo sé porque, como tutora de su TFM, recibí muchos emails con esquemas, borradores parciales y totales, dudas o correcciones. Cuando después de varias tutorías virtuales y presenciales la convencí para que presentara el trabajo, entregó cuatro copias, una para cada uno de los tres miembros del tribunal y una cuarta para la universidad.

Pudo hacerlo porque en su expediente aparecían todos los pagos realizados y aprobadas todas las asignaturas previas del máster con las actas académicas debidamente firmadas y cerradas. Sin ello es administrativamente imposible formar un tribunal. Tribunal que, por supuesto, hubo que convocar de manera oficial. Del mismo modo que, una vez celebrado, hubo que levantar acta y entregarla en los servicios administrativos de postgrado de la universidad.

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Por las que no pararon

En mi artículo de hace dos semanas sobre la importancia de la brecha salarial, decía que las medidas para combatirla las desgranaría en mi próxima contribución para este periódico. Pero el 8 de marzo salió publicado aquí  el manifiesto de Economistas Frente a la Crisis en cuya elaboración participé y que recoge todas las medidas que modestamente creo que hay que poner en marcha de manera coherente para abordar un problema complejo como la desigualdad de género que es lo que finalmente está detrás de la brecha en ingresos entre mujeres y hombres.

Así que, para no repetirme, utilizaré este espacio para explicar que el 8 de marzo paré por todas aquellas que creemos que el feminismo es la mejor herramienta para luchar por la igualdad de género, pero también paré por todas aquellas que no pudieron, no supieron, o no quisieron parar. Sirvan algunos ejemplos, exclusivamente vinculados con el paro laboral que es el único que se podía contabilizar, para visualizar por qué muchas mujeres no pararon el 8 de marzo.

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La igualdad retributiva sí importa

Un año más, el pasado 22 de febrero hemos recordado el día de la desigualdad salarial, que denuncia el número de días trabajados "gratuitamente" por las mujeres en sus empleos. O dicho de otro modo, el hecho de que las mujeres necesitaríamos años de casi 14 meses para recibir el mismo salario que los varones. Y todo ello sin contar con las 2:14 minutos de trabajo no remunerado al día que hacemos más que los hombres según la última Encuesta de Empleo del Tiempo con la que contamos.

Es cierto que, de media, las mujeres pasamos 1:10 menos al día en el empleo que los hombres. Pero el resultado sigue siendo favorable a ellos, que disfrutan de 1:04 más de tiempo disponible al día y de un ingreso medio superior. Esto último es lo que conocemos como brecha salarial. La brecha oscila entre un 16%, si consideramos la diferencia en el salario por hora medio bruto, un 23%, si atendemos al salario anual, y casi un 36% si, como hace la UE, calculamos la brecha salarial total combinando la  brecha del salario por hora, con las horas trabajadas y la brecha de empleo.

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Desafíos globales: menos desigualdades y más democracia

Los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad van mucho más allá de nuestras fronteras, pero el cómo consigamos prepararnos para combatirlos y hacerles frente, dependerá también de cómo consigamos participar en cada uno de los distintos niveles que nos gobiernan, por tanto, de la calidad de nuestra democracia.

La mayor parte de los informes que tratan de señalar cuáles son los principales desafíos coinciden en que uno de los de mayor calado y trascendencia es el cambio climático y los diversos y nocivos efectos que lo acompañan. Aunque también apuntan a otros como las guerras, los desplazamientos masivos de población, la extensión de pandemias en un mundo altamente globalizado, los desequilibrios demográficos, los inciertos efectos del cambio tecnológico, especialmente el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), o el incremento de las desigualdades en el mundo y los problemas de orden económico, social y político que le vienen asociados.

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Morir en soledad

En las últimas semanas se han dado dos casos en Andalucía de personas fallecidas en los servicios de urgencia de sendos hospitales sin que el personal médico interviniese, o lo hiciera demasiado tarde, para salvarles la vida. Ambas personas estaban solas en urgencias. Cuando las llamaron para ser atendidas, no acudieron porque se encontraban en un estado que no les permitía bien ser conscientes del aviso, bien responder a él. Los responsables de urgencias dieron por hecho que estas personas se habían marchado y se desentendieron.

Los medios han relacionado estos episodios con los recortes en sanidad realizados durante la crisis y de los que nuestros sistemas de salud aún no se han recuperado, en parte porque la salida de la crisis se ha llevado a cabo aplicando medidas de austeridad y una lógica privatizadora que merma enormemente los recursos necesarios para mantener los servicios públicos esenciales.

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