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Luis Fajardo

Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, abogado, y Profesor Asociado de Derecho civil en la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Gerona, y Universidad de La Laguna (donde lo es desde febrero de 2007). Ha sido Juez Sustituto de los Juzgados de Canarias. En el ámbito tecnológico ha asesorado en derecho de las tecnologías de la información a diversas Administraciones Públicas. Fue responsable de redes de la Facultad de Derecho de la UAM (1993-97), Secretario de la Asociación de Empresas de Software Libre de Canarias (ESLIC) y miembro de colectivos como Madrid Wireless, Grupo de Usuario Linux de Canarias o Kreitek. Es Delegado de Protección de Datos de la Universidad de La Laguna.

LOPD, sin derechos digitales

El pasado 6, Día de la Constitución, coincidió que se publicó en el BOE una norma clave en nuestra sociedad moderna, tan manipulable y dependiente de lo tecnológico, la Ley Orgánica 3/2018, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDgdd), parte también del bloque de constitucionalidad. La manipulación política usando redes sociales está (sin menospreciar otros factores) detrás del ascenso a los gobiernos de Polonia, Hungría o Austria de fuerzas claramente poco democráticas, o de la poco antes impensable elección como Presidente de los Estados Unidos de América del Norte de un millonario excéntrico. La Unión Europea no sabe bien qué hacer con estos países, pero sí ha sido muy clara en combatir la generación de perfiles de usuarios, y esa es en el plano político la aportación más clara del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

Sorprendentemente, los primeros pasos del RGPD está teniendo poca trascendencia con respecto al funcionamiento de redes sociales que basan su modelo económico en la generación y explotación económica de perfiles de usuario. Por su parte la nueva LOPDgdd ha sido recibida con alarma en lo que modifica de la Ley electoral, señalándose que permite crear perfiles políticos de los usuarios, interpretación poco plausible por cuanto la LOPD ha de interpretarse en el marco del RGPD europeo, que claramente los prohíbe. Sin embargo, sí hay cuestiones verdaderamente preocupantes donde poner el foco, y es precisamente en la parte de “garantías de derechos digitales”, que seguidamente abordo. 

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¿Día de la Mujer, o Día de la Mujer trabajadora?

Sin duda esto último, hoy es el día de la mujer trabajadora. Lo contrario resulta de una miopía, cuando no de una manipulación mercantilista, abrumadora. Porque sólo gracias a una contínua lucha, dirigida por claros ideales, se ha conseguido muy recientes cambios históricos. Tan recientes que no es posible olvidar su motivación, sin hacer desprecio de las personas e ideales que los han conseguido. Por eso hoy conviene recordar que:

1) La mujer, en España, ha estado obligada hasta hace nada a obedecer a su padre y después a su marido, no pudiendo administrar su patrimonio, según nuestras leyes.

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Excesos de ambos lados

¿Es correcto que a un colectivo de trabajadores se les compute las horas de trabajo de modo radicalmente distinto que al resto? ¿Es correcto que (por ejemplo) las horas de formación obligatorias no se consideren horas trabajadas? Cuando esos retrocesos sociales se producen de pronto y a golpe de Decreto-Ley ¿no debe producirse una reacción enérgica por parte de los trabajadores? Y ¿no es acaso eso lo que ha ocurrido con los controladores aéreos? Sin duda es una huelga salvaje, de las que no deben ocurrir, de las que están prohibidas. Pero no es menos cierto lo alegado por los controladores: son víctimas de un maltrato por parte de la empresa, que usando su capacidad normativa, pues se trata del Gobierno, ha modificado unilateralmente en un año cuatro veces las condiciones de trabajo de este colectivo. Imagínese el lector que en un año le cambian cuatro veces sus condiciones laborales, y que esto ocurre a golpe de ordeno y mando, sin hacer nada para intentar sacar adelante el Convenio colectivo que se negocia. A golpe de ordeno y mando que el Gobierno sólo puede efectuar cuando se acredite una imperiosa y urgente necesidad.

El Gobierno ya consideró que existía una situación de urgencia hace menos de un año, y reguló la relación laboral de este colectivo (Real Decreto-Ley 1/2010) haciendo uso del poder de dictar normas con rango de ley que corresponde al Parlamento y sólo excepcionalmente al Gobierno. El Parlamento convalida en cuatro días el Real Decreto-Ley, y decide su tramitación como Proyecto de Ley por el trámite de urgencia (como corresponde conforme al artículo 151 del Reglamento del Congreso). Esta tramitación se hace en menos de dos meses, con todas las fases de enmienda en el Congreso y en el Senado, dando lugar a la Ley 9/2001, de 14 de abril. Parece que tan corto espacio de tiempo no fue suficiente para una reflexión pausada, tal vez por las prisas del Gobierno por cumplir sus propios planes de abaratamiento del servicio en los próximos dos años y, lo que no dicen, ante la posible actuación del Tribunal Constitucional.

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