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MINUTO POLÍTICO Los temas del día

Manuel Maroto

Profesor de Derecho Penal de la UCLM.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 68

La extinción de la "Fundación" Francisco Franco: una cuestión de interés general

En España existe una organización fascista que en sus estatutos recoge abiertamente como fines la "exaltación" y el "enaltecimiento" de Francisco Franco, así como "contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española". La cosa no queda en declaración de intenciones. Sus miembros se dedican, efectivamente, a vejar públicamente a las víctimas de la dictadura, negando los crímenes franquistas con total impudor ("Franco no fusiló a nadie"). A intentar intimidar a cargos políticos y a artistas, presentando querellas infundadas y profiriendo amenazas que remiten a lo peor de nuestra historia ("Si hay que volver a pasar ¡pasaremos!"). A ofrecer asesoría para incumplir la ley (en particular, claro, la de Memoria Histórica). También a poner financiación pública y bienes de interés cultural al servicio de la apología del franquismo.

La realidad es que la Fundación Francisco Franco, con la Constitución y con la ley en la mano, no puede tener reconocida la naturaleza de "fundación". Su mera existencia vulnera no solo la Ley de Fundaciones, sino la propia Constitución, que vincula directamente el ejercicio del derecho de fundación a la persecución de fines de interés general. El artículo 34.1 de la Constitución Española establece, en efecto, que "se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley". A su vez, según el artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, "las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico".

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La financiación participativa en partidos como herramienta de cambio político

La irrupción de Podemos ha desencadenado múltiples transformaciones en el panorama político a una velocidad inusitada. Una de ellas es la aparición ­y casi inmediata normalización­ de formas innovadoras de financiación en las formaciones políticas. Estas innovaciones tienen importantes consecuencias organizativas que afectan a algunos hábitos patológicos tradicionales de los partidos españoles. Es el caso de la financiación a través de microcréditos, préstamos directos con los ciudadanos, eje de la campaña de fundraising de Podemos para las próximas elecciones autonómicas.

Uno de esos hábitos patológicos es el endeudamiento bancario de las formaciones políticas. Según el último informe del Tribunal de Cuentas los partidos políticos españoles acumulaban casi 238 millones de euros en deuda con los bancos. Tan solo PP y PSOE debían a las instituciones financieras 126 millones de euros. Es imposible sostener honestamente que tal grado de endeudamiento no afecte al funcionamiento de los partidos, que no limita su capacidad de tomar decisiones políticas que sirvan a los intereses de la mayoría social. Los partidos están, en un sentido casi literal, hipotecados con unas instituciones que carecen de legitimidad democrática.

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Cuando lo ilegal es la obediencia

“Las herramientas del amo no destruyen la casa del amo”, escribió hace años la feminista americana Audre Lorde. Así, como suele citarse, fuera de contexto, es una frase extraña: no nos aclara por qué se supone que no lo hacen. Por el contrario, uno se imagina el martillo del amo y no aprecia en él ninguna propiedad mágica que impida comenzar a desmantelar con él la casa, una vez, eso sí, en la mano adecuada. Representado en algo tangible y manejable como un martillo (que hasta tiene un mango para agarrarlo bien), el poder es algo que puede tomarse, algo a lo que puede accederse. Se intuye, aun así, que hay mucho de cierto en la sospecha. Pero esa verdad no está en el martillo: que sea difícil destruir la casa del amo tiene más que ver con cómo funcionan las cosas y las personas dentro de la casa del amo.

Pensemos en lo ocurrido en Madrid durante la proclamación de Felipe de Borbón como rey, y en “el Derecho” como herramienta del amo, que es como lo percibe una parte creciente de la ciudadanía. Varios días antes de la proclamación, los medios de comunicación, quizás particularmente los de izquierdas, se apresuraron a informar sobre la prohibición de exhibir banderas y símbolosrepublicanos a lo largo del recorrido del nuevo rey, una medida que, decían, incluso contaría con el visto bueno jurídico de un informe de la Abogacía del Estado. Resulta interesante comprobar que la práctica totalidad de las críticas realizadas a esta decisión se realizaron desde la argumentación política y no la jurídica. Semejante prohibición engordó un poco más, sí, a ese elefante en el salón, imposible ya de ignorar, que es el carácter autoritario y antidemocrático de las políticas de orden público de la Delegación de Gobierno y de Madrid y del Gobierno en general. Pero pocos cuestionaron la legalidad de la misma, acostumbrados a que tanto las normas como la actuación política puedan ser arbitrarias, autoritarias y antidemocráticas.

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21 lagunas legales del nuevo sistema de financiación de partidos que está impulsando el PP

Apenas año y medio desde la última reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos en 2012 (una reforma que, con la excusa de apretar el cinturón a los partidos, eliminó el tope máximo de las donaciones privadas a las fundaciones políticas), el PP vuelve sobre el asunto. Con el título de Plan de Regeneración Democrática, el Gobierno mandó en febrero al Congreso elProyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por el que se modifican la ley de financiación de los Partidos Políticos, la Ley de Partidos Políticos y la ley del Tribunal de Cuentas. Una primera lectura del texto ha confirmado que el proyecto retoca unas pocas cosas para que nada cambie,al más puro estilo lampedusiano.

A continuación enumeramos algunos ejemplos de prácticas que en materia de financiación y partidos serán o seguirán siendo legales de aprobarse el proyecto en su estado actual.

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Adivina quién viene a cenar esta noche: el Leviatán de proximidad

El plato que nos han servido con ocasión de las marchas del 22M nos sabe a viejo. Un poco de  grupo de violentos por aquí, una actuación policial desproporcionada y arbitraria por allá. Sabe a viejo la reacción de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, apresurándose a aprovechar la ocasión para criminalizar a los manifestantes. Hasta la última reacción del Gobierno anunciando cambios en el texto del proyecto de nueva Ley de Seguridad Ciudadana, por el cuestionamiento de su constitucionalidad por parte del CGPJ, tiene un regusto ya familiar. Ya lo han hecho antes, jugando, como hacen, a generar confusión sobre cuál es la ley vigente en la mayoría de personas que no sigue los detalles de su tramitación. Y testando el terreno, como globo sonda que es el anteproyecto, para los demás que sí lo siguen. Querrán presentar como mérito que eliminan las disposiciones más abiertamente inconstitucionales del texto. Tiempo al tiempo.

Pero no nos equivoquemos: hay ingredientes nuevos tras ese sabor a viejo, a rancio. Que Cifuentes mantenga el mismo 22M, en televisión, que la manifestación ha sido pacífica y hasta “un éxito”, y prácticamente al día siguiente incoe un expediente sancionador contra sus organizadores, expresa algo nuevo: los ingredientes de un nuevo sistema de control social. Uno basado en una idea también vieja: que tenemos que pagar por ejercer derechos. ¿Acaso no quieren que paguemos por la sanidad, pese a estar reconocida como derecho universal en la Constitución? Pues también desean que paguemos por ejercer derechos políticos, por manifestarnos, protestar, o usar el espacio público. ¿La manifestación? Pacífica. ¿La participación? Un éxito. ¿La reacción administrativa? La sanción más alta legalmente posible. Sí: nos van a intentar hacer pagar, por mucho que ahora quieran demostrar disposición a negociar, con una mezcla de ingredientes viejos y nuevos que en distinta proporción está ya en la actualmente vigente Ley de Seguridad Ciudadana (que es la que está aplicando hoy Cifuentes), está también en el anteproyecto filtrado hace meses, y estará en sus futuras versiones, si no lo remedia nadie. Ingredientes que hay que aprender a paladear, para entrar en la cocina y exigir que nos los retiren del plato. O llegado el caso para poder escupirlos, pedir el libro de reclamaciones y si es posible irse sin pagar la cuenta.

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