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Pablo Fernández-Vázquez

Investigador doctoral en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Nueva York.

Elecciones en Estados Unidos: las consecuencias a largo plazo

“Los demócratas ganan la Cámara de Representantes, los republicanos ganan en el Senado”. Este es el titular que se ha dado con frecuencia para resumir los resultados de las elecciones de mitad de mandato (Midterm) en Estados Unidos. Conclusión: empate. Esta conclusión resulta difícil de entender por parte de muchos. ¿Cómo es posible que con un presidente como Trump los republicanos sigan ganando elecciones?

En este artículo expongo que las “midterm” han sido mucho más positivas para los demócratas de lo que parece. Especialmente porque algunos de los resultados menos comentados favorecen un re-equilibrio de poder a largo plazo que hará más probable que los demócratas ganen elecciones en el futuro.

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Los tribunales de cuentas: una institución con mucho potencial contra la corrupción

Cualquier cargo público está expuesto a la tentación de corromperse, es decir, de obtener un beneficio privado a partir del ejercicio de su responsabilidad pública. Este beneficio puede tomar la forma de una comisión ilegal a cambio de otorgar un contrato a una empresa, un apartamento gratis a cambio de dar una licencia de obra irregular, o directamente dinero robado de la caja pública (a lo Luis Roldán[1]).

Ante esta tentación constante, se plantea el debate de cómo diseñar instituciones que disuadan a los políticos de involucrarse en corrupción. El objetivo es que el político concluya que “la corrupción no merece la pena”. Para ello son necesarios dos mecanismos complementarios: transparencia y castigo. Transparencia para que los comportamientos ilícitos sean identificados. Castigo para que la corrupción tenga costes para el propio político.

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Cuotas de género y corrupción

Los niveles de corrupción en municipios españoles son, desde un punto de vista comparado, bastante notables. Acuerdos ilegales con promotores urbanísticos, comisiones ilegales en la construcción de rotondas faraónicas, favoritismo en la contratación, personal inflado. El recetario de la corrupción municipal en España es tan extenso que rivalizaría con la mismísima Simone Ortega.

Existen dos tipos de estrategias orientadas a combatir o, al menos, reducir los niveles de corrupción política. La primera de ellas es la rendición de cuentas. Esta estrategia asume que todos los políticos pueden ser tentados por la corrupción. La manera de evitar que lo hagan es creando mecanismos de castigo en caso de que decidan hacerlo. El objetivo es que la amenaza de ese castigo haga que los políticos decidan no corromperse porque “ no les merece la pena”. Para que la rendición de cuentas funcione son necesarios (a) Transparencia, es decir, que el político que se corrompe sea detectado, y  (b) que una vez que la información sobre corrupción es conocida, que haya mecanismos de castigo disuasorio, sin sesgos políticos. La segunda estrategia presupone que no todos los políticos son iguales y, por tanto, busca generar mecanismos de selección de la élite política que haga emerger cuadros políticos más honestos y menos propensos a beneficiarse ilegalmente de lo público.

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Ya haremos dieta después de las elecciones

Quizá ustedes ya lo hayan notado. Aceras levantadas, instalación de farolas en las zonas más oscuras, calles cortadas para construir una nueva rotonda majestuosa, la promesa de un parque reluciente donde antes solo había un descampado... Una actividad acelerada se desarrolla en su municipio más cercano. Se acercan las elecciones.

Efectivamente, queda un año para las próximas elecciones municipales en España. Es precisamente en este periodo de tiempo cuando más visible se hace un fenómeno conocido en inglés como political budget cycle (ciclos políticos en la política presupuestaria). Se trata de un patrón de comportamiento de los gobiernos, potencialmente de todos los niveles, por el cual los políticos al mando actúan sobre la política fiscal para maximizar la probabilidad de volver a salir reelegidos. Estos ciclos suelen tomar la forma siguiente: Según se van acercando las elecciones, llega la bonanza fiscal. Rebajas de impuestos y tasas. Gasto en obras que se aceleran para inaugurarse unas semanas antes de los comicios. Para compensar estos excesos, después de las elecciones toca hacer dieta. Subidas de impuestos, parón en la obra pública. Es la época de vacas flacas en política fiscal.

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¿Por qué no castigamos la corrupción?

La corrupción política ha sido tema de portada en la mayoría de periódicos españoles de manera casi ininterrumpida durante las últimas semanas. El escándalo de los sobresueldos cobrados por miembros de la dirección nacional del PP se ha unido a una larga lista de casos de corrupción política destapados en los últimos años. De los EREs irregulares del gobierno andaluz a la presunta financiación ilegal de Convergencia i Unió, pasando por el caso Gürtel y los múltiples escándalos de corrupción a nivel municipal; los abusos de poder y el enriquecimiento ilícito por parte de nuestros representantes parecen extenderse por todos los niveles territoriales y partidos políticos. La percepción de la corrupción y el fraude como uno de los principales problemas de España ha sido documentada por Transparencia Internacional, cuyo último índice anual de corrupción sitúa a España entre Botswana y Estonia, lejos de la mayoría de países europeos.

Las causas de la persistencia de la corrupción en nuestras instituciones son múltiples. En nuestra opinión una de sus principales explicaciones se encuentra en la ausencia de un castigo en las urnas a aquellos representantes que incurren en comportamientos delictivos o, al menos, poco éticos. Evidencia de ello es que, en los dos últimos comicios locales, un elevado porcentaje de los alcaldes imputados en casos de corrupción fueron reelegidos: 70% en 2007 y 39% en 2011. A nivel autonómico, casos como los de la Comunidad Valenciana o Andalucía sugieren también que los votantes otorgan poco peso a la corrupción a la hora de decidir la orientación de su voto. Esta pauta contrasta con una visión normativa de la democracia en que esperaríamos que las elecciones sirvieran como mecanismo de control de políticos cuya actuación es perjudicial para sus votantes.

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