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Rommy Arce

Concejala del Ayuntamiento de Madrid con Ahora Madrid y militante de Anticapitalistas. 

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Con el BBVA o con la PAH

"Con su gesta invasora, el norte es el que ordena". Esta semana nos venía a la memoria este verso al calor de las declaraciones entusiastas de la alcaldesa Manuela Carmena o, incluso, de históricos líderes sindicales como José María Fidalgo que anunciaba que un proyecto como Madrid Nuevo Norte "civilizaba a los partidos políticos". Pero, ¿qué hay detrás de esta nueva gesta del capital financiero?

Parece importarle poco, a quienes se enorgullecen de haber "desatascado" Madrid Nuevo Norte, el que estas últimas semanas haya salido a la luz documentación que no deja lugar a dudas sobre el quebranto al patrimonio público y al interés general que supone la Operación Chamartín. Así, en el acta del Consejo de Administración de DUCH (antecesor de DCN, empresa participada por el BBVA y Constructora San José) del 2015 celebraban con entusiasmo el reparto del botín. Unas "extraordinarias mejoras e inmejorables ventajas" que se cifraban en facilidades de pago a 20 años, una sustancial rebaja del 26% en el coste de infraestructuras y los riesgos de la operación asumidos por el Estado para que, en última instancia, la banca no pierda nada en este suculento negocio.

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Qué hacemos en Madrid: una propuesta

Tiempos de monstruos en forma de ola reaccionaria y autoritarismo, de gobiernos débiles sin voluntad para enfrentar al neoliberalismo ni a los poderes financieros. Tiempos de desconciertos, miedos y dudas. Tiempos de crisis de proyecto de las izquierdas. Tiempos de colapso de todo un ciclo que despertó tantas esperanzas como desilusiones ha provocado. Y es que las tendencias de fondo nos van marcando un camino tortuoso frente al que no podemos desfallecer.

Revertir esta tendencia no va a ser producto de un mero movimiento audaz, sino de establecer y poner en práctica una política estratégica que aprenda de los errores y asuma las tareas ingentes y urgentes que tenemos por delante. Desorden económico, político, crisis ecológica y crisis de los cuidados en medio de una ola antifeminista y xenófoba que requieren de respuestas programáticas y de proyectos radicales y en ruptura con un sistema que nos lleva al colapso y al auge de los nuevos fascismos. Política con mayúsculas que, sin embargo, necesita solventar las cuestiones de la política concreta.

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Historia de una escalera

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera y económica, el sector español de la construcción de viviendas ha ido reinventándose. Por un lado, las constructoras buscaron refugio en lo público, nutriéndose de la privatización y/o externalización de sectores económicos como limpieza, zonas verdes, mantenimiento e incluso otros muy sensibles, que les eran totalmente ajenos, como la educación o la atención social. Y por si las deficiencias en estos servicios y peores condiciones laborales para los profesionales que en ellos trabajan fuera poco, en el otro lado nos encontramos a los promotores o comercializadores, que han virado su negocio hacia la "rehabilitación" de edificios para seguir especulando con lo que debería ser un derecho, la vivienda, mientras vecinos y vecinas son expulsados de sus barrios.

La historia que ahora nos ocupa: todos los afectados son legítimos inquilinos que pagan religiosamente sus alquileres en un edificio de la calle Fray Luis de León del distrito de Arganzuela. Los anteriores propietarios de esta escalera, mal que bien, sí mantuvieron sus responsabilidades con el cuidado del edificio. Hasta que vendieron el edificio y los vecinos y vecinas recibieron la primera comunicación de sus nuevos caseros. No era un saludo, ni una bienvenida; eran burofaxes invitando al desalojo de los apartamentos. Burofaxes dirigidos a personas con contratos legalmente en vigor (algo ilegal). Todos los vecinos han seguido pagando sus alquileres, pero es la empresa la que rechaza los pagos y se los devuelve. Si logra echar a los que pueden plantear pelea ya será muy fácil echar a quienes tienen más protección legal pero más debilidad física y social: 6 personas de hasta 96 años y sus familiares, con contratos de alquiler de renta antigua.

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Recuperar lo público sin perder en lo social

"De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste", gritaban desde el escenario de este segundo Vistalegre muchos de los que por allí pasaron, en un congreso que ha contado con un amplio protagonismo del mundo del trabajo. La apelación a las luchas laborales resonaba con fuerza dentro del palacio gracias a la voz de las trabajadoras de telemarketing, Coca Cola, Vodafone o Telemadrid, entre otras. Testigos y víctimas, todas ellas, de las reformas laborales del PPSOE y de la deslocalización, la subcontratación y las privatizaciones salvajes con las que el neoliberalismo ha ido convirtiendo los derechos laborales en papel mojado.

Sus reivindicaciones traspasaron los muros. En la calle, fuera del recinto, las trabajadoras del Centro Deportivo Municipal Moscardó apelaban a diputados, consejeros y concejales de Podemos para que transmitieran una demanda muy básica: si las privatizaciones fueron subastas al mejor postor que conllevaron sobrecostes para las cuentas públicas, precariedad para las trabajadoras y peor calidad de servicios para la ciudadanía, la remunicipalización de estos últimos no puede cargar sobre las espaldas de las trabajadoras.

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