Recuperar lo público sin perder en lo social
“De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste”, gritaban desde el escenario de este segundo Vistalegre muchos de los que por allí pasaron, en un congreso que ha contado con un amplio protagonismo del mundo del trabajo. La apelación a las luchas laborales resonaba con fuerza dentro del palacio gracias a la voz de las trabajadoras de telemarketing, Coca Cola, Vodafone o Telemadrid, entre otras. Testigos y víctimas, todas ellas, de las reformas laborales del PPSOE y de la deslocalización, la subcontratación y las privatizaciones salvajes con las que el neoliberalismo ha ido convirtiendo los derechos laborales en papel mojado.
Sus reivindicaciones traspasaron los muros. En la calle, fuera del recinto, las trabajadoras del Centro Deportivo Municipal Moscardó apelaban a diputados, consejeros y concejales de Podemos para que transmitieran una demanda muy básica: si las privatizaciones fueron subastas al mejor postor que conllevaron sobrecostes para las cuentas públicas, precariedad para las trabajadoras y peor calidad de servicios para la ciudadanía, la remunicipalización de estos últimos no puede cargar sobre las espaldas de las trabajadoras.
Remunicipalizar para crear más y mejor empleo, no para destruirlo
El paradigma neoliberal consiguió imponer el relato de la necesidad de recortes en el gasto público con la excusa de la deuda que soportan los ayuntamientos. Una deuda a la que los gobiernos municipales sometían a la gente, precisamente externalizando servicios contra informes del Tribunal de Cuentas que demostraban que la gestión indirecta no solo no era más eficaz o barata, sino que implicaba una sangría para las arcas públicas. Lo hemos visto en pequeños municipios como Ciempozuelos, donde el contrato para la recogida de residuos y limpieza viaria, firmado por el socialista Joaquín Tejeiro y fijado sin que la administración estableciera el precio del servicio, llegó a suponer un sobrecoste mayor del 580%. También fuera de la Comunidad de Madrid, en Cádiz, donde ya falta poco para que se municipalicen los servicios de playa una vez aprobada la memoria que certifica que la gestión directa supondrá ahorro y mejora de la calidad de los tres servicios y, no menos importante, de las condiciones de sus trabajadoras.
Porque la situación de las trabajadoras que prestan servicios públicos también se ha visto afectada por este relato neoliberal. Y no solo la de las trabajadoras de los servicios externalizados. El adelgazamiento del sector público a lo largo de las últimas décadas ha supuesto que actualmente este grupo de trabajadores sólo sume un 9% de la población empleada, frente a porcentajes de países europeos como Suecia que alcanzan el 25%.
En este contexto de deterioro del Estado de bienestar, el cual alcanzamos tras años de lucha sindical, los programas de las candidaturas del cambio aparecieron en el horizonte recogiendo como objetivos la recuperación progresiva de la gestión pública, la auditoría de los contratos y el establecimiento de sistemas de control y sanciones en caso de incumplimiento de contratos. Pero sin duda alguna, existía una gran premisa que debía ser transversal a todos estos puntos: la municipalización se llevaría a cabo equiparando progresivamente las condiciones de trabajo de las personas de los servicios recuperados a las mismas condiciones que el personal municipal.
Es este último objetivo del programa en torno al que se genera el debate abierto por los 37 trabajadores del Centro Deportivo Municipal Moscardó. Satisfechos con la remunicipalización de la piscina que hasta ahora el Centro Deportivo gestionaba, el pasado lunes se encerraron en la instalación para defender sus puestos de trabajo.
El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores reconoce que la recuperación de un servicio externalizado, siempre que estos sigan desempeñando en la Administración pública la misma función que anteriormente prestaban para la empresa privada, tiene que ir obligatoriamente unido a la subrogación de los trabajadores. De otro modo, si los contratos laborales se extinguieran, los trabajadores perjudicados tendrían plena facultad para reclamar ante los tribunales de justicia su derecho a ser subrogados por la Administración y obtener la consecuente indemnización por no haber conservado su empleo.
Y es que no hay por qué entender que el acceso al empleo público, regido por los principios de igualdad, mérito y capacidad, sea incompatible con la subrogación del personal que venía prestando un servicio municipal. Ayer conocíamos y celebrábamos la reciente municipalización del 010 por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y la subrogación de sus 14 empleados. El tesón del equipo de gobierno va a permitir que en apenas 15 días, las trabajadoras, que llevaban 20 años prestando el servicio en condiciones precarias, se incorporen a la plantilla del Consistorio, sin empresa municipal mediante y asumiendo directamente la gestión. Por supuesto, esto supone la ampliación de la plantilla municipal y una futura convocatoria de concurso público de estas plazas, pero ello no tendría que lesionar —como se suele decir metafóricamente en el sindicalismo — los derechos de los 14 trabajadores subrogados ni los del resto de empleados municipales.
Permitirles acceder al proceso de valoración de su capacitación por parte de la Administración pública, teniendo en cuenta sus méritos y experiencia, pero haciéndoles pasar por los mismos canales de acceso que al resto, supone congeniar los intereses de unos y otros, los mismos al fin y al cabo, en tanto que clase trabajadora. De otro modo, estaríamos cayendo en esa inercia que pretende enfrentar sectores de trabajadores y que solo beneficia a los de arriba; esa inercia que hace que estos días asistamos a la demonización de los estibadores por querer defender los derechos que tanto les ha costado conseguir.
Voluntad política frente a trabajadores desechables
La voluntad política de mantener los puestos de trabajo es, en última instancia, la que determina luego la concreción jurídica que las administraciones tienen que tomar para defender a los trabajadores. Incluso en el supuesto de que el Ayuntamiento de Madrid disponga de medios propios con los que cubrir esos puestos de trabajo, la subrogación no sería ilegal sino coherente. No subrogar a unos trabajadores para sustituirlos luego por otros iría contra el sentido común. Vamos, desvestir un santo para vestir otro. La legalidad o ilegalidad simplemente vendrá dada por la forma que adopte el proceso de integración en cada caso concreto, pero no por el hecho de admitir la incorporación de esta plantilla de 37 trabajadores a través de los cauces que sean necesarios: contrato indefinido no fijo hasta convocatoria pública, interinidad hasta convocatoria de concurso, etc.
Los ayuntamientos del cambio no pueden adoptar las mismas lógicas de mercantilización del trabajo que las anteriores corporaciones del PPSOE. Tenemos que desterrar la manera en que aquellos equipos veían a los trabajadores: un bien, una mercancía, desechable, intercambiable uno por otra, sin importar lo que hay detrás de ellos: familias e hijos que mantener, hipotecas que pagar...Si otros pequeños ayuntamientos están dando la batalla contra enormes deudas que les atan de pies y manos, el Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con un superávit que le ha permitido aprobar una inversión en servicios públicos del 22% en los presupuestos de 2017, tiene la obligación moral de pelear también en esta arena. Porque recuperar servicios para los vecinos y vecinas pasa por garantizar el empleo de quienes ya lo tenían y crear nuevos puestos estables y dignos para los que hasta ahora desempeñaban labores precarias. Devolver la soberanía de los bienes comunes al pueblo pasa por ponerse del lado de las trabajadoras si lo que queremos es revertir por completo el proceso de acumulación por desposesión que venimos padeciendo durante los últimos años
