Un novio con una dote de cuatro millones

Casarse hacia arriba es una expresión que existía antes para definir el salto económico que daba un cónyuge cuando contraía matrimonio con una persona de estatus económico o social superior. Creo que ya se utiliza menos. Antes, lo más habitual es que quien se casara hacia arriba fuera una mujer. Había muchos más hombres con dinero. Mucho antes, existía la dote, un dinero, en efectivo o en especie, que la familia de la novia abonaba a la nueva pareja o a la familia del novio. Se supone que servía para compensar a la novia por la pérdida de los derechos económicos que hubiera podido tener en su familia. En muchos casos, era un ingreso que se quedaba la familia del novio por dar luz verde al casamiento.

Cuánto hemos avanzado desde entonces. Con el caso de Alberto González Amador, el salto hacia arriba gracias a su relación de pareja con Isabel Díaz Ayuso es espectacular. Una de las grandes decisiones de su trayectoria profesional. Esto no se estudia en las escuelas de negocios, pero lo mismo deberían dedicarle un apartado en el programa docente. Alguna asignatura que se llamara: “Emprendimiento y amor: ganancias patrimoniales tras la decadencia del concepto de amor romántico”. 

En su declaración como testigo en el juicio del fiscal general, Amador ofreció una actuación dramática y hasta lacrimógena —pensemos en Meryl Streep en 'La mujer del teniente francés'— con la intención de presentarse como víctima de una abyecta conspiración. Afirmó que le habían presentado como “el delincuente confeso del Reino de España”. Acabó en lo más alto y dijo que solo le quedaban dos alternativas: “O me voy de España o me suicido”. 

Más allá del hecho de que los usuarios de un Maserati raramente optan por la segunda opción, el dilema carecía de sentido. Cómo iba a elegir salidas tan trágicas si se había hecho millonario, si estaba facturando casi al nivel de Shakira (y con la misma mentalidad sobre la necesidad de cumplir con las obligaciones fiscales). 

Gracias a este diario, esta semana hemos sabido que las dos empresas de Amador facturaron 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 (la primera noticia de su relación con Ayuso es de mayo de 2021). Aparece en un informe de la Agencia Tributaria incorporado a un procedimiento judicial. La agencia estaba obligada a enviar al juez estos datos junto a la petición de que certifique que no puede seguir investigando a Amador, porque ya existe una investigación en su juzgado. La ley le impide hacerlo por su cuenta sin el permiso del juez. 

Hemos contado también que el novio de Ayuso multiplicó por siete sus ingresos procedentes de Quirón tras iniciar su relación con la presidenta. El Grupo Quirón es el principal beneficiario de la política de privatización sanitaria puesta en marcha por el Gobierno de Ayuso. En los negocios de Amador con esa empresa es clave su relación con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, incluido el negocio que le permitió al novio de Ayuso ingresar 1,9 millones por la venta de mascarillas en 2020.

Después, Amador compró a la esposa de Camino una sociedad llamada Círculo Belleza de muy escasa actividad con una facturación anual anterior de unos 30.000 euros. Le cambió de nombre en uno de los grandes saltos del 'branding' en el campo del marketing. Pasó a ser Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering. Mucho mejor, sin duda. Qué empresa de cualquier lugar del mundo se negaría a extender una factura improbable a una compañía con un nombre tan fantástico.

Precio de compra: 500.000 euros. Si el precio te parece excesivo, no es que seas un tacaño. Esa compra se está investigando ahora en los tribunales por las sospechas de que se tratara de un soborno o el pago por los servicios prestados.

Preguntaron a Miguel Tellado el viernes qué le parecían estos números. Son cifras muy superiores a las que se manejan en la investigación que afecta a Zapatero. Ya sabíamos que el número dos del PP no se iba a atrever a criticar a Ayuso. Nadie quiere en el PP acabar como Pablo Casado. Tellado prefirió negar la evidencia: “Es una cuestión personal que en nada afecta a Isabel Díaz Ayuso porque no afecta a la Administración que dirige”. Eso supone ignorar la relación económica que existe entre el Gobierno madrileño y el Grupo Quirón. Y, lo que es más sugerente, exige olvidarse que ella misma, en su calidad de presidenta de Madrid, asumió personalmente la defensa de los intereses económicos y judiciales de su novio al afirmar que todo era una conspiración de “los poderes del Estado” y que incluso Hacienda le debía dinero a él (morro nivel XXL).

A eso se dedicó Miguel Ángel Rodríguez desde el primer momento. El jefe de gabinete de la presidenta es el arquitecto de sus estrategias y quien se ocupa de plasmarlas en la realidad. Como vimos en el asunto del fiscal general, filtrando información falsa a los medios de su cuerda. O lanzándose como una hidra contra los medios que critican a la jefa. Cuando supo de ese informe que revelaba los inmensos beneficios obtenidos por Amador, dio a El País su opinión sobre los responsables: “De la Agencia Tributaria, que debería ser dinamitada”.

Tranquilos, no pasará nada. Ningún comando yihadista de Nuevas Generaciones pondrá explosivos en la Agencia Tributaria ni Nacho Cano dará un concierto frente a la sede para exigir su eliminación. El PP no denunciará a Rodríguez ni considerará que sus amenazas son un peligro para el Estado de Derecho o las instituciones democráticas. Tampoco la prensa de derechas que afirma que el Gobierno ataca a la Constitución y la independencia judicial afirmará que la dinamita que Rodríguez quiere utilizar interfiere en la labor de los funcionarios que se ocupan de combatir el fraude fiscal. Se juegan mucho dinero público procedente de la Comunidad de Madrid como para atreverse a tanto. Ellos dicen que hacen su trabajo para fiscalizar al poder y ya sabemos que Díaz Ayuso no tiene más poder que el del presidente de una comunidad de vecinos.

Peinado, una mancha para la justicia

Era previsible que el juez Juan Carlos Peinado finalizara su instrucción del caso de Begoña Gómez con un fin de fiesta espectacular. Uno de esos en los que los protagonistas están muy pasados de rosca después de consumir grandes cantidades de alcohol. El lunes, comunicó a Gómez que va a juicio con una solicitud de penas superior a la de homicidio. El viernes, abrió una pieza separada en la que le imputó más delitos por un caso que no tiene nada que ver con ella. Horas después, tuvo que rectificar.

El sábado, fue la traca final. Ordenó que la esposa del presidente del Gobierno entregue su pasaporte y le obligó a pasar por su juzgado cada quince días. Lo justificó por el riesgo de fuga, pero resultó que tardó cinco días en tomar la decisión. Nunca se ha visto algo parecido en un juzgado. Cuando existe tal riesgo, un juez no permite que el acusado salga del juzgado para decretar la medida. No sea que se fugue.

Como siempre con Peinado, son sus autos los que delatan sus prejuicios y sus delirios. Gómez cuenta con escolta policial, como todas las esposas de los presidentes. En el texto, afirma que “lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”. 

No es frecuente que un juez diga por escrito que es probable que unos policías cometan un delito antes de haberlo cometido. Pero Peinado tiene respuestas para todo. En otro pasaje, sostiene que “la condición de actual Presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga”. Las comas están aquí donde aparecen en el auto.

Peinado no sabe escribir y sus escasos conocimientos jurídicos a la hora de redactar un auto le llevan a delatarse. Begoña Gómez se fugaría si contara con escoltas y también si no los tuviera, se supone que dejando a su marido en Moncloa y escondiéndose en algún lugar ignoto del planeta sin tratado de extradición con España. Es todo tan estúpido que es inaudito que esa instrucción haya llegado a este punto. O quizá no es inaudito, sino el colofón que se merece.

Todo en este caso es lamentable, sin pruebas que sustenten la catarata de delitos que penden sobre Gómez, y es una mancha que no se borrará fácilmente de la imagen de la Justicia en España. 

La conexión saudí de Zapatero

Después de conocer que había sido imputado, Zapatero anunció en un vídeo que iba a ejercer su “derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción”, y que además respondería a las preguntas de los medios de comunicación. Lo segundo tendrá que esperar y de lo primero ya hemos tenido esta semana el primer capítulo con su comparecencia ante el juez Calama. No era realista pensar que podía responder en poco más de dos horas a todas las cuestiones planteadas por el magistrado en su auto. La impresión general es que se limitó a negar las acusaciones sin aportar información nueva que pueda desmentirlas. Desde luego, no convenció a Calama, que es a fin de cuentas la persona más importante en estos momentos para Zapatero. 

No habló de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Dijo que necesita más tiempo para certificar su origen y los documentos que lo prueben. Lo que se sabe por lo que ha contado su entorno a TVE es que que el collar más caro fue un regalo del rey saudí Abdalá en 2007. Eso abre la vía a que la defensa alegue que los hechos están prescritos, pero no va a eliminar la mancha que supone para su reputación. 

Todos los presidentes reciben regalos, dijo el viernes Pedro Sánchez. No es una defensa muy convincente. No todos los presidentes se los llevan a casa después de abandonar Moncloa y los guardan en una caja fuerte. Recibir un regalo carísimo del rey saudí, el jefe de Estado de un régimen que es la antítesis de los valores que Zapatero ha defendido en su carrera política, y ocultarlo al fisco es sencillamente imperdonable y sus antiguos votantes deberían considerarlo una afrenta. No es muy distinto a lo que hizo Juan Carlos de Borbón. Lo único que cambia es el valor económico del presente. Con independencia del resultado final de la investigación judicial, Zapatero ya ha perdido.