La Tejita: otro ejemplo de especulación urbanística

No es llamativo que a estas alturas del siglo sigamos denunciando la especulación urbanística que sufren las islas Canarias, gracias a la complicidad de determinados partidos políticos, que han heredado todos los patrones de comportamiento que nos llevaron al desastre económico de 2008. Tampoco la presión medioambiental que sufre ese territorio, sobre el cual planean todo tipo de megaproyectos, que atentan contra un medio que debería estar protegido para su propia salvaguarda y para el disfrute común, bajo la regla del respeto a la Naturaleza.

Lo que sí es esperpéntico es que dos personas tengan que subirse a otras tantas grúas de una obra ilegal, más concretamente La Tejita Luxury Beach Club Resort, situada en la zona limítrofe del Espacio Natural Protegido de Montaña Roja (Granadilla, Tenerife), para solicitar su paralización, con el consiguiente riesgo para sus vidas. 

El Ayuntamiento de ese municipio aprobó este complejo a finales de 2015, gracias a la actuación del exalcalde socialista Jaime González Cejas, que fue imputado por prevaricación y que posteriormente sufrió una moción de censura, pasando la alcaldía a manos del Partido Popular, que también miró intencionadamente para otro lado en relación a lo que pasaba. El 28 de diciembre de 2018 el Consistorio le concedió a la entidad mercantil Construcción, Promoción y Derivados S.A., del Grupo Viqueira, la licencia de construcción, cuyas obras comenzaron en mayo de 2019, aunque quedaron posteriormente paralizadas por la presión ciudadana, ante lo que se consideraba como un evidente atentado ecológico. 

De nuevo, esa ciudadanía demostró que su conciencia de la defensa del territorio no se debía excepcionalmente a este hecho y a ese espacio en concreto, sino que hundía sus raíces en luchas desarrolladas décadas atrás y circunscritas al Archipiélago. El argumento siempre ha sido el mismo: denunciar que Canarias está abocada a un modelo turístico insostenible, basado en el consumo intensivo del suelo, la destrucción de los entornos naturales que configuran la idiosincracia geográfica insular, la sobreexplotación de segundas residencias y la alteración de los ecosistemas, entre otros factores. 

Aun así, las empresas constructoras demuestran que actúan al margen de la ley y la vinculada a este complejo urbanístico de Granadilla de Abona ha reactivado su intervención en ese espacio, ante los ojos de todos los poderes públicos, lo cual evidencia quién manda realmente en nuestras Islas.  

La pregunta que debemos hacernos es a cuántas grúas nos tendremos que subir para poner fin a este entramado especulativo y corrupto, que permite la comercialización de suelo insular para favorecer un modelo de explotación turístico y residencial agresivo, destructivo y justificado en la masificación y el fuerte poder adquisitivo. 

A muchos cargos públicos solo les interesa el dinero relacionado con el consumo de sol y la playa, y continúan utilizando sus puestos para gestionar Canarias con un carácter privado. Cada cuatro años, nos piden que les votemos, presentándose con el cinismo de siempre, esgrimiendo la salvaguarda de nuestros intereses y aludiendo constantemente a la canariedad, el orgullo de vivir en una tierra que no tiene parangón alguno con otro lugar del mundo, sus endemismos y sus parajes naturales. Luego, una vez que les hemos confiado la potestad en sus manos y creyendo que así vivimos en una auténtica democracia, esos mismos cuatro años les garantizan el afianzamiento de redes clientelares, gestadas desde sus despachos y materializas en obras que se presentan como necesarias para el desarrollo social.

En realidad, son los poderes públicos los que se ponen al servicio de los poderes privados porque les interesa más beneficiar a estos últimos y obtener las correspondientes prebendas que trabajar por otra concepción de lo que verdaderamente sí es desarrollo social, acorde con las necesidades más perentorias de una ciudadanía que sigue inmersa en múltiples desequilibrios. Por eso, el patrimonio natural no les importa porque no tienen amor propio por su entorno, que por el contrario se presenta como una nueva oportunidad de lucro. El único afán que les mueve es el de la codicia y el enriquecimiento personal, a costa de entregar las Islas a los especuladores.

Tenerife se ha convertido en una isla rodeada de muros de cemento, con urbanizaciones privadas, en las cuales incluso existe un derecho de admisión, con lo cual soy prisionero en la isla donde vivo. Recordemos que en la década de 1970 y parte de 1980 se construyeron numerosos complejos hoteleros ilegales a pie de costa y en zonas acantiladas, que son espacios naturales protegidos, con lo cual hemos privatizado y destruido conscientemente nuestro entorno, situación que no ha variado hasta la actualidad. 

Estamos hartos de esa propaganda en la que se excusan las promotoras y los poderes públicos a la hora de presentar una nueva construcción hotelera, basada en que creará más puestos de trabajos, directos e indirectos, en la economía tinerfeña. En realidad, lo que necesitamos es una reestructuración del sector existente para desarrollar un turismo respetuoso con el medioambiente y destinar suelo a viviendas sociales, siempre dentro de una planificación coherente.

En este marco, el grupo Viqueira es otro depredador de terreno costero y se caracteriza por utilizar los recursos de este último como reclamo para favorecer espacios privados. Construcción, Promoción y Derivados comenzó a operar en 1981, realizando una obra en Vigo (Galicia). No obstante, su crecimiento se produjo en 2000, dentro del proceso de la burbuja inmobiliaria, momento en que adquirió una importante cantidad de suelo en Tenerife.

 A diferencia de lo que realiza en la Península, se ha convertido en la principal promotora inmobiliaria en el campo de la inversión vacacional en Canarias, centrando sus objetivos en el sur de Tenerife, y no es casualidad. En concreto, en Granadilla de Abona compró gran cantidad de suelo, que construyendo edificios como el centro comercial La Tejita Street Market y la Tejita Residencial, entendidos como las primeras piezas de un proyecto de grupos residenciales privados. A esto se le suma el complejo turístico Sotavento Beach Club en Costa Calma (Pájara, Fuerteventura), curiosamente también a pie de costa, justo en una playa que es un centro turístico por excelencia en esa Isla, sobre todo para los alemanes. 

Además, en 2016 adquirió un solar a escasos metros de la playa del Cabezo (Médano, Granadilla de Abona, Tenerife) para edificar otra urbanización privada de cuarenta y cuatro chalés, que procedía del chollo de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Por último, tampoco olvidemos su intervención en Amarilla Golf (San Miguel de Abona), delimitando así su inversión en un área concreta de Tenerife, correspondiente a dos municipios sureños, caracterizados por procesos de corrupción urbanística de sus respectivos ayuntamientos. 

La visión que tienen estas empresas de Canarias es la de una colonia, a la que vienen a traer su modelo de progreso, que le permite explotar los recursos de manera indiscriminada, a imagen y semejanza de lo que se hizo en su momento con la conquista de América. Los cómplices se amparan en siglas políticas y, ahora mismo, deberían allí, en la obra ilegal de La Tejita, explicando su decisión, dentro de su actuación corrupta. Pero no tienen valor. Por el contrario, hay dos personas, subidas a otras tantas grúas, exponiendo sus vidas para frenar esta situación, a sabiendas de que estas empresas continuarán expoliando nuestra tierra hasta que no cambie el modelo político y económico. Su acción es el punto y seguido a una larga lucha.