Políticos, empresarios, periodistas, maletines…

Se acaba de encender la primera luz roja y sonado la primera sirena de alarma. Sólo han pasado 48 horas desde que se pusiera en marcha la segunda etapa de la legislatura, la que marca el Gobierno en minoría de Fernando Clavijo. A poco más de una semana de su primera prueba de fuego parlamentaria en la que habrá de demostrar que 18 diputados de 60 son suficientes para la gesta que pretende el presidente de Canarias.

La señal de alarma la encienden los medios críticos con el sistema, los que no se resignan a un mal Gobierno, probablemente el peor Gobierno de la historia de la autonomía, y mira que era difícil superar aquellos en los que dejó su marchamo el fenecido José Manuel Soria. Les bastó al Diario de Avisos y a Canarias7 ponerle el micrófono delante a Asier Antona, presidente del PP canario, que se limitó declarar que la moción de censura no es descartable y que la única condición que impone es que sea él y sólo él el que presida el Ejecutivo resultante. Un hito que Antona coloca en el camino para empezar a negociar con quienes quieran sentarse a hablar de remover a Clavijo. Pero la confirmación al fin y al cabo de que si con el PSOE en el Gobierno la desconfianza provocaba inestabilidad, con Coalición Canaria en solitario, lo que reina es el caos más absoluto.

Clavijo llegó con la consigna nada disimulada de romper con el pasado. De hecho lo repitió el lunes en el solemne acto de toma de posesión de sus cuatro nuevos consejeros. Y la ruptura habría sido total si lo hubieran dejado, si no fuera porque algunos anclajes con ese pasado se lo impiden. Uno de ellos el nuevo consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, la voz de la conciencia que frena las ansias imperiales de Fernando Clavijo.

La ruptura con el pasado no es ni siquiera política, algo que ya parecería marciano tratándose del mismo partido que va camino de los 25 años de gobierno. Es un cambio de protagonistas del poder, el regreso de las veteranas oligarquías en sustitución del poder que emana de la soberanía popular. Manda la Ceoe de Tenerife, con José Carlos Francisco al frente, cortando las cabezas de aquellos que se salen del carril y no contribuyen al enaltecimiento del tradicional liderazgo. Manda el Círculo de Empresarios de Gran Canaria, que logra colocar al frente de la sanidad pública canaria a uno de los suyos, José Manuel Baltar, que ahora reduce a la consideración de chascarrillo su afirmación (ante los micrófonos de la Ser) de que él acabaría con las listas de espera con 13 millones en manos de las clínicas privadas.

Mandan los especuladores, que van camino de conseguir una Ley del Suelo a cuya filosofía se remite oportunamente el presidente Clavijo cada vez que se presenta un yacimiento aborigen o un informe técnico adverso a cualquier proyecto inversor, especialmente si el inversor está en la órbita. Esto con la Ley del Suelo aprobada no habría pasado, porque nos llevamos por delante el yacimiento, el palmeral, el sistema dunar y lo que haga falta, viene a decir el señor alcalde-presidente. Y mandan, cómo no, algunos medios de comunicación y algunos comentaristas radiofónicos, los que pusieron todo su empeño en acabar con la carrera política de Paulino Rivero al comprobar que era imposible lo que pedían: que se repusiera ese poder a esas oligarquías y que se permitiera una suerte de alternancia en los negocios que emanan del poder para que todos puedan estar satisfechos.

Barrilete, el ariete

“Tiznas”, le dijo la sartén al cazo. “Ustedes se quieren cargar al Gobierno”, clama desde su emisora ilegal el comentarista radiofónico. “Y lo hacen por intereses empresariales, no periodísticos”, completa la genialidad. Como si existiera a este lado del mundo alguna empresa periodística que no defienda sus intereses empresariales. “Es que a ustedes les va mal, están arruinados, y quieren que venga otro presidente que les garantice los contratos”, insiste. Tantos años de profesión y de perreta y todavía quiere hacer creer a sus oyentes (los que sean, que ni él lo sabe) en los pajaritos preñados.

Es el comentarista que un día llamó prevaricador al juez que quitó la razón al empresario Luis Bittini en su empeño, en estrecha colaboración con José Manuel Soria, de llevarse 102 millones de euros de la montaña de Tebeto. Paulino Rivero le quitó las competencias al ex ministro para que no pagara antes de pelear el asunto en los tribunales. Se les jodió el invento.

Es el comentarista que ahora defiende, también en pay per view, los intereses de los empresarios corruptos de Lanzarote, a los que sitúa como víctimas de las instituciones -pobrecitos míos- y de los jueces y fiscales que los han colocado en el banquillo.

Es el comentarista que sabe el color y el contenido de los maletines de Luisito que salen de Lanzarote rumbo a muy concretos despachos de la isla de Gran Canaria, algunos de ellos presuntamente blindados, para tratar de enderezar la debacle.

Pues sí, es verdad, algunos medios informativos quieren (queremos) que este Gobierno cambie. Es un mal Gobierno que está haciendo bueno a los peores, incluidos aquellos en los que José Manuel Soria desplegaba todas sus trapisondas y la persecución a los desafectos. Y lo hacen (lo hacemos) por motivaciones empresariales, claro que sí. No es romanticismo.

No le va a bastar a Barrilete el dinero público con el que el señor alcalde-presidente le nutre para montar su ansiado (y de momento frustrado) proyecto puntocom. Un proyecto empresarial, por cierto, al que no quieren contribuir sus tradicionales y muy generosos mecenas. No quieren que el disparate se extienda más allá de su restringido ámbito del espectro radioeléctrico.