El agua en Canarias tiene dueños: de aguatenientes a cámara insular

Infraestructuras para la extracción y conducción del agua en Canarias.

En Canarias, más de la mitad del agua que se consume proviene del subsuelo. Este recurso, escaso y valioso en las islas, tiene dueños privados y un mercado en el que se especula con su valor para su comercialización, por ejemplo, en el riego agrícola. A pesar de que la ley expone que “todas las aguas están subordinadas al interés general”, en el Archipiélago los pozos y galerías excavados en busca del líquido durante el siglo XX siguen en manos privadas, a las que antaño se denominaba aguatenientes y que, con el paso de los años, se agruparon en comunidades. En el caso de Tenerife (donde el 80% de los recursos hídricos provienen del subsuelo) se asociaron en la Cámara de Aguas para defender sus intereses y sus acciones. 

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La parte pública o el estado ha tratado de regularizar o proteger el recurso y ha entrado también en el mercado del agua a través de la desalación o ha creado los consejos insulares para garantizar su control. Sin embargo, los ecologistas critican que la normativa permite la sobreexplotación de los acuíferos al considerar que es laxa con los titulares de las infraestructuras que extraen el recuso y, a efectos prácticos, estima que los consejos insulares no imponen sanciones. En las islas se han ejecutado más de 6.000 obras para la captación de agua subterránea, pero casi el 30% están inactivos o secos.

El programa Informe Trópico de Televisión Canaria emitido este 13 de noviembre profundiza en la gestión del agua en Canarias y para comprender la situación actual, Antonio Macías, catedrático de Historia Económica Universidad de La Laguna, bucea en el pasado. “Cuando discutimos la propiedad del agua en Canarias tenemos que partir de un momento concreto: la conquista del Archipiélago. Toda el agua y la tierra era propiedad del rey, que determinó que el proceso de reparto y distribución fuera gratis, libre de cualquier carga. Y asignó tierra y agua de manera conjunta a los colonos”, pero “toda la tierra y el agua tenía que estar dedicada a la caña de azúcar”.

Cada vez se necesitaba más agua y entonces se inició un proceso de privatización de todos los nacientes y manantiales, según relata Macías. Con la primera ley importante de aguas en España de 1879 se permitió que todos los derechos preexistentes en torno al recurso se convirtieran en propiedad privada, dando origen al sistema actual. De forma paralela, en España tenía lugar la desamortización, es decir, las propiedades estatales y eclesiásticas se vendieron para obtener capital. Y entre esos bienes se incluyeron los subsuelos donde había agua. 

Es entonces cuando se dan las circunstancias propicias para que la iniciativa privada explotara las aguas subterráneas en las Islas. “Se crearon asociaciones de inversores, de accionistas, que formaron las comunidades de agua y para explotar los acuíferos, se hicieron galerías y, posteriormente, pozos”, detalla Macías, un escenario que motivó también un conflicto por las aguas “que es nuestra gerencia actual”.

Con el crecimiento de la población y el aumento de la demanda de agua, en las décadas de 1950 y 1960 “el esfuerzo inversor privado y, sobre todo, las posibilidades de obtener más agua del acuífero, llegaron a su límite”, señala Macías y se requirió la intervención del Estado, que implantó las primeras desoladoras en las Islas. Y en la actualidad, la nueva Ley de Aguas ha tratado de regular la explotación de los acuíferos para que se exploten de una manera racional.

En Canarias, el consumo anual (urbano, turístico, industrial y agrícola) supera los 500 hectómetros cúbicos (hm3), según datos de 2015 de la Dirección General de Aguas, y esta se cubre con un 58% de recursos subterráneos, un 32% de la desalinización (en torno a 200 hm3, aunque existe capacidad para 600) y el resto entre depuración/reutilización y presas o embalses. En este escenario, el portavoz de Ben Magec, Eugenio Reyes, advierte de de los riesgos que supone permitir que se siga profundizando en los pozos y esquilmar los acuíferos. Y en este punto critica la disposición transitoria tercera de la Ley de Aguas de 1990, a la que tilda de “fraude que desencadena todo el caos que tenemos”. 

En concreto, Reyes recuerda que el texto fija que los propietarios de pozos o galerías tienen la posibilidad de prorrogar su concesión durante 50 años, “pero se añade una cosa curiosa: manteniendo el caudal”. Es decir, que se les permite hacer todas las obras necesarias para extraer el recurso “hasta el día antes de que se acabe la concesión”. Esto, añade, entra en colisión con la ley estatal, que dice que si se cambian los procedimientos de extracción, inmediatamente las infraestructuras pasan a ser públicas.

Para Reyes, el problema también está en los consejos insulares, que son los garantes de de la ordenación, aprovechamiento, uso, gestión y también, encargados de imponer sanciones cuando se incumpla la normativa. “Son muy poco transparentes (…) y no se van a pelear con el vecino”, señala.

En el caso de Tenerife, Candelaria Martín, profesora de Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna, recuerda que en las últimas décadas el volumen de las reservas de agua del subsuelo en las isla “ha ido disminuyendo progresivamente” y, como ejemplo, expone que en la dorsal norteste, en la zona de La Esperanza, se estima que “en unos 500 metros desde los inicios de las extracciones hasta la actualidad”. Aunque se compensa en determinadas épocas con las recargas de precipitaciones, “la tendencia en general es negativa”.

Esto provoca que se extraigan “aguas mas antiguas, que llevan más tiempo en contacto con la roca, por lo tanto, están más mineralizadas y desde el punto de vista químico va empeorando. Y en los pozos, tienen que ir cada vez más profundo. Por tanto, deben invertir más energía en elevar el agua. Esto quiere decir que tenemos un agua más cara y de peor calidad”, explica Martín.

Por su parte, Patricia Pérez, vicepresidenta de la Cámara de Aguas de Tenerife, órgano de representación de los dueños de agua en la isla, defiende que la titularidad privada de las aguas “por economía y por sostenibilidad”. En este sentido, ahora que un metro cúbico de agua cuesta la mitad que en otras islas y “no se saca más de lo que se necesita”. Además, recuerda que le ley reconoce la titularidad privada de los acuíferos porque “es la que ha sacado a flote todas las reservas, de entorno a 1.800 kilómetros de aguas subterráneas, entre pozos y galerías” gracias “al ingenio de los tinerfeños”. 

Pérez recuerda que la Cámara nació en 1977 y están integradas todas las comunidades de agua, que a su vez están conformadas por unos 30.000 titulares. “Está super repartido”, indica Pérez, quien rechaza el término aguateniente porque lo considera “muy despectivo y desmesurado, no se ajusta en absoluto a la realidad”. Además, hace hincapié en que “en las galerías no se puede mover una sola piedra” sin la aprobación Consejo Insular de Aguas. “Estamos muy controlados por ellos, no podemos hacer nada sin sus autorizaciones”.

Sobre la polémica disposición transitoria tercera de la Ley de Aguas, Pérez replica que “para que sea inconstitucional, debe ser así declarada por el Tribunal Constitucional y esto no ha ocurrido”. Y a su juicio, los acuíferos no están siendo sobreexplotados, porque insiste en que “las únicas perforaciones que se pueden hacer son las que ya tienen permisos anteriores, que son muy pocas y con un control exhaustivo”.

¿La desalación es la solución?

En 1964 se instaló en Lanzarote la primera planta para uso urbano en Europa. Para esta isla y para Fuerteventura, la tecnología permitió cubrir la demanda de agua ante la escasez de recursos hídricos subterráneos. Además, Gilberto Martel, jefe del Departamento de Agua del Instituto Tecnológico de Canarias, destaca la importancia de que “el sector público se haya puesto las pilas para producir y aportar agua para equilibrar el mercado privado, que en algunos era especulativo”. En este sentido, junto a la depuración y reutilización, la desolación ha permitido contar con un precio regulado y estable “que ha contribuido que el mercado del agua subterránea haya tenido que regular a la baja”. 

Sin embargo, para Carlos Soler, docto ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en otras islas como La Gomera o El Hierro, donde hay más recursos subterráneos, la desolación supone introducir un agua “más cara y más contaminante”. Como ejemplo paradigmatico, expone la isla de El Hierro: “Hay tres veces más agua subterránea en excelente calidad que el agua que necesita toda la isla, ¿por qué desala?”.

En la Isla del Meridiano se ha declarado incluso la emergencia hídrica por sequía, al igual que ha ocurrido en La Gomera y en Fuerteventura. El portavoz del colectivo ecologista Ossinissa, Samuel Acosta, critica que el Cabildo toma esta decisión para instalar desoladoras “de manera inmediata, con una contratación rápida, sin una fiscalidad excesiva y para beneficiar a ciertas empresas relacionadas con este mundo”. Y advierte que la declaración de emergencia hídrica puede ser “un caballo de Troya para introducir nuevos problemas”, como por ejemplo que “la desalación pueda poner en un compromiso el futuro hídrico de esta isla, porque se abandonan otras propuestas más sotenibles, como la explotación del pozo de Los Padrones”.

Luis Fernando Martín, Gerente del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de El Hierro replica que las desoladoras son necesarias en la Isla para mantener “el buen estado de las masas de agua subterráneas. Explica que la declaración de emergencia hídrica se ha debido ”a la escasez de precipitaciones y por otro lado, la circunstancia añadida de un retraso en una obra importante para el almacenamiento: la balsa de Frontera“. En este sentido, abunda que El Hierro es la isla de la provincia occidental donde menos llueve y en los últimos años ha aumentado la demanda por el turismo y por las mejoras en el nivel de vida de la población, de 11.000 habitantes.

“Pretendemos garantizar el agua, principalmente a través de los acuíferos; de hecho, estamos investigando si podemos explotar más agua subterránea, pero siempre con el equilibrio para que nuestras masas de agua sigan en buen estado”, señala Martín, quien resalta la importancia de las desoladoras para garantizar el suministro si diminuyen la que procede de pozos o galerías. “Una planta desaladora estará ahí para cuando haga falta ponerla en marcha”, añade.

Sin embargo, para el portavoz de Ben Magec esta manera de proceder no soluciona el problema del agua en las Islas “Yo puedo tener emergencia de agua, desalo más y se acabó la emergencia. Pero si periódicamente tengo emergencias, estoy avanzando hacia un colapso y necesito una estrategia más amplia”. Así, aboga por crear un marco jurídico para abordar la situación apostando por restaurar el ciclo ecológico, es decir, “subir el acuífero a la superficie”, en lugar de continuar escarbando cada vez más profundo. 

“Estamos teniendo agua hasta a 100 metros de profundidad, por consiguiente, la vegetación no sobrevive en esas condiciones. El ejemplo lo tenemos con el incendio de la cumbre y nos centramos en buscar la causa, si fue un accidente o provocado, pero nos olvidamos de que el ciclo hidrológico no está funcionando. En verano, los pinos tiran mucha pinocha porque tienen estrés hidrico, porque no tiene agua cercana”, ilustra Reyes.

Para los expertos consultados en el programa de Informe Trópico, la base de la solución de haya en elaborar trabajos o estudios sobre los recursos hídricos en las Islas. “Lo primero que habría que hacer en todas las islas es hacer un balance hidrológico, que es lo que te da los recursos. Con el agua, lo que estamos haciendo, es meternos en la desalación de cabeza sin saber cuánta agua se puede extraer de acuíferos”, demanda Soler, a quien secunda Gilberto Martel: “Es importante el conocimiento, tener los datos, las investigaciones, es fundamental”.

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