El PRUG del Teide hace del Parque Nacional “un santuario del turista” con “impacto catastrófico” para el sector audiovisual, según el Clúster

El Clúster Audiovisual de Canarias ha solicitado la paralización inmediata del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, advirtiendo que su redacción actual convierte al Parque en un “santuario del turista” mientras “liquida la actividad” audiovisual, donde generará un “impacto catastrófico” en toda la industria del Archipiélago, al limitar, considerablemente, cualquier actividad del sector en “una localización crucial, estratégica e icónica del territorio”.

El sector audiovisual denuncia que el borrador, “el más restrictivo de España”, se ha redactado sin solicitar información y sin consensuar, con una total “falta de transparencia y gobernanza” y sin aportar informes técnicos o de impacto ambiental que justifiquen y motiven la prohibición de la actividad audiovisual.

Esta decisión, añade la organización, “contrasta frontalmente” con la consideración de “sector estratégico” que la propia industria recibió del Parlamento de Canarias (2009), del Cabildo de Tenerife (2018) – por unanimidad- y del propio Gobierno de Canarias (2024).

“Una industria estratégica con un impacto mínimo”

El Clúster defiende que la industria audiovisual es “una industria limpia que no contamina la tierra, el aire o el mar, ni el paisaje con instalaciones permanentes, y es un pilar clave en la diversificación económica de las islas, que supone ya el 3% del PIB de Canarias”. Siendo un sector que tanto aporta a la economía de las Islas, y de manera tan transversal, “cualquier limitación y restricción debería ser justificada al provocar un impacto negativo en nuestro entorno”. “Si analizamos su impacto en el Teide es estadísticamente insignificante”, subraya.

Según datos de la Tenerife Film Commission, el Parque Nacional del Teide recibió más de 5,2 millones de visitantes turísticos en 2024. En comparación, la actividad audiovisual representa una “fracción mínima” de esa afluencia (actualmente los rodajes en el Teide están ya regulados de cara a preservar el medioambiente):

La organización recuerda que en 2023, el año con mayor número de rodajes en Tenerife (193), una tercera parte (63) pasó por el Parque Nacional. Estos 63 rodajes movilizaron a 1.225 personas. Tomando este año récord (2023) como referencia (4.463.281 total de visitantes), el personal de rodajes (directo e indirecto) supuso tan solo el 0,027% del total de visitantes al Teide, expone el Clúster.

En noviembre de 2023 se comenzó a exigir un mes de antelación para solicitar permiso mediante instrucción para cualquier actividad audiovisual. Como consecuencia de ello desciende en un 10% la actividad del sector audiovisual en el Parque Nacional, añade la organización.

Actualmente, el audiovisual es el sector productivo sometido a mayor nivel de control en el Parque, asegura el Clúster. Las productoras, expone, deben solicitar permiso previo, entregar un seguro de responsabilidad civil y, para equipos de más de 50 personas, presentar una memoria completa que incluye un informe o declaración ambiental. El sector subraya que “no tiene constancia de la retención de la fianza en ninguna producción audiovisual”, por daños.

A modo de ejemplo, un spot de dos jornadas de filmación en el Teide, implica una inyección de 100.000,00 euros en nuestra economía. El 70% del presupuesto se consume en costes de personal y el 30% restante en empresas técnicas de alquiler de material, talento local, hoteles, autos de alquiler, servicios de buses, catering, seguridad, carpinteros, etcétera.

Tres años de silencio administrativo

El Clúster Audiovisual lamenta que este PRUG “prohíbe en lugar de preservar” y que haya gestado “de espaldas al sector”. “No existe ningún informe de impacto medioambiental que avale las limitaciones impuestas, se ha regulado de manera arbitraria sin fundamentos”.

“El Clúster Audiovisual lleva solicitando, en los últimos tres años, reuniones tanto con el Gobierno de Canarias, como con el Cabildo de Tenerife para poder construir una regulación conjunta que permita desarrollar la actividad audiovisual dentro de las máximas garantías de respeto al medioambiente. Lamentablemente, nunca hubo voluntad política”, señala la organización. “Hoy estamos ante una regulación que liquida la actividad en el principal icono natural de Tenerife”.

Sebastián Álvarez, vicepresidente del Clúster, socio fundador de la Tenerife Film Commission y CEO de Volcano Films, ha sido tajante: “El crecimiento del sector audiovisual debe ir de la mano de la sostenibilidad y del respeto a los ecosistemas. Pero el Gobierno no puede hablar de sector estratégico y, simultáneamente, plantear políticas que dinamiten y obstaculicen la actividad audiovisual”.

El sector pide diálogo y propone soluciones sostenibles

“La industria no busca una carta blanca, sino una regulación inteligente y coherente fundamentada en informes técnicos que combine la preservación con la actividad profesional. No hay nadie más interesado que el propio sector en conservar el lugar donde residimos, que es además imprescindible para nuestro trabajo”, señala.

Frente a la prohibición, el Clúster Audiovisual propone convertir a Canarias en un referente en rodajes sostenibles; para ello, cualquier regulación debe ir acompañada de un previo análisis técnico que fundamente las limitaciones y la viabilidad del desarrollo de una actividad dentro de unas ciertas restricciones, que vienen determinadas por un impacto, no por el criterio caprichoso de una institución.

Desde el Clúster se propone el pago de tasas específicas para rodajes en el Parque Nacional; destinar esa recaudación a reforzar las unidades de Medio Ambiente con técnicos que acompañen los rodajes; establecer la obligatoriedad de contratar un “eco-manager” en las producciones para garantizar las buenas prácticas; y crear un laboratorio de innovación en prácticas audiovisuales sostenibles en espacios naturales protegidos.

El sector pide la paralización del PRUG y la reconsideración de las medidas específicas que afectan a la industria, e insta al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife a “empezar a pensar de verdad, en un plan conjunto” que incluya, un análisis previo, un diálogo, la formación en sostenibilidad y la colaboración real entre las administraciones y los profesionales.