En busca del 'arca perdida' del PIL

22 de mayo de 2009. 21:00. La Guardia Civil redacta una extensa diligencia de informe a 60 horas de ejecutar el operativo de detenciones, entradas y registros a partir de la mañana del 25 de mayo, en el marco de la operación Unión. Sólo tres meses antes, por medio de una denuncia del empresario José Antonio Castellano García, a quien Matías Curbelo, hombre de confianza de Dimas Martín en el PIL, pide una comisión ilegal de 100.000 euros, la investigación ha decidido pinchar los teléfonos del fundador del Partido de Independientes de Lanzarote.

Y en sólo tres meses, la UCO acredita cinco cobros de comisiones ilegales relacionados con el Ayuntamiento de Arrecife, por medio también de los concejales confesos Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, siempre con la figura de Dimas Martín detrás. El líder histórico del PIL acaba de negarlo todo por medio de una carta-comunicado hecha publica en varios digitales de Lanzarote, pero la Guardia Civil tiene otra convicción: Dimas Martín Martín es la cúspide de una organización ilícita y por eso pide al juez desatar el operativo para acreditar de forma fehaciente, no el cobro en sí, sino el destino final de las comisiones recaudadas.

Y los investigadores dejan claro que pueden ser tres: los propios entes públicos que las recaudan, pasando a engrosar un “presupuesto B” o “caja B” del Ayuntamiento de Arrecife; la financiación ilegal del partido político fundado en su momento por Dimas Martín y al que pertenecen o están ligados la mayoría de los integrantes de la organización; o bien los propios componentes de la asociación ilícita.

El informe mantiene, que en función de cuál sea el destino final de las comisiones ilegales (caja B municipal, financiación ilegal del PIL o propio provecho), los hechos descritos que lleva a cabo la asociación ilícita dirigida por Dimas Martín (con Matías Curbelo, Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Dayrán Jesús Muñoz y Segundo Rodríguez) podrían ser constitutivos de cohecho, exacciones ilegales y tráfico de influencias.

Aún así, abunda en la misma diligencia de informe que parte de los integrantes de esta organización “están también implicados en la comisión de otros hechos delictivos, como son la manipulación de la redacción y adjudicación de planes generales, adjudicación ”a dedo“ de puestos de trabajo en organismos públicos, adopción de resoluciones injustas de distinto tipo para favorecer a familiares o personas políticamente afines, etc”.

Por eso, aunque no sea “tan grave” como cobrar comisiones, “la asociación debe tener un objeto aún más amplio, consistente en la creación de todo un sistema paralelo a través del cual, sobre la única base del enriquecimiento de los miembros de la organización, el favorecimiento de sus intereses y de sus relaciones, se adjudican contratos, se emplea a trabajadores, se conceden licencias, se consienten irregularidades,” y por tanto los delitos se ampliarían a prevaricación y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

Roles en la organización ilícita y confesiones ante el juez instructor

La diligencia de informe previa a las detenciones del 25 de mayo de 2009 detalla incluso los roles que juegan cada uno de los componentes de la presunta asociación ilícita para delinquir bajo investigación. Dimas Martín Martín “es la cúspide de la organización y el ”cerebro“ de ésta. Ejerce un ascendiente absoluto y total sobre el resto de miembros de la organización, todos los cuales consideran sin excepción que le deben su puesto político o cargo público al que fuera fundador del partido, motivo por el cual mantienen con él una total relación de subordinación, consultando con él cada paso que dan y atendiendo con prontitud todas sus órdenes, que son directamente ejecutivas en sí mismas”.

La investigación del caso Unión resalta que “pese a estar cumpliendo una condena que incluye, entre otras, una pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo o función pública, el nivel de control que ejerce Dimas Martín sobre todos los cargos públicos y responsables políticos del partido que fundara, va mucho más allá de una mera labor de dirección política, sino que Dimas Martín toma decisiones concretas y precisas sobre asuntos de índole administrativo que deberían ser de la competencia exclusiva de los correspondientes órganos municipales: redacción de Planes Generales de Ordenación Urbana, adjudicación de concursos públicos, contratación de trabajadores, libranza de órdenes de pago, etc.”.

Y sobre el cobro de comisiones ilegales la Guardia Civil señala en concreto, de Dimas Martín, que “se perfila no sólo como el destinatario final de las mismas, o una parte muy importante de ellas, sino también como el que da las órdenes e instrucciones precisas a los cargos públicos con capacidad de decisión, ya sea para que retrasen las órdenes de las deudas que los Ayuntamientos pudieran tener con los empresarios, como forma de forzar a estos al pago de las comisiones, ya sea influyendo sobre los mismos para que contraten los servicios de las empresas que pagan las comisiones”.

Del resto de miembros de la organización, la investigación concluye que Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, concejales del Plan General y de Urbanismo de Arrecife, serían los encargados de adoptar las decisiones administrativas indicadas por Dimas Martín. Incluso Ubaldo Becerra aparece también con “un cierto papel de facilitador y ha demostrado una cierta capacidad de negociación con el ”jefe“, en relación a los porcentajes de las comisiones” -rebajó de un 10 a un 8% la solicitada a Castellano, que se iba a cobrar aquella mañana del 25 de mayo, y por tanto también desencandenó el operativo-.

En cuanto a Matías Curbelo Luzardo, su rol sería de “recaudador”. Al no ocupar ningún cargo público y “como hombre de máxima confianza de Dimas Martín, es la persona que ”pone la cara“ y mantiene los contactos teléfonicos y entrevistas personales con los empresarios a los que se exigen comisiones ilegales. Informa puntualmente a Ubaldo y José Miguel y luego transmite sus instrucciones al empresario en cuestión”.

Dayrán Jesús Muñoz, de las Juventudes del PIL, desempeña “el rol de conseguidor” buscando empresarios que pudieran estar dispuestos al pago. En este caso, la investigación resalta una conversación de Dayran con Dimas, acerca de un empresario. El joven le dice al “jefe” el 31 de marzo de 2009: “Al final ayer le conseguí al hombre de sacarle dinero para, para el partido y ya lo gestiona usted”. Dimas le cortó de inmediato y le citó aparte, momentos antes de una reunión de cargos del PIL, “para tomar un café”.

Por último, de Segundo Rodríguez, ex alcalde de Tinajo y ex consejero del Cabildo por el PSC-PSOE, la Guardia Civil le incluye “como uno de los personajes de más reciente incorporación a esta trama”. En un rol intermedio entre “mero recaudador o intermediario”. Y una mayor capacidad de influencia que Dayran Jesús Muñoz. Se le relaciona directamente con un sólo cobro de Matías Curbelo.

Ante el juez instructor en sus respectivas declaraciones, todos, en mayor o menor medida a excepción de Dimas Martín que se negó a declarar, admitieron haber participado en una o varias acciones de las que describe la Guardia Civil. Del destino de la mayor parte del dinero, también casi todos apuntan suposiciones de que iba a parar a manos de Dimas.

En concreto, Ubaldo Becerra, arrepentido y decidido a colaborar con la Justicia, aseguró que Dimas Martín “no se metía en minucias” de pequeñas cantidades, pero apareció, con Matías Curbelo por delante, en la comisión de 95.000 euros exigida a Castellano García. Ubaldo, José Miguel y Matías iban a recibir cada uno de ellos 20.000 euros. Becerra supone que los 35.000 euros eran para Dimas. El dinero fue interceptado en una bolsa aquella histórica mañana del 25 de mayo por el operativo de la Guardia Civil. Y se sigue el rastro de otras cantidades confesadas por los detenidos...