Román Rodríguez quiere que el Gobierno pague el derribo de la embotelladora
El diputado de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez ha presentado una proposición no de ley que se espera debatir mañana en la Comisión parlamentaria de Medio Ambiente a través de la cual pide que el Gobierno habilite una partida de 100.000 euros para pagar el derribo de la embotelladora de Taguluche en Valle Gran Rey. El diputado recuerda que el Ayuntamiento ya ha sacado a concurso la convocatoria de obras para la demolición de la planta, sin embargo acto seguido apunta que “el coste económico de la demolición supone más del 5% del presupuesto anual de la Corporación municipal”.
Este hecho, según Rodríguez, genera graves problemas financieros “máxime en un contexto de crisis de ingresos de las corporaciones locales”. El diputado recuerda que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) tiene presupuestada una partida específica para “protección, restauración o mejora del territorio canario” que en su opinión pudiera utilizarse para ayudar a sufragar la reposición al estado original de la superficie ocupada ilegalmente por el edificio de la Envasadora según obliga la sentencia judicial.
El diputado recuerda que la mayoría política actual “nada tiene que ver con el grupo político que aprobó hace más de 15 años la construcción declarada ilegal”. En concreto, el visto bueno se otorgó en la década de los años 90 pero no fue hasta 2003 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó una sentencia en la que declaraba ilegal la obra, tras una denuncia de los vecinos. Lo cierto es que once años después todavía no se le ha dado cumplimiento a aquel fallo judicial, sobre todo por el coste del derribo que suma los 265.654,80 euros. “Dado lo elevado de la cuantía, para un municipio que cuenta con un presupuesto anual de alrededor de 5 millones de euros, el Ayuntamiento debe acudir a la concertación de una operación de préstamo a largo plazo, lo que requería definir las condiciones de tal operación crediticia, solicitar ofertas de las entidades bancarias radicadas en el municipio y la elección de las más beneficiosa”.
Ya en su momento los diputados del grupo mixto propusieron una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para este año con el fin de que se incluyera una partida específica de 100.000 euros destinada a financiar desde el Gobierno canario una parte de los gastos de demolición de la obra ilegal de la Embotelladora de Agua de Taguluche, enmienda que fue rechazada.
