Absueltos los promotores de La Bufona por la prescripción de los delitos

El Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife ha absuelto a los promotores de la urbanización de La Bufona. El arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro habían sido acusados de un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia por la construcción de chalés en suelo rústico en la capital de Lanzarote. La sentencia concluye que se ha extinguido la responsabilidad penal por la prescripción de los delitos. Sin embargo, la resolución aún no es firme, por lo que cabe recurso de apelación en un plazo de diez días.

El juicio de La Bufona se celebró el pasado mes de junio. En sus conclusiones, la Fiscalía acusó a los promotores de un delito contra la ordenación del territorio y retiró el delito de desobediencia, al no haber pruebas suficientes de que desoyeran una orden de paralización de los trabajos emitida en junio del año 2000 por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun). El Ministerio Público también solicitó la demolición de los chalés construidos sobre suelo rústico, entre los que está la casa de la presidenta del Parlamento canario, Astrid Pérez (PP).

El juez no considera acreditado que en el año 2000 se ejecutara por la administración el precinto de las obras, ni que se notificara la resolución de manera personal y expresa a los acusados. En sus hechos probados, la sentencia concluye que las obras se llevaron a cabo entre 1997 y el año 2000 y que todas las reformas que se hicieron con posterioridad fueron realizadas por los propietarios, ''no teniendo en ello participación alguna los acusados''. Durante el juicio, los propietarios de las viviendas, que declararon como responsables civiles subsidiarios, reconocieron estas obras.

Entre ellos estaba José Javier Balaguer, expareja de Astrid Pérez, presidenta del PP en Lanzarote y del Parlamento de Canarias. En 2005, ambos acondicionaron la parte trasera del chalet, pusieron suelo y una pérgola e hicieron una piscina. También elevaron el muro que cierra la parcela al norte ''por seguridad''.

Estas obras llevaron en 2013 a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (Apmun) a ordenar la demolición parcial del chalet en el que vive Astrid Pérez. La decisión, que nunca fue recurrida por la popular, es firme. La Agencia exigió derribar la piscina de 36,9 metros cuadrados y diferentes ampliaciones de la vivienda. Aun así, el inmueble sigue intacto.

Otro de los propietarios de una de las casas de La Bufona es el fiscal Miguel Pallarés, que ha sido coordinador de la Fiscalía en Lanzarote y portavoz nacional de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Pallarés no declaró durante el juicio, pero sí lo hizo su pareja, la abogada Delia Fernández. En representación de sí misma y de su marido, la letrada negó que tuvieran conocimiento de que había problemas con su casa hasta 2012. 

Fue ese año cuando la Apmun exigió la restitución de la legalidad por obras realizadas en su vivienda. En esta casa situada en el norte de la calle Chabusquillo también colocaron una pérgola e hicieron una piscina, para la que no pidieron licencia según la declaración de la abogada.  

Prescripción de los delitos

Durante la vista oral, al menos siete peritos declararon que La Bufona invade suelo rústico protegido. Aun así, la sentencia concluye que el delito contra la ordenación del territorio ha prescrito. ''Es claro que los delitos por los que se mantiene la acusación están prescritos, pues siendo el plazo de prescripción de tres años, han transcurrido más de seis años, estando extinguida la responsabilidad penal de los acusados'', reza el documento.

Caro y Echevarría ya fueron condenados en 2015 en el caso de La Bufona por un delito contra la ordenación del territorio. En julio de 2018, la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó repetir el juicio porque los propietarios de los chalés no habían sido citados a declarar como responsables civiles subsidiarios, limitando así sus oportunidades de participar en el juicio para evitar el derribo de sus casas.

Este caso ha estado marcado por los continuos retrasos, que hacen que llevara ya casi dos décadas vivo. En 2022, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se dirigió al Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife para pedirle explicaciones por estos retrasos. De esta manera, el promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces dio curso a una reclamación formulada por Murillo.

Los retrasos también determinaron las condenas del primer juicio en 2015. Las penas fueron rebajadas por las ''extraordinarias'' dilaciones indebidas que sufrió el proceso. Entre ellas, un retraso de 500 días por la pérdida y olvido de documentación por parte del fiscal de la causa, Carlos Fernández Seijo. 

Propiedad de los terrenos

La propiedad de los terrenos también fue protagonista durante el juicio. Aún así, no se hace mención a ella en la sentencia. La familia Murillo fue quien denunció el caso, asegurando que eran los titulares de los terrenos donde se construyeron algunas de las viviendas. Gonzalo Murillo declaró como testigo en el juicio, aseverando que sus parcelas habían sido invadidas por completo por La Bufona.

Murillo recordó que fue el presidente de una urbanización cercana el que informó a su padre de que se estaban realizando movimientos de tierra en sus terrenos, sin que ellos hubieran dado ningún tipo de permiso. El denunciante declaró además que se realizaron modificaciones en el catastro de manera ''fraudulenta''.

En esta área del Ayuntamiento de Arrecife trabajaba el ya fallecido Francisco Carmona, que también fue acusado en esta causa. Tal y como publicó esta redacción, en 2016 la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda eliminó las 14 viviendas de La Bufona declaradas entonces ilegales. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias había anulado la inscripción de las casas en el Catastro a nombre de los compradores el mismo año que fueron condenados el constructor y el promotor.