Cien años de cuando los cabildos rozaron su desaparición
Este 16 de marzo se cumplen 113 años de la constitución de los cabildos insulares, creados por Ley de 1912 y puestos en marcha en 1913. Hoy forman parte indiscutible del paisaje político canario, pero cuesta imaginar hasta qué punto su existencia estuvo en entredicho apenas una década después de nacer. Hace un siglo, en los años centrales de la dictadura de Primo de Rivera, Canarias vivió uno de esos momentos en que su estructura institucional volvió a ponerse patas arriba, y los cabildos rozaron su desaparición. La Diputación Provincial de Canarias llevaba años dando señales de agotamiento: la misma, en 1924, reconocía que no había podido funcionar con normalidad desde 1913. En paralelo, desde Gran Canaria se insistía en que la autonomía insular solo sería real si se suprimía ese “inútil organismo” que, desde hacía décadas, era escenario de rivalidades y recelos.
El Directorio Militar vio en esa debilidad una oportunidad para rediseñar la administración canaria. Pero la idea de disolver los cabildos –especialmente los de las islas menores– generó inquietud en varias islas. Los rumores de una reforma profunda, que podía barrer de un plumazo las instituciones insulares creadas en 1912, encendieron las alarmas. El Ministerio de la Gobernación decidió entonces un movimiento calculado: disolver provisionalmente los cabildos, pero pedir a sus presidentes una memoria sobre cómo reorganizar su régimen administrativo y económico. La jugada buscaba tantear el terreno y medir resistencias.
Las memorias fueron claras y mayoritariamente coincidentes (José López y Martín-Romero lideró la de La Palma): conservar los cabildos, reforzando su personalidad y su hacienda, crear una mancomunidad interinsular voluntaria para coordinar servicios, suprimir la Diputación Provincial, cuyas funciones ya ejercían los cabildos (planteamiento del que se desmarcaron Tenerife y Fuerteventura) y subordinar los delegados del gobierno al poder central evitando duplicidades. El mensaje era inequívoco: los cabildos eran ya el corazón del autogobierno insular y no estaban dispuestos a renunciar a ello.
En este contexto, una delegación palmera de próceres residentes en Madrid –Pedro Pérez Díaz, Pedro Poggio y León de las Casas–, que actuó también en representación de otras islas como La Gomera, logró entrevistarse con José Calvo Sotelo, entonces director general de Administración. El futuro ministro de Hacienda no ocultaba su intención de suprimir los cabildos de las islas menores, cuyos presupuestos consideraba demasiado exiguos y absorbidos por el gasto de personal. Los comisionados palmeros defendieron con firmeza que los servicios de beneficencia y enseñanza debían seguir en manos del cabildo, y que ninguna isla debía perder su institución insular. Aquella defensa, hoy casi olvidada, fue decisiva para que La Palma y el resto de las islas menores conservaran su cabildo. Quizá sea buen momento para homenajear a aquellos tres representantes, y añadir al propio José López y Martín-Romero.
Finalmente, el 20 de marzo de 1925, el Estatuto Provincial de Calvo Sotelo certificó la muerte de la Diputación Provincial. El preámbulo no dejaba lugar a dudas: era un “organismo sin vida real ni funcionamiento eficiente”, incapaz de superar las rivalidades interinsulares. En su lugar se creó una mancomunidad interinsular obligatoria, formada por un representante de cada cabildo. Su misión era coordinar servicios, repartir cargas y, en palabras del propio Estatuto, “amansar las encrespadas pasiones locales”. La sede se fijó en Santa Cruz de Tenerife y su primer presidente fue el palmero José López y Martín-Romero. Pero el intento de armonizar el pleito insular duró poco. En septiembre de 1925, el Cabildo de Gran Canaria, aunque con reticencias del de la isla de Lanzarote, impulsó una mancomunidad voluntaria con las islas orientales, gesto que evidenciaba que la desconfianza seguía intacta. El proyecto unificador volvía a naufragar.
Pese a ello, el Estatuto de 1925 fortaleció a los cabildos: les otorgó las funciones y obligaciones de las diputaciones provinciales y les aplicó su régimen organizativo. En la práctica, cada isla pasó a funcionar como una pequeña provincia, y cada cabildo como una diputación. Era, en el fondo, la idea que Pérez Díaz había defendido desde 1906. Los cabildos quedaron compuestos por consejeros directos y corporativos, elegidos como los diputados provinciales. Su número variaba según la isla: 14 en Tenerife y Gran Canaria, 12 en La Palma, 10 en La Gomera y Lanzarote, 8 en Fuerteventura y 6 en El Hierro.
Apenas dos años después, el 21 de septiembre de 1927, el ministro Martínez Anido firmó el decreto que dividía Canarias en dos provincias. La medida, sorprendentemente, apenas generó contestación pública, aunque más por respeto (o temor) al régimen que por convicción. El decreto garantizó la continuidad de los cabildos insulares y mantuvo la Mancomunidad Interinsular, ahora como órgano representativo de cada provincia. En 1928 y 1929 se completó la nueva estructura administrativa, atribuyendo a las mancomunidades competencias sobre servicios interinsulares.
Hoy, cien años después, aquellos episodios siguen siendo una pieza clave para entender la Canarias actual. La supervivencia de los cabildos no fue un proceso natural ni inevitable: fue el resultado de tensiones políticas, negociaciones discretas y la defensa firme de las islas menores frente a un poder central que veía sus instituciones como prescindibles. Hoy, cuando los cabildos gestionan carreteras, servicios sociales, cultura, medio ambiente o transportes, conviene recordar que su existencia estuvo a punto de truncarse al poco de nacer. Y que, paradójicamente, fue una dictadura centralista la que, pese a sus primeras intenciones y gracias al desvelo de algunos de nuestros próceres, terminó consolidando el modelo insular que aún define la vida política y administrativa del Archipiélago.
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