Un jersey deteriorado y con mucho uso

En 1913, con 24 años de edad, llegó a Los Llanos el vallisoletano Salvador García Sanguino para tomar posesión del cargo de Administrador de Correos de la estafeta recién creada. Un municipio en el que se casó, tuvo 6 hijos, y participó en su vida social –fue presidente durante un año de la Sociedad de Instrucción y Recreo “Aridane”-, económica –secretario de la Sociedad Hidráulica “Peña de Oreb”, política –secretario de la Agrupación de Izquierda República desde abril de 1936- y cultural –corresponsal de la revista literaria y artística Hespérides-.

Maestro interino durante varios años, a partir de enero de 1930 figura en las nóminas del Ayuntamiento de Los Llanos como escribiente, dentro de los empleados de la secretaría. La destitución de García Sanguino como empleado público ejemplifica la total ausencia de garantías con la que las nuevas autoridades desmontaban la administración, en este caso la municipal, hasta entonces existente.

La Comisión Gestora del Ayuntamiento de Los Llanos, presidida por Enrique Mederos Lorenzo, acordó el 10 de septiembre de 1936 “dejar sin efecto el nombramiento de Temporero a favor de D. Salvador García Sanguino por la no asistencia a las oficinas.” Se da la circunstancia de que en ese momento se encontraba en la cárcel de Los Llanos, detenido por orden militar desde el 25 de agosto de ese año. Su militancia republicana y su participación entre el 18 y el 25 de julio en el mantenimiento de la legalidad republicana en la isla le costaron su trabajo y le condujeron a la cárcel.

Agustín José Benítez Rodríguez fue testigo y fedatario de los importantes cambios políticos que durante el primer tercio del siglo XX se produjeron en nuestro país durante los 30 años en los que ejerció como secretario del Ayuntamiento de Los Llanos (1906-1936): Del reinado de Alfonso XIII a la dictadura de Primo de Rivera. Del advenimiento de la Segunda República al Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y al inicio de la Guerra Civil.

La conocida como “justicia al revés”, impulsada por los golpistas y en la que se condenaba a quienes no se habían sublevado contra un régimen democrático, como era el de la Segunda República española, le llevó a ser acusado de cooperar con el “Bloque Popular” y de participar en el robo de dinamita durante la semana en la que en la isla no triunfó el golpe de Estado.

Fue detenido por orden de la autoridad militar en la cárcel de Los Llanos entre el 25 de agosto y el 5 de diciembre de 1936, y mientras se encontraba detenido y procesado por “presunto delito de rebelión” fue cesado por la Comandancia General de las Islas Canarias el 23 de noviembre de 1936. En 1937, en un Consejo de Guerra en Santa Cruz de Tenerife, fue condenado como responsable del delito de “auxilio a la rebelión” a doce años y un día de reclusión temporal e “inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.”

En el mes de julio de 1958, cuando habían pasado 22 años de su breve paso como médico de asistencia pública domiciliaria de Los Llanos, el ferrolano de nacimiento Guillermo García Leyra seguía estando en el punto de mira de la División de Investigación Social del Ministerio de la Gobernación, como se recoge en un oficio secreto enviado al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

Su simpatía por el republicanismo alonsista del Partido Republicano Palmero, su compromiso con el mantenimiento de la legalidad durante la conocida como Semana Roja, pero sobre todo su breve paso por la masonería, al ingresar en enero de 1936 en la Logia Abora de Santa Cruz de La Palma, le condujeron a años de cárcel, destierro e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público.

Detenido por orden militar en la cárcel de Los Llanos del 27 al 28 de julio y entre el 25 de agosto y el 24 de octubre de 1936, en la sesión de la Comisión Gestora del 31 de agosto “se dio cuenta de que el Médico interino de Asistencia Pública Domiciliaria Don Guillermo García Leyra, se encuentra detenido desde el veinticinco del corriente, por cuyo motivo se encuentra desatendido el servicio”. Fue condenado por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo el 27 de noviembre de 1941 “a la pena de doce años y un día de reclusión menor […] así como la de quedar separado definitivamente de cualquier cargo del Estado”. En 1943 el Consejo de Ministros le conmutó la pena por la de “seis años y un día de confinamiento”, que cumplió primero en Cáceres y luego en el municipio coruñés de Puentedeume.

Refugiado en el monte tras la llegada del Canalejas, el guardia municipal Nicolás Brito Brito fue cesado, al igual que otros dos policías, el 2 de agosto de 1936 mediante Decreto de Alcaldía al “abandonar el cargo y refugiarse en los montes de la Isla, al ser declarado el estado de Guerra, por el Movimiento Nacional.” Su mujer, Julia Amaro Brito, recogió la última nómina de una plaza a la que había accedido tres años antes.

Casi un año después del inicio de la Guerra Civil, “teniendo el jersey deteriorado y con mucho uso, y las demás ropas teniendo mucho uso” (Causa de la Auditoría de Guerra de Santa Cruz de Tenerife 288 de 1937) este joven de 30 años fue asesinado en el Barranco de los Frailes, en la Caldera de Taburiente, el 5 de junio de 1937, por una patrulla de guardias civiles y miembros de Falange y de Acción Ciudadana.

Las historias de Salvador, Agustín, Guillermo y Nicolás reflejan lo que sucedió en el Ayuntamiento de Llanos entre 1936 y 1937 donde, al menos, 11 de los 18 funcionarios y empleados municipales con los que contaba fueron sancionados y separados. Uno de ellos volvió a reincorporarse tras tres meses de sanción, otro fue asesinado y los otros nueve no volvieron a desempeñar cargo público alguno. ¿El motivo? Su simpatía, militancia y/o apoyo a las organizaciones que integraron el Frente Popular y su apoyo al Gobierno de la República entre el 18 y el 25 de julio de 1936.

Con el objetivo de comenzar a reparar el olvido que hemos tenido, durante más de cuarenta años, las diversas corporaciones del actual periodo democrático en Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane con ellos, el Pleno aprobó el pasado 30 de julio, por unanimidad, una moción de Izquierda Unida Canaria (IUC) para iniciar los trámites necesarios para reparar y reconocer al personal de este Ayuntamiento, y también a sus cargos políticos, que fueron destituidos de su puesto a partir del 25 de julio de 1936, con la caída de La Palma en manos de las fuerzas sublevadas contra la legalidad republicana.

A partir de esa fecha se desencadenó en la isla una brutal represión contra dirigentes políticos de los partidos políticos que apoyaban al Frente Popular, sindicalistas, trabajadores, empleados públicos y familiares de todos ellos. Muchos fueron asesinados en los montes de nuestra geografía donde huyeron y siguen sus cuerpos sin localizarse en fosas, otros fueron fusilados tras farsas de consejos de guerra, separados de sus puestos de trabajo público o privado, encarcelados, torturados, multados, exiliados. Seguimos estando en deuda con muchos de estos hombres y mujeres, también con sus familiares, que perdieron su vida, penaron cárcel o fueron expedientados por defender y apoyar aquellas ideas políticas que consideraban justas. Aunque hemos tardado demasiado en recordar y reivindicar su memoria, iniciativas como la aprobada contribuyen a construir un municipio más justo y con mayor conocimiento de su propia historia.